Declaraciones de calificados voceros oficiales hacen esperar que el gobierno finalmente abandonará la pasividad con que hasta ahora ha encarado el grave rebrote de inflación. En sí mismo esto es algo bueno. No es posible saber si la política que haya de derivarse de ese eventual plan será también buena antes de conocer más sobre su probable contenido.
El Director de Planeamiento, según informamos con algún detalle hace una semana, se refirió a una batería de medidas monetarias, fiscales, de ingresos y de abastecimientos. Con ello parece aludirse a cosas que están dentro, cosas que están fuera, y cosas que están en el límite, de lo que nosotros consideramos que un plan antiinflacionario debería contener.
La referencia a medidas sobre abastecimientos, en particular, nos parece desafortunada, en cuanto tiende a ocultar la verdadera naturaleza del azote que padecemos. Es cierto que el Cr. Davrieux descartó el control de precios, lo que ya es mucho como salvaguardia contra remedios antiinflacionarios que son peores que la enfermedad, como sin duda resultó el Plan Cruzado, pero admitió como posibilidad la importación de alimentos. Análogamente en Argentina se ha manejado recientemente la rebaja de aranceles en el marco de la lucha contra la inflación. Nosotros pensamos que se trata de un error.
La posición favorable de Búsqueda a propósito de la rebaja arancelaria es harto conocida. Sin embargo, para nosotros se trata de un objetivo estructural, cuyo manejo en el plano de la coyuntura carece de sentido. Se reducen las barreras al comercio internacional a fin de reasignar los recursos productivos de manera duradera y más acorde con la ventaja comparativa del país, no para influir sobre tales o cuales precios, menos aún sobre el nivel general de los precios. Los aranceles se bajan, por otra parte, según un esquema preanunciado, en etapas previsibles, dentro de un plan de reconversión industrial, que implicará inversión sustancial tanto en capital físico como en capital humano. Inversamente, no se bajan los aranceles por unos días, mientras se combate la inflación, para luego subirlos de nuevo, para no reconvertir nada, para desquiciar innecesariamente estas o aquellas ramas de la producción, a las que no se les pide reasignación de factores, puramente que bajen precios. Como si los precios subieran por su culpa. Como si la culpa del aumento sostenido del conjunto de los precios no fuera siempre y en todo lugar responsabilidad de quienes tienen bajo su jurisdicción las finanzas públicas y el manejo de la moneda.
Es cierto que una rebaja arancelaria puede influir auténticamente sobre la inflación. No de la manera que se pretende, aplicándola sobre los sectores que se han comportado mal y han subido los precios con demasía, o exprimiéndola como un garrote para lograr de los empresarios por intimidación un comportamiento conforme con un objetivo de interés público. En estos aspectos no es más que una de tantas formas en que los gobiernos habitualmente procuran confundir a la opinión pública y transferir al sector empresarial una responsabilidad que es estrictamente les pertenece. Lo que la rebaja arancelaria puede eventualmente lograr en el terreno de la inflación, que es el terreno monetario, y siempre lo ha sido, aquí y en todo lugar, es permitir o facilitar un déficit de balanza de pagos. Este no es más que un medio alternativo por el cual los agentes económicos se libran del dinero excedentario: en la inflación a través del aumento de los precios, que reduce la masa monetaria en términos reales, y en la balanza de pagos a través del cambio de la oferta excedente de dinero, vía pérdida de reservas del Banco Central por mercancías importadas y activos en el exterior. Si los aranceles son tan altos que la salida del dinero excedente a través de la cuenta corriente se ve entorpecida, su rebaja puede ayudar a la concreción del ajuste sucedáneo de la inflación. Pero sólo de manera transitoria, porque el método no puede durar más que el stock de reservas. ¡Cuánto más sencillo, además, atacar el mal en sus causas que alterar los efectos de una causa que se deja subsistente!
En tal sentido, como es natural, resulta decisivo decidir si estamos realmente ante una reaceleración de la inflación o simplemente ante un stock transitorio proveniente del alza de un corto número de precios, al impulso de factores aleatorios, tales como "la sequía y la crudeza del invierno". En una reciente conferencia, el Presidente del Banco Central sugirió que lo segundo era el caso. Ello implica que la contracción de la cantidad de dinero real a que asistimos es un fenómeno de desequilibrio. Ciertos precios suben, reducen la liquidez por debajo del nivel deseado por los agentes económicos, y eso es lo que observamos. Pues entonces, si las cosas efectivamente son así, no es necesario hacer nada. Ya estarán en marcha una multitud de fuerzas, provenientes de las entrañas del mercado, para restituir el equilibrio roto. No hay nada tan claro en la historia económica del mundo entero como que al público no se le fuerza una reducción en los saldos monetarios reales sin que los antídotos actúen, y actúen eficazmente. Si el diagnóstico del Presidente Pascale refleja el sentir de toda la cúpula económica, entonces lo indicado es simplemente esperar que las cosas se arreglen solas.
Nosotros pensamos que la evidencia en contra de ese diagnóstico es contundente. La tendencia anual de los precios en los 10 primeros meses de 1987, calculada por el método de mínimos cuadrados, era de 60%; este año es aproximadamente de 77%. Asistimos a un proceso, no a un hecho aislado. Esto nos parece indudable. Podrá discutirse la naturaleza exacta del mal, pero su carácter monetario no debería ser puesto en duda.
El Cr. Pascale dijo en la misma ocasión que la política debería orientarse a retornar a la senda del programa inicial, y que para ello "el esfuerzo fiscal cumplirá un rol decisivo". Sin embargo, minutos antes había anunciado que "el déficit fiscal y parafiscal agregados se han ubicado por debajo del originalmente previsto para el primer semestre...". Es en cierto sentido infortunado que el déficit agregado venga bajando tan bien. El país se sitúa con ello en la posición del paciente que frustra a sus médicos anunciándoles que cumplía ya de antemano no todas las recomendaciones de vida higiénica que se le formulan. Análogamente, hasta que la autoridad económica encuentre algo que esté mal, algo objetivamente torcido que haya que enderezar, es difícil que pueda estar en condiciones de diseñar un programa antiinflacionario eficaz o creíble.
El principal riesgo que enfrenta, si finalmente se decide a confeccionar un plan, es que éste se componga esencialmente de medidas orientadas a corregir cosas que los demás hacen mal, tales como los precios excesivamente elevados por los empresarios, o los salarios excesivamente aumentados por la presión de los sindicatos. Normalmente, lo que da resultado en este orden de cosas es un plan en que el gobierno corrige lo que él mismo estaba haciendo mal antes. Diríamos que el reconocimiento de errores abre el único camino practicable hacia la credibilidad. Naturalmente, la situación de un gobierno que no tiene errores que corregir, y al cual las cosas le van tan mal como si los tuviera, no es nada envidiable.
En sus actuales circunstancias, nos inclinamos a pensar que el reconocimiento de error que el gobierno no debería tener dificultad en proclamar es el error de haber creído que una estrategia gradualista era adecuada para combatir una inflación de tan gran porte como la que heredó, y procuró domesticar suavemente, sin alterar sus costumbres ni inclinaciones. Una desinflación sin estricteces, digno complemento del capitalismo sin lágrimas a que esta Administración está consagrada. Pues bien, no parece apresurado afirmar que su estrategia ha fracasado. El consuelo a que puede aspirar proviene del hecho de que en el mundo no se conocen casos de inflaciones galopantes curadas mediante la administración de tisanas. Es un poco tarde para esa clase de reconocimientos, pero —esperamos fervientemente que las autoridades concuerden con nosotros— más vale tarde que nunca.