El fracaso de las negociaciones para la venta del Banco Pan de Azúcar al Arlabank recientemente conocida no puede menos que suscitar viva preocupación en la ciudadanía. En efecto, la personalidad empresarial del potencial adquirente, total o principalmente pública, contando entre sus accionistas precisamente al dueño actual del Pan de Azúcar, hacía de él un candidato ideal para desembarazarnos de uno de las entidades compradas por el BROU en operaciones de salvataje. Si el Arlabank encontró que las condiciones que se le presentaban no eran realistas, las perspectivas de que aparezca otro interesado que se avenga a ellas deben considerarse remotas.
Aun cuando la información disponible al respecto sea seriamente fragmentaria, hay que temer que las negociaciones se hayan frustrado en razón de haberse pretendido vender la institución sin una previa depuración de su cartera y sin un previo redimensionamiento de su personal. Una cualquiera de esas dos operaciones preparatorias podría concebiblemente servir. Vendidas sin personal —y hablemos en plural ya que lo dicho del Pan de Azúcar, la más pequeña, se aplica a fortiori a las dos mayores— y por un precio no muy superior al valor de la cartera buena, el adquirente podría imputar ese sobreprecio a la licencia de banco, que es en realidad lo que está comprando, amortizar enseguida la cartera mala, y comenzar con una pequeña inversión y un pequeño personal hasta ver si las condiciones de la plaza justificaban una expansión. Vendidas con cartera depurada —lo que ahorra el costo de la depreciación recién mencionada— el adquirente podría dedicar los fondos así ahorrados a comprar renuncias de miembros del personal y comenzar luego la operación a escala razonable. Pero pretender que invierta en las dos cosas, o que traiga capital bastante para justificar el tamaño actual de las empresas, sencillamente no es realista desde el punto de vista económico.
Ahora bien, es imperativo preguntarse si cualquiera de las dos medidas habilitantes de una venta sería factible desde el punto de vista político. Por un lado se trataría de efectuar una compra de carteras por parte del República o del Central, algo que el folclore local ya proclamó una falta sin perdón, sólo imaginable bajo una dictadura. Por otro lado se trataría de enviar al seguro de paro a una parte del personal, lo cual, tratándose de empleados públicos y bancarios, también es declarado inadmisible por la subcultura uruguaya. Con lo que hay que concluir que la permanencia de ese conjunto de instituciones en el patrimonio nacional, junto con el déficit enorme que generan —para el Uruguay los 30-40 millones de dólares que como mínimo actualmente insumen al año lo son— y no sólo enorme sino, lo que es peor, creciente según una curva exponencial, sería ineluctable.
Es imperioso que los uruguayos tomemos conciencia de la universalidad del obstáculo de falta de viabilidad política respecto de cuanta medida exige la recuperación del país, más concretamente, la restauración de su capacidad a largo plazo de invertir y crecer normalmente, lo que según algo muy parecido a un consenso implica un redimensionamiento del Estado, la eliminación de sus bolsones de máxima ineficiencia, la reducción del déficit fiscal y —para decirlo en la jerga vernácula— "parafiscal", y la consiguiente caída de la inflación a niveles razonables, y la reinserción en nuestra sociedad de la largamente extinguida seguridad jurídica, es decir, el derecho de los individuos a reclamar eficazmente el cumplimiento de los contratos y la vigencia de la ley con alcance general sobre todas las personas e instituciones.
Obtener asentimiento para estas proposiciones, en el nivel de generalidad con que acaban de ser enunciadas, suele ser fácil en cualquier conversación. Descienda usted un escalón hacia la identificación de una medida concreta —trátese de privatizar algo, o de vender algún bien, o de afectar la estabilidad laboral de un funcionario público o bancario, o de instituir un procedimiento ejecutivo para el cobro de deudas que merezca el nombre de tal— y en seguida surge la objeción: no es factible políticamente.
