Este artículo no se refiere al Chicago de Al Capone con que la frase del título frecuentemente ha sido asociada, sino a los años del regreso a la democracia en el Uruguay. Este es un tiempo de abierto desprecio por las normas, desde la Constitución a las ordenanzas sobre tránsito e higiene pública.
En nuestra última edición dábamos cuenta de la existencia de una zona improductiva enorme en el área rural de Montevideo. Las pequeñas chacras en una zona que debiera ser codiciada por su singular proximidad al principal mercado del país se han convertido en terrenos yernos cuyos propietarios desdeñan cultivarlos y para cuya venta no encuentran compradores. La razón: sobre la producción que pudiera obtenerse, la única seguridad es que sería robada. Sobre la seguridad de la gente que allí pueda vivir y trabajar, la situación no es mucho mejor. Sólo establecimientos de cierto tamaño pueden soportar el costo de organizar sus propios sistemas de seguridad.
Como ciudad, Montevideo no es ciertamente de las más castigadas por la delincuencia en América Latina, pero el deterioro en este aspecto ha sido colosal. La represión policial parece haber sufrido un abrupto descenso. De todos modos, el fenómeno trasciende enormemente la esfera específicamente penal.
Tanto como la delincuencia, o más, la seguridad pública se ha visto afectada por un abrupto descaecimiento de las ordenanzas de tránsito, con la trágica secuela de un número de bajas —la terminología bélica para designar muertos y heridos parece plenamente indicada— en espectacular ascenso. La renovación del parque automotor operada en la última década debería haber, por contraste, reducido la tasa de siniestralidad. En muchos países, en efecto, se retiran compulsivamente de circulación los vehículos viejos que hasta la primera mitad de la última década formaban el grueso del tránsito en nuestras ciudades. Pero el nuevo potencial de velocidad de los autos forma con el descaecimiento de las reglas una combinación peligrosa.
Es verdad que la actividad municipal en este aspecto —en materia de represión y más aún de educación— siempre ha pecado de total falta de continuidad. Un día se instala un equipo de inspectores en la Rambla, y se obtiene una enorme cosecha de multas, impuestas a los que transgreden las velocidades máximas, notablemente bajas, establecidas en las normas, y de lo único que los automovilistas pueden estar seguros al respecto es que después por un tiempo pueden transformar a nuestra avenida costanera en una pista de carreras sin peligro de nuevas sanciones. Lo que los equipos de inspectores hacen entre una y otra esporádica sesión de control es enteramente misterioso. Esto desde tiempo inmemorial.
Pero lo más característico de la hora que atravesamos es la discordancia general entre el orden de las normas y el desorden del hecho, entre la teoría nominalmente vigente de la ordenanza y la práctica increíblemente tolerante de la circulación vehicular de la capital. Fuera de la zona céntrica, las señales de dirección única y las velocidades de los semáforos han perdido de manera plena su capacidad de influir sobre los conductores, pero aun cruzar la Avenida 18 de Julio con luz verde se ha transformado, según lo han averiguado algunas personas con gran costo, en una aventura peligrosa.
En cuanto a las reglas sobre el aseo de la ciudad, la mayor parte de los montevideanos reaccionarían con sincera sorpresa si se enteraran de que existen. Lo que ellos ven es que la ciudad es un gigantesco depósito de desperdicios y se comportan en consecuencia. Es sociológicamente interesante advertir que la gente entre nosotros ya no tira papeles al pavimento, sencillamente los deja caer. Antes la gente, cuando terminaba un paquete de cigarrillos, lo reducía a una pequeña bola a la vez que miraba en derredor en busca de un lugar en que depositarla y, al no ver ninguno, lo arrojaba al piso. Hoy la gente abre los dedos con plena naturalidad y deja que cualquier envoltorio, por grande que sea, se deslice hacia donde todo hace presumir que está su hábitat natural. ¿Acaso la calle y las aceras son para otra cosa?
Si la contaminación de la vía pública con desperdicios es una actividad libre entre nosotros, otro tanto acontece con la contaminación de la atmósfera con ruidos molestos. Como en las aldeas de otrora, reminiscentes de los pregoneros que prensa, radio y televisión volvieron obsoletos, surcan Montevideo —lo mismo que los balnearios en plena temporada, donde la gente va en busca de tranquilidad— vehículos provistos de equipos de audio que imponen a quienes no quieren oír lo mismo a quienes están interesados una estentórea publicidad comercial. Claro que al menos estas fuentes de contaminación ambiental son móviles, y cada una de sus víctimas lo es por poco rato. Pero hay desdichados, en la vecindad de cuyas casas se instala una disquería u otro local de esparcimiento nocturno, que ya no sabrán de noches silenciosas, y otros a cuya vera se abren locales de maquinitas electrónicas, que ya no conocerán qué cosa es un razonable silencio durante el día. En todo esto la ausencia efectiva de normas, el eclipse total de la autoridad, remeda la situación del lejano y salvaje oeste.
Uno no sabe hasta qué punto este proceso, que algún día merecerá la atención de los sociólogos y antropólogos de la cultura, está vinculado con la quiebra del sistema judicial aplicable para la ejecución de los contratos que —más allá de su lentitud burocrática, que en realidad data de la Edad Media— se verificó de facto bajo el régimen dictatorial hacia 1982 y 83, como complemento deliberado del desbarajuste que aquél había introducido en la economía, y que de jure continuó bajo el régimen constitucional con las leyes de prórroga a las ejecuciones, y las leyes de refinanciación, bajo cuya protección gran número de deudores presuntamente insolventes se mantienen al margen de los procedimientos de ejecución o de concurso, con el consiguiente detrimento del derecho de sus acreedores, ya sean estos particulares individualizables, ya lo seamos todos a través de la compra de carteras iniciada por el gobierno dictatorial y continuada con amplificación por el régimen constitucional. Nosotros sospechamos que la vinculación entre el descaecimiento de las normas en la calle y su descaecimiento en el ámbito de las relaciones comerciales y financieras debe ser estrecha.
Comoquiera que ello sea, el efecto general es de una tremenda imprevisibilidad de todos los comportamientos y todas las situaciones. Si usted va conduciendo detrás de un vehículo, no puede tener idea de lo que él va a hacer en el próximo instante. Al llegar a la bocacalle, entra en la dimensión desconocida. La seguridad de sus bienes está entre signos de interrogación. Si firma un contrato, hay que desearle suerte. La ley es el sistema con que las sociedades humanas ganaron en previsibilidad y sobre cuya base edificaron el progreso. Nosotros en puridad estamos socavando los mismos cimientos de la civilización.
Si todo es imprevisible, ¿por qué va uno a invertir en este país? Invertir significa encarnar el propio patrimonio en bienes concretos, anclar la propiedad en determinada ensenada jurídica. Si nosotros hemos logrado que nuestros puertos remeden las condiciones de la alta mar, ¿cómo podríamos aspirar a que muchas naves procurasen una protección inexistente? El hecho de que la inversión neta, al cabo de tres o cuatro años de superada la contracción de 1981-84, siga siendo negativa, que el país siga en alguna medida descapitalizándose, no puede tener otra explicación.
Es imperioso restaurar la soberanía de la ley. Es necesario devolver a las normas su prestigio, resucitar el respeto hacia ellas. Es indispensable que las infracciones tengan razonable probabilidad de detectarse, y cuando se detecten, determinen para el infractor las consecuencias —ni más ni tampoco, como ahora, menos o nada— que marca la ley. Hay en ello dificultades presupuestales, que no serán fáciles de resolver, pero que tendrán que serlo para que —inversión mediante— ellas mismas disminuyan, pero hay también en juego mucho más que eso: la determinación inflexible de hacer cumplir la ley, una determinación firme, que no se enternezca, que nada disuada, que no sepa de los falsos irenismos que han distorsionado las relaciones entre el Estado y sus súbditos en los últimos años.
En la próxima campaña electoral, todos deberemos tener los oídos atentos en cuanto a los compromisos que cada candidato asuma, o eluda, al respe