Nuestros foros políticos, quieras que no, van asumiendo un tono progresivamente preelectoral y una de las manifestaciones del cambio consiste en que ha empezado a hablarse más frecuentemente de la política económica del gobierno. El que los opositores estén en contra y los hombres del gobierno a favor no puede, naturalmente, constituirse en tema de comentario. Lo que a nosotros nos llama la atención al respecto son dos cosas, estrechamente vinculadas entre sí: la primera, que los juicios se viertan en forma compacta sobre la política económica como un todo monolítico, sin diferenciación alguna, de modo que todo está mal o todo está bien, según sea el que tiene la palabra; la segunda, que la única prueba que se ofrece de unas y otras valoraciones es el estado de la economía uruguaya, como si una buena política económica siempre rindiera buenos resultados y viceversa, como si no hubiera condicionantes mundiales y regionales, ni acontecimientos aleatorios.
Aparte de ayudar a los ciudadanos a concretar su intención electoral, la dialéctica política debe cumplir la función adicional de moldear la política del próximo gobierno bajo la mirada, y consiguiente influencia, de la opinión pública. De persistir el sesgo actual de nuestras arenas políticas, ello no se lograría. Los juicios que se oyen podrán o no lograr sus objetivos de transferir apoyo electoral de un bando a otro, pero no arrojan nueva luz sobre las decisiones que el nuevo gobierno deberá adoptar.
En nuestra opinión las sentencias sobre la política económica de la Administración Sanguinetti deben ser precedidas de una descripción analítica de sus componentes y de un intento de aislar sus consecuencias.
Pensamos que ofrecer ahora los lineamientos generales de esa tarea según nuestro punto de vista puede ser una contribución a la vida cívica de los uruguayos no exenta de utilidad.
Aunque con frecuencia ello se olvida, una política económica está hecha tanto de omisiones como de acciones, y tanto pueden ser las unas como las otras de positivo o negativo alcance. Para nosotros, algunos de los méritos principales del presente gobierno radican en cosas que pudo hacer —que en algún sentido fuerzas ínsitas en el contexto político nacional y regional le movían a hacer— y que sin embargo no hizo.
En primer lugar, no restableció el control de cambios. Desde 1931, cuando este sistema fue auspiciado por el Consejo Nacional de Administración con mayoría batllista, el control de cambios rigió con contadas interrupciones hasta 1974. La única interrupción relativamente larga fue consecuencia de la 2a. guerra mundial, y ella fue concluida, con tanta falta de fundamento como desastrosas consecuencias, bajo la presidencia de Don Tomás Berreta. Sólo durante la guerra de Corea las administraciones coloradas suspendieron el control de cambios, y ello sólo por un breve lapso. Al mismo tiempo, en América Latina la vigencia del control de cambios es casi universal. Por lo menos antes de conocerse la personalidad de los integrantes del equipo económico, la presunción de que la restauración democrático-batllista conduciría al restablecimiento de este sistema no habría parecido infundada. Para nosotros esta omisión del gobierno del Dr. Sanguinetti es su principal mérito.
Análogamente, la presente administración se abstuvo de reimplantar el control de precios en las zonas que habían sido liberadas durante el régimen militar, más bien continuó el proceso de remoción. El control de precios había regido en el Uruguay democrático desde 1947 prácticamente sin solución de continuidad. En materia de control de alquileres la restauración democrática sólo reportó la reimplantación plena de dicho sistema por un año. El evitar que las presiones generadas en esa dirección, que han sido y siguen siendo sumamente fuertes, alcanzaran mayor impacto también debe ser llevado al crédito de la actual administración. El control de alquileres había regido sin interrupción durante el régimen constitucional desde 1943.
Naturalmente, las que hemos llamado omisiones poseen una contrapartida del lado de las acciones. El control de cambios, el control de precios, el control de alquileres, y otras medidas por el estilo, no son más que tentativas de los gobiernos para evitar que los precios y el tipo de cambio reflejen plenamente la irresponsabilidad de sus políticas monetarias y fiscales, o bien para desinformar a la ciudadanía acerca de la verdadera causa del azote. Si un gobierno no quiere los controles, no tiene más remedio que querer la disciplina fiscal y monetaria. Si miramos las cosas desde este ángulo, el crédito que le dábamos al gobierno por abstenerse de lo malo se lo daríamos por haber cumplido con lo bueno. Desgraciadamente, este reconocimiento no puede dejar de ser más matizado.
Comencemos por reconocer que las autoridades actuales han demostrado una permanente preocupación por el tema fiscal y sus implicaciones monetarias. En dos Rendiciones de Cuentas el Presidente de la República estuvo dispuesto a enfrentar, vetos mediante, a los grupos de presión que habían obtenido créditos presupuestales desmedidos de un Parlamento que, como es tradicional en nuestro medio, representa muy bien a los funcionarios y absolutamente nada a los contribuyentes, y para el cual la estabilidad monetaria parece estar separada a cal y canto de sus decisiones. Como ya lo hemos señalado en esta misma página, la Rendición de Cuentas en trámite es en más de un sentido ejemplar. Y forma parte de un compromiso, asumido por el Presidente Sanguinetti, cuya trascendencia histórica también hemos destacado, de cortar la triste —y peligrosa— tradición uruguaya de hacer del año electoral un año de irrestricto manirrotismo gubernamental.
Dicho esto, no podemos ocultar nuestra desilusión con la forma sólo débil con que esta actitud básicamente sana ha sido llevada a la práctica. En el tema de la indexación de las pasividades, le vimos al gobierno arriar por dos veces una bandera a que esencialmente representaba los intereses del país en general y de los pasivos en particular (a quienes un sistema de indexación u otro no puede cambiarles la vida, pero la estabilidad de precios sí se la cambiaría). Y el esfuerzo fiscal del primer bienio de gobierno creemos haberlo visto aflojar apreciablemente a partir del año pasado.
En cierto sentido, lo que tenemos para reprochar al gobierno del Dr. Sanguinetti es su falta de ambición. A nuestro modo de ver, a fines de 1986 tenía una ancha avenida expedita hacia un tratamiento de choque que podría haberle quebrado la espina dorsal a la inflación. Las autoridades se contentaron con un gradualismo inconsistente con la gravedad del mal que sufrimos, casi como si no quisieran distanciarnos del todo del tenebroso contexto que al respecto representan nuestros vecinos.
Combinado con todo esto, pese a haberse jugado básicamente a la disciplina monetario-fiscal por el descarte de los controles directos, pero como si no quisiera jugarse del todo, como si el ejemplo de Hernán Cortés le fuera odioso, la administración se ha rodeado de secreto, dejando que la información económico-financiera al alcance del sector privado cayera por debajo de la disponible durante la dictadura. Actitud que en modo alguno es la que se espera de un gobierno dispuesto a todo para cumplir las metas a que se ha comprometido.
Si la falta de transparencia adoptada por el gobierno del Dr. Sanguinetti nos hace envidiar al glasnost soviético, su respeto reverencial por los totems del estatismo vernáculo nos hacen suspirar por la perestroika. La actividad oficial dirigida a mejorar la eficiencia de las empresas estatales, no digamos nada de privatizarlas, ha resultado prácticamente nula, con una reducción del despilfarro ferroviario, manifiestamente inferior a la que las circunstancias demandaban, como única realización tangible.
En realidad, en materias que alcancen a la estructura, aparte de la tal vez involuntaria estatización de la banca, el gobierno tiene sólo la ley de zonas francas para mostrar, cuyos méritos relativos no hacen sino recordarnos que se trata de un ersatz discutible respecto de la verdadera apertura y la verdadera desmonopolización que la República apremiante aguarda.
Este artículo ha mostrado nuestras aprobaciones y desaprobaciones, pero asimismo, por más que incipientemente, ha introducido una diferenciación de componentes en el pretendido monolito "política económica", capaz de suscitar una constelación totalmente diferente de aplausos y silbidos de la que a nosotros nos sugiere. Habrá quienes estén en contra del gobierno por gastar demasiado poco cuando nosotros lo vemos gastando demasiado, quienes desaprueben los vetos que nosotros ensalzamos, y ensalcen la omisión de vetar que nosotros criticamos, que estén contentos con el agrandamiento del sector público que este período está concretando, y añoren los controles no implantados. Lo importante, para la dialéctica democrática, es que lo digan, y todos declaren lo suyo, sin pretender que la política económica sea un todo compacto que sólo posibilita un juicio único y universal del valor.