Se da esto de curioso: que en el Uruguay acontecen incesantemente cosas innumerables, pero todas ellas trascurren sobre el plano político. Fuera de él no pasa nada. A Búsqueda no le alcanza el espacio para informar sobre las novedades políticas. ¿Qué pasaría si tuviéramos que atenernos a informar sobre nuevas empresas, nuevas inversiones, cambios estructurales introducidos por la política económica, privatizaciones en marcha, bancos devueltos al ámbito particular, modificaciones al procedimiento civil y criminal? Pues que nos sobraría con una edición anual de una página.
Esa esclerosis social, que nos viene de ser un país donde ya nunca más nada estructural cambia, donde ninguna reforma mayor es políticamente factible, va reclamando sus símbolos. Tenemos, por ejemplo, esa obra paralizada cruzando la calle de la casa de gobierno protocolar, donde el Presidente de la República recibe a los visitantes más ilustres, cruzando la Plaza Independencia de uno de los hoteles más importantes de la ciudad, donde muchos de los empresarios y eventuales inversores se hospedan. A todos los visitantes esa estructura de concreto, provista de su inseparable andamio, que ya habían encontrado la última vez, tantos o cuantos años atrás, les despierta una curiosidad sin límites. Con timidez, no sea que ella vaya a mal interpretarse adosándole una intención crítica, esa curiosidad se manifiesta en una pregunta inicial. Este articulista se sabe de memoria las respuestas que ha dado, que da, incontables veces. "Pues, mire usted, sí, ya lleva así varios años, no recuerdo bien cuántos... Pues en un primer momento se trató de agudas dificultades presupuestales... No, por supuesto, en este aspecto se ha mejorado, pero ocurre que esta estructura ha ido cambiando de destino, hubo de ser palacio de justicia, luego cambió a sede de los servicios burocráticos de la Presidencia de la República, últimamente se ha regresado a la intención original, y nunca se sabe muy bien cómo qué ha de terminarse... Además, como no se sabe si cuando el edificio se concluya tendremos aún el procedimiento escrito que nos legó nuestra madre España, a cuyos orígenes medievales hay muchos jurisconsultos apegados, o ya habremos dado el salto mortal hacia el procedimiento vanguardista, que dicen que es oral, y necesita salas de audiencia... Mire usted, señor, le veo muy interesado. Hay algo que he estado tratando de ocultarle, pero, en fin, ahí va: este país está enfermo. Sí, de esclerosis. Es una historia muy triste. ¿De veras quiere que se la cuente?"
Otros dos símbolos muy aptos son las dos cárceles de la zona urbana, hoy felizmente desafectadas de un uso que durante tantos años cumplieron tan mal, de modo realmente inhumano. Su desalojo fue algo feliz, consignémoslo, pero las enormes áreas que absorben sobre una zona donde la tierra vale, donde urgiría construir de nuevo encima para que la gente viviera allí, o trabajara, y los lúgubres ambientes vacíos que intuimos al pasar frente a ellas, la tristeza sin fin de sus perfiles, testigos elocuentes de tanto dolor antes y de tanta incapacidad de decidir ahora, son también sin duda válidos símbolos de la esclerosis que va adueñándose de nuestro cuerpo nacional.
Para los que prefieran símbolos más manuales sugerimos las sillas de costura, que podrán encontrar en los juzgados. Son muebles de patas recortadas, que harían imposible cumplir en ellas el uso natural de las sillas, con unos respaldos altísimos, como un asiento hecho para un gigante sin piernas. Se las usa para apilar los expedientes que esperan que un funcionario les cosa nuevas fojas... Quien repare que este empleo lo llenan sin solución de continuidad desde la Edad Media, admitirá en seguida que, como símbolo del apego inercial a lo perimido, rasgo prominente de nuestra tierra, las sillas de costura no están nada mal.
Urge tratar de vencer esta esclerosis antes de que gane dominio sobre todo el paciente. Dicen que es prematuro hablar este año de candidaturas, pero ciertamente no estaría mal ir sabiendo cómo los candidatos reales o presuntos piensan que este problema podría resolverse.