En un período de particulares dificultades para buena parte de la economía nacional, el clima vino a poner una nota de mayor dramatismo. A esta altura de las circunstancias nadie puede desconocer que la crisis del sector agropecuario se ha agravado considerablemente por obra y desgracia de la naturaleza.
El pasado invierno puede tal vez considerarse el punto inicial de este período crítico, en el cual una combinación de factores climáticos, coronados por esta tremenda sequía que abochornó al verano que acaba de concluir, apresuraron y pusieron de manifiesto la gravedad de la situación.
Días pasados, la Federación Rural dio a conocimiento público un inusualmente extenso manifiesto en el que, con un tono severo y tajante, historia esta crisis, la adjetiva, la diseca y le abre todavía una pequeña puerta para la adopción de paliativos menores a efectos de que sus consecuencias no sean tan devastadoras.
Son muchas las conjeturas, conclusiones y comentarios que nos despierta la citada comunicación de la entidad gremial.
En primer término, su ya mencionada extensión, y hasta su propia redacción y estilo, que revelan un enfoque de algún modo distinto de los que la precedieron.
Estamos frente a un documento muy profesional, formalmente muy bien redactado, que no omite referencias al pasado ni juicios al presente ni especulaciones sobre el futuro. No es que la Federación no supiera ni pudiera redactar en este estilo sus anteriores comunicados, pero es éste un hecho significativo que marca un cambio de proceder. Cambio que vemos también complementado por la persona de su actual presidente, un hombre sólido y enérgico, un profesional de la economía, que se expresa con aplomo y convicción.
Que no se lea en esto un juicio de valor. El Cr. Curbelo no es en esta apreciación ni mejor ni peor que sus predecesores, como tampoco lo es esta dramática declaración de crisis: simplemente, o no tan simplemente, son diferentes.
Son, ¿cómo diríamos? más frías, menos emocionales, más profesionales.
Y tal vez esto no es casual.
Tal vez se debe a que las relaciones entre la entidad gremial rural y el gobierno debieron volverse más profesionales, en una suerte de dialéctica administrativa que —en gran medida— es fruto de la tremenda, enorme —y aquí sí emitimos un juicio de valor— sobredimensionada interrelación que existe entre ambos interlocutores.
Por un lado la Federación Rural pide, ruega, exige, clama y reclama una liberalización de las medidas de comercialización vinculadas al agro: libre-exportación de ganado en pie, libre autorización de faena, eliminación de la exigencia del circuito cerrado en la industria frigorífica, derogación de la prohibición de exportación de cueros sin procesar, eliminación de las detracciones a la exportación de carne con hueso.
Comprendemos, respaldamos, alentamos estos planteamientos porque nos resulta tan injusto como incomprensible que subsistan en esta pretendida economía de mercado con la que tantas gárgaras hacen nuestras autoridades, limitaciones tan arbitrarias e injustas como las que aherrojan al sector agropecuario, pilar y sustento de nuestra economía.
Por el otro, en actitud de franca paradoja, quienes reclaman y exigen libertad y autonomía, requiriéndole al Estado un retroceso en su actividad dirigista e intervencionista, pidiéndole que dé marcha atrás y no se entrometa en lo que debería ser una actividad totalmente librada a la iniciativa privada, reclaman en la misma declaración que les consigan mercados, que les subsidien la acumulación de forrajes, que se adopten medidas para diversificar el procesamiento de los productos cárnicos, y —ya de cara al punto más profundo del abismo— que les prorroguen los vencimientos, les eliminen las multas por mora para todas las obligaciones tributarias, les eliminen la exigencia de obtener certificados de estar al día con los organismos recaudadores, les reduzcan las tasas del Impuesto al Patrimonio, de la Contribución Inmobiliaria, los aportes de la Seguridad Social, la derogación del impuesto a las ventas de semovientes, y hasta la suspensión de ejecuciones judiciales y lanzamientos.
Esto no es nuevo ni debe sorprender a nadie. No es, ni debe ser tomado como un abusivo ejemplo del aforismo criollo que