Siendo un país relativamente joven, el Uruguay posee no obstante la peculiaridad, y para muchos el privilegio, de poseer un par de los partidos más viejos del mundo. Su larga vida ha sido también ardua. Una historia sesquicentenaria nos los muestra cabalgando por las cuchillas, portando lanza o carabina, subiendo a tribunas incontables, visitando ranchos sin fin y mateando con sus residentes, publicando diarios, redactando manifiestos, sufriendo la prisión y el exilio, acarreando votantes, comiendo asados, subiendo al poder y descendiendo del poder, sentados en los escaños del Parlamento, difundiendo desde allí su verba, ondas hertzianas mediante, a todos los rincones del país, apareciendo infatigablemente en televisión... Y, en forma paralela, indetectiblemente, ya se tratase de conseguir armas o vituallas, vehículos o locales, altoparlantes o imprentas, siempre, junto a aquellas otras faenas más conspicuas y lucidas, sin descanso, con sinsabores, sin vocación, con apremio, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, consiguiendo dinero. Porque si bien no sólo de plata viven los partidos, sin plata languidecen y mueren. Viene a ser algo así como su pan.
Siglo y medio de incesante esfuerzo financiero, ¿no será suficiente? ¿No tendrán las corporaciones políticas el mismo derecho natural de los individuos, a que al cabo de tanto o cuanto tiempo de sudar sus frentes, venga el Estado y se haga cargo de su pan cotidiano? Algunos senadores así parecen considerarlo, habiéndose puesto de manifiesto en la comisión que se ocupa del proyecto de ley de partidos —con la singular disensión del Dr. Américo Ricaldoni— un buen ambiente pluripartidario para hacer que el Estado en lo sucesivo se haga cargo de las necesidades suyas de cada mes. Por supuesto, el Estado ya se hace cargo de los gastos de las campañas electorales, pero eso es otra cosa. El ayudar a los partidos en tiempos de emergencia —y vaya si las elecciones desde el punto de vista financiero lo son— es comparable al beneficio que el seguro de salud sirve a un trabajador que ha tenido que operarse. Ahora se trata de otra cosa: del alquiler de los locales y del sueldo de algunos administrativos, y de la difusión de los avisos de reuniones y actos, y de los gastos de publicar alguna hoja mensual o semanal que mantenga informada y orientada a la masa partidaria. Todo eso de carácter un tanto trivial, cotidiano, pero que ahora origina tantas angustias y dolores de cabeza. En lugar de ello, mientras el corazón partidario siga latiendo, ahora se propone la tranquilidad, la seguridad... Para decirlo más brevemente, se trata de algo así como la jubilación de los partidos.
O si no, si se entiende que la imagen sugiere en los partidos uruguayos algo menos que la pujanza y el vigor y la juvenil imaginación que queremos ver en nuestras organizaciones políticas, si optamos por esforzarnos en pos de una interpretación distinta, sin connotaciones de siestas en asoleados bancos de apacibles plazas, entonces sugerimos que la iniciativa se interprete como la nacionalización de los partidos.
Si se nos preguntase a qué clase de instituciones pertenecen hoy en día los partidos políticos, responderíamos sin hesitación que se trata de asociaciones privadas. Con fines públicos, carentes de conexión con los propósitos individuales de sus miembros, pero privadas de todos modos, inequívocamente. Después de todo, se fundan por la voluntad libre de sus miembros originales, subsisten por la actividad libre de sus adherentes, se financian con el aporte libre de sus afiliados y simpatizantes. Nada coactivo, nada que nos recuerde al Estado que nos extrae los recursos para sus finanzas velis nolis, encontramos en los partidos políticos. Naturalmente, dadas las circunstancias habría que agregar: por ahora...
Si los partidos pasaran a recibir pensiones públicas, pensamos que tal naturaleza de sus subsistencias otorgarían un inequívoco tinte público a su ser corporativo. Después de todo, tal vez se arguya ¿por qué no? ¿Acaso todo lo importante de este país —todas las grandes empresas, todos los grandes edificios— no es ya público? "Partido XX de la Nación", o "Partido ZZ de la República". Tal vez haya que acostumbrarse.
Nosotros la verdad abrigamos al respecto algunas objeciones. Está aquel dicho: el que le paga a los músicos puede elegir la tonada. ¿Será aconsejable que los partidos, que cuando están en el poder son como algo del Estado pero que cuando están en el llano tienen la santa misión de evitar los abusos del Estado —"en la actualidad, pensaba Tocqueville aproximadamente cuando nuestros partidos veían la primera luz, 'la libertad de asociación se ha convertido en la necesaria garantía contra la tiranía de la mayoría'"— ¿estará bien, inquiramos, que los partidos que tienen que controlar al Estado, manden todos los meses a un empleado a una oficina del Estado a cobrar su pensión?
Claro que esta iniciativa se ha propuesto precisamente en nombre de la independencia moral de los partidos. Los individuos que contribuyen, por más que algunos lo hagan con patriótico desinterés como forma de expresar de manera vital su adhesión a determinados principios, a determinadas tradiciones, a determinadas trayectorias, a determinados liderazgos, con cierta frecuencia lo hacen, y entre los que contribuyen en grande, con mucha frecuencia, con segunda intención, pensando cobrar el favor algún día clave. En cambio el Estado, que no tiene fines de lucro, se supone que es de confiar.
El problema está en que, por independizar a los partidos de contribuyentes espurios, al mismo tiempo se arriesga separarlos de la invaluable savia del contribuyente auténtico, y del militante silencioso, de la viuda que entregó el óbolo y del anónimo ensobrador de listas, también superfluo si va a haber recursos para que un administrativo, con mucho de empleado público, tome su lugar. El peligro de desembocar en partidos hechos de líderes y sus clientelas, de quienes van a ellos por ambición y quienes acuden por interés, merece ser considerado.
Hay inconvenientes más sutiles, pero que también merecen mención. Se trata de las consecuencias de usar fondos públicos, provenientes de impuestos, para financiar proyectos que en su totalidad poseen naturaleza privada. No es posible considerar la ayuda financiera regular a los partidos de interés general. La existencia de partidos sin duda lo es, pero la experiencia demuestra que el subsidio estatal no es necesario para que existan. Por lo demás, la existencia de los partidos no debe confundirse con la de maquinarias burocráticas permanentes. Muchos ciudadanos piensan sin duda que tales maquinarias administrativas fortalecerían el peso de los partidos en el funcionamiento de nuestra democracia, y deplorarían esa evolución. Tocqueville, si se nos excusa por citarle de nuevo, señalaba que era propio de los países democráticos el que los legisladores pensaran más en sus electores que en sus partidos, y propio de los países aristocráticos que ocurriese lo inverso. Sin duda esos mismos ciudadanos verían el uso de fondos públicos para financiar las burocracias partidarias como un abuso de poder por parte de la élite dirigente.
Es preciso recordar que nuestra Constitución se ocupa expresamente de los partidos, a diferencia del paradigma norteamericano y de las principales cartas occidentales. Lo hace, sin embargo, apenas para asegurar la democracia interna en todos ellos, la publicidad de sus cartas orgánicas y programas de principios, y para instruir al Estado para que "vele" por "su más amplia libertad". Si alguien piensa que la libertad de conducta y conciencia de un ente cualquiera se potencia volviéndolo dependiente de las finanzas estatales, tiene sin duda una noción de la libertad muy distinta de la nuestra.
Hemos dejado para el final algo que nos importa mucho. Si hay algo claro es que la libertad de prensa, piedra angular de la democracia y de todas las demás libertades, es antitética de la dependencia económica de los medios respecto del Estado. La iniciativa que comentamos intensificaría la tendencia ya visible en nuestros entes estatales a utilizar fondos públicos para subsidiar la prensa partidaria. La lesión ulterior que implicaría hacer de los órganos de esa índole pensionistas del gobierno es demasiado obvia para requerir ser destacada.