"Las interpelaciones bien fundadas", escribía el ilustre jurista francés A. Esmein, "son el resorte más poderoso de nuestro gobierno parlamentario; pero las interpelaciones inútiles, frívolas, desquiciantes, son asimismo su flagelo". Pronunciadas en medio de la inestabilidad gubernamental de la 3ª República, con sus caídas de gabinetes reminiscentes del Grand Guignol, estas palabras deberían ser para los uruguayos de hoy en día una advertencia valiosa.
Los guerreros sioux y cherokees gustaban colgarse en el cinto las cabelleras de los enemigos que ultimaban. Los políticos uruguayos suelen considerar, análogamente, que exhibiendo algunas cabelleras de ministros realizan su prestigio y mejoran sus posibilidades electorales. Nosotros pensamos que la caza del ministro no es un deporte conveniente para el interés público, pero esa cuestión —la de si el sistema parlamentario nos conviene más que el presidencialista— no nos proponemos tratarla en esta ocasión. Nos basta con señalar que nuestra Constitución organiza esa actividad en manera que supone para los cazadores también un costo, ya que dan en el blanco con un tiro a distancia, el gran jefe puede diferir el pleito a la decisión del consejo de la tribu, y con eso no se salvan del combate cuerpo a cuerpo, que en definitiva es el que da a un guerrero derecho a lucir pilosos ornamentos.
Durante mucho tiempo las cosas no se entendieron así entre nosotros. La práctica de las interpelaciones comenzó bajo las Cartas de 1830 y 1917, cuando todavía no se había hecho el injerto parlamentarista de 1934. Los ministros estaban obligados a concurrir a Sala a dar explicaciones —en esto los constituyentes del '30 se habían apartado del modelo presidencialista norteamericano y de la sabiduría de Montesquieu— pero no estaban obligados a dimitir si se las rechazaban. De todos modos, dimitían. Impulsados —se decía, se dice— por sensibilidad política. En realidad lo que hacían, sin saberlo, era aplicar al Uruguay la Constitución de Francia.
El transplante, en efecto, es inequívoco. En Francia se comenzó a usar la palabra Interpellation bajo la Constitución de 1814, durante la restauración borbónica. La admisión plena de la institución data de la Constitución de 1871. Como decíamos, el origen no es dudoso, porque el otro gran país con régimen parlamentario, el creador del sistema, Gran Bretaña, la desconoce. En Westminster lo que hay es un question period semanal, en cuyo transcurso se tramita el equivalente de numerosas interpelaciones nuestras. Si nosotros hubiéramos copiado a Inglaterra, el Senador Zumarán habría dirigido una pregunta escrita al Ministro Zerbino. Este habría dado en Sala su respuesta verbal, inmediatamente después de la cual el Senador habría tenido derecho a una pregunta suplementaria. Respondida ésta, habría sido del arbitrio del Speaker Tarigo conceder una o más suplementarias adicionales, tanto al autor de la primera como a otros legisladores. Todo habría quedado comprimido en unos 5 a 10 minutos. Es cierto que se habría requerido de los participantes mayor concisión, pero es dudoso que hubiesen tenido que sacrificar partes medulares de sus exposiciones.
En el parlamento británico no se vota a favor ni en contra del gobierno durante el período de preguntas. La idea es que el Parlamento en este aspecto funciona como un foro para ilustrar a la nación. En cambio el gobierno cae cuando un proyecto suyo es rechazado. Por ejemplo, la falta de aprobación de los proyectos sobre ILPE o PLUNA habrían precipitado la renuncia del gabinete, en virtud de que demostraría la falta de base parlamentaria del gobierno.
Innecesario es aclararlo, los EE. UU. no tienen interpelaciones. Ni siquiera llamados a Sala con fines aclaratorios. Los Padres Fundadores prefirieron atenerse al consejo de Montesquieu, y de paso preservar el tiempo de sus administradores. Pero nosotros, como todos los latinoamericanos, hemos ido tras el ejemplo francés como los insectos hacía la luz que los obnubila. ¿Acaso no era su modelo el más progresista, el más democrático? ¡Al diablo con los resultados! Gocemos con sentirnos iluminados, hagamos que nos confundan con los más prestigiosos, y de las consecuencias ya nos ocuparemos algún día.
Es como escribía Luis Alberto de Herrera en 1910: "Es curioso que la opinión sudamericana parezca no advertir la enorme distancia que media entre sus ensueños democráticos y la realidad de su timbre republicano". Los modelos anglosajones serían más prácticos, pero, por ello mismo, y por su exagerado componente de prudencia, carecen del brillo que nosotros queremos y merecemos. ¡Vivan las interpelaciones!
Ahora bien, ¿qué ha estado pasando entretanto en la misma Francia? Pues que la 3ª República, tras el ignominioso revés de 1940, dejó su lugar a la 4ª, bajo cuya Constitución (de 1946) —cuya inminencia motivó la primera renuncia de de Gaulle, y que Paul Johnson llama "la peor constitución jamás infligida en una nación grande e inteligente"— las interpelaciones siguieron floreciendo, mientras la República zozobraba. El derecho de disolución de las cámaras en caso de censura estaba excluido durante la primera mitad de la legislatura, de modo que la caza de cabelleras ministeriales durante mucho tiempo podía hacerse a cero costo. Pero la 4ª República bajo ese régimen hizo crisis, y en el borde mismo de la guerra civil Charles de Gaulle fue llamado para salvar a la patria en peligro. Entre los frutos de su retorno está la Constitución de la 5ª República, vigente desde 1958, que eliminó las interpelaciones propiamente dichas y sólo permite el derecho de censura al gobierno en pleno, complementado con el derecho irrestricto del Presidente a la disolución parlamentaria.
De modo que el ejemplo francés en que nos inspiramos —la fórmula usada el viernes de madrugada es verbatim de las usadas en Francia durante la 3ª República— no es la Francia actual, sino un modelo que sus propios autores descartaron. He aquí un trasto viejo más de los muchos que el viento modernizador que hace tanto estamos esperando tendría que llevarse.
Hablando de modernización, más de una vez hemos dicho que el Presidente Sanguinetti, que llegó al poder con el compromiso de modernizar, arriesga marcharse con una deuda enorme con el país en ese rubro; pero ahora es de estricta justicia hacer constar nuestro reconocimiento de que su actitud, mantenida desde los primeros tiempos de su mandato, en el sentido de requerir de sus ministros interpelados que se desatiendan de todo pronunciamiento que no sea el previsto en los artículos 147 y 148 de la Constitución, no sólo es una contribución sumamente valiosa a la convivencia de los uruguayos, y a la consolidación de su incipiente organización institucional, sino que merece un asiento en el crédito de la cuenta que sobre modernización le llevamos, reduciendo un tanto el saldo en rojo a que hacíamos referencia.
Respecto del Ministro Zerbino, por más que nuestra posición ya sea manifiesta en función de lo que antecede, deseamos dejar constancia expresa de que, en nuestra opinión, no sólo no tiene que irse, sino que al no irse se hace acreedor a la gratitud de la República. No renunciar es un deber ético, y renunciar sería una debilidad, una concesión a convencionalismos caducos que urge dejar atrás.
De la tal sensibilidad política de que se ha dado en hablar nuevamente, y que supuestamente debería impulsar al Ministro hacia la dimisión, pensamos que no es sino otro nombre para la blandura característicamente uruguaya, el sentimiento que en la balanza ética hace pesar más la aprobación de los pares que los intereses genuinos del país.
Nuestra opinión no depende en ningún grado del sentir nacional, pero queremos también estampar nuestra convicción de que la interpelación de días atrás dio otro paso más en la peligrosa dirección del desprestigio de las instituciones, y que la caída de un ministro en función de un episodio que la ciudadanía en su enorme mayoría rectamente juzga incomprensible, no haría más que acentuar sus efectos deletéreos sobre nuestra estabilidad institucional.