No es fácil interpretar la actuación de la presente Administración uruguaya, no ya en términos de sus realizaciones, sino aun de sus metas cuantitativas, ni de los fines mismos que se propone conseguir.
Tomemos el caso de la inflación. El año pasado la meta oficial empezó siendo de 45 %. Se trataba de una cifra no exenta de plausibilidad, ya que resultaba casi exactamente de aplicar el mismo factor de amortiguamiento que de hecho había operado en 1987, cuando la tasa de inflación cayó de 70,6 del año anterior a 57,3. Si las autoridades tenían una receta para amortiguar la inflación en un 20 %, ¿por qué no admitir que podrían seguir aplicándola?
Ahora bien, a medida que el año fue transcurriendo, también fue haciéndose obvio que la meta de 45 % quedaba totalmente desconectada con la realidad. Bastante después que esta discordancia se volvió archimaniesta, las autoridades subieron la meta a 60 %. Sin embargo, nunca hicieron explícitas las razones por las cuales, al menos a su criterio, la inflación estaba siendo tanto mayor que lo pautado.
Pero no sólo eso es digno de mención. También lo es que esta segunda meta fue mantenida vastamente más allá de su plausibilidad, si es que ésta alguna vez existió.
Este año está sucediendo algo semejante, aunque también distinto. Lo segundo porque no se ha enunciado aún una meta precisa; lo primero porque, si bien el Ministro de Economía anunció el propósito del gobierno de "abatir sensiblemente la tasa de inflación", volvió a ser, cuando menos, impreciso en cuanto a los medios por los cuales ahora piensa llegar a ese anhelado objetivo, así como sobre los métodos —otros o los mismos— que debieron procurarlo antes y fracasaron.
El Ministro mencionó, en el contexto de los medios que llevarían a amortiguar la inflación, a una reducción del déficit, pero sus declaraciones en tal sentido estuvieron afectadas por dos defectos importantes. En primer lugar, no expresó, de manera medianamente convincente, las medidas que conducirían a ese fin. Lo que es aún más inquietante, se refirió a economías en la compra de automóviles, siendo —como sin duda es proverbial— que, junto con las economías en los viajes, suelen formar parte de los programas de reducción de gastos de carácter puramente cosmético. En segundo lugar, no dijo si el recrudecimiento de la inflación padecido el año pasado, y según parece con miras de empeorar éste, se debió o no a un agravamiento coetáneo del déficit.
A mediados del año pasado en esta misma página se sugirió, a través de dos series de artículos, que el déficit podría estar siendo considerablemente mayor que el pautado, sin que ello suscitara otra apreciación que la de un vocero gubernamental quien, instado a formular comentarios en una comisión parlamentaria, expresó que no había nada que las autoridades pudieran hacer si el Director de Búsqueda no creía sus cifras. Ahora serán todos los ciudadanos quienes deberán preguntarse si efectivamente los números del gobierno merecían fe. Y si la merecían, tendrían entonces que preguntarse qué otra cosa funcionó mal. Pero es mucha la pretensión de las autoridades si esperan que les creamos las cifras y a la vez no les pidamos explicaciones si, aun alcanzando por hipótesis todas sus metas, la inflación se agrava más y más.
Y no perdamos de vista que esto es, efectivamente, lo que está aconteciendo en esta etapa incipiente de 1989. La tasa de incremento del IPC de febrero, anualizada, arroja un resultado de tres dígitos; y la tasa media anual de enero-febrero supera al 84 %. ¿No debería esto suscitar una declaración de las autoridades competentes? ¿No deberían explicarnos qué es lo que anda mal? ¿Y cómo se proponen lograr que vaya mejor? Mientras tanto, puesto que de hecho vemos al gobierno aceptar pasivamente estos acontecimientos, que a nosotros nos parecen tan inquietantes, ¿a qué atribuirlo? ¿Es desorientación o es indiferencia? Ya dijimos al principio que no es fácil comprender la actitud oficial.
Una de las pocas cosas que sabemos al respecto es que el gobierno considera que el déficit es un tema pertinente en el tema de la inflación. Lo que hace más difícil comprender la actitud oficial respecto de los bancos que suelen llamar gestionados, que también han sido nombrados insumergibles. No puede caber ni la sombra de una duda respecto de estas dos proposiciones: en primer lugar, tomado ya el compromiso de salvar a los depositantes del naufragio, compromiso ése cuyo carácter irreversible es patente, es al mismo tiempo indiscutible que el método que reduce al mínimo el déficit generado por el salvataje es la liquidación de las instituciones. ¿Quién puede estar interesado en su preservación? ¿Quién en su reflotamiento? Todo indica que el tamaño de la plaza financiera es hoy bastante menor que hace 10 años, y que el número de instituciones es excedentario. Una de las consecuencias que de ello se desprende es que los spreads entre tasas activas y pasivas son mucho mayores que los que de otro modo regirían, de modo que la actual operación de reflotamiento ocasiona: en primer lugar, un déficit adicional, originariamente situable en unos 60 millones de dólares al año, pero con tendencia a crecer, a medida que las instituciones toman prestado para pagar sus respectivos presupuestos de sueldos y de intereses pasivos en exceso de los activos, haciendo que este segundo rubro crezca más y más, y por ende —si las autoridades saben lo que dicen— mayor inflación; en segundo lugar, o bien intereses menores para los depositantes, lo que también significa más inflación —a través de menor interés por los depósitos a plazo en pesos, y por lo tanto de mayor velocidad de circulación del dinero— o bien mayor tasa de interés activo, lo que a su vez representa necesariamente menor inversión, menor crecimiento real, menor salario real, y menor nivel de empleo. ¿Para beneficiar a quiénes hace el gobierno semejante cosa, que castiga a la economía en su conjunto de manera severa? Ahora está a punto de contratar un préstamo con el Banco Mundial para reflotar estas instituciones; es decir, aumentar la deuda externa, cuyo nivel apabullante ya conocemos todos. ¿Para qué? ¿Para quién o quiénes? Por más vueltas que le dé uno al asunto no encontrará otros beneficiarios que los empleados de las instituciones. Para promover los intereses de ese grupo, que indudablemente se inserta entre los privilegiados del medio laboral uruguayo, se grava permanentemente a la gran masa de la población cuyos ingresos medios son incomparablemente inferiores. ¿Es posible comprender esto?
Y continuamos. Si la inflación no se detiene, ni el déficit tampoco, es —en cierto sentido— por falta de recursos. La mayor parte del déficit son intereses. Si hubiese recursos para saldar las deudas se terminaría el déficit y la inflación. Al mismo tiempo, los bancos oficiales están sentados sobre sendas pilas de oro, totalmente inactivas. ¿Con qué concebible fundamento? No hay otro que el de aprovechar una eventual valorización del oro. Con ese fin —se hace imperioso concluir— mantenemos el stock y nos privamos de los intereses que ganaríamos colocando los fondos resultantes de su venta. En numerosas ocasiones hemos destacado que esa operación —el mantener el stock de oro— posee un carácter fuertemente especulativo, y representa por tanto un altísimo riesgo para el inversor. Hasta qué punto ello es así puede apreciarse teniendo en cuenta que el año pasado —según lo supieron los lectores de la última edición de Búsqueda— esa operación nos deparó pérdidas del orden de 360 millones de dólares, más que el servicio de la deuda externa por el mismo año. Por falta de recursos debemos sufrir la inflación, y luego los despilfarramos de esta manera. Sin embargo, el Presidente de la República ha proclamado que no se venderá oro mientras él permanezca en su cargo. ¿En interés de quién? ¿Quién puede concebirse ganancioso con esta decisión? ¿Cuáles son las metas del gobierno del Dr. Sanguinetti? ¿Cuáles sus propósitos? Como dijimos al comienzo, no es fácil responder a estas preguntas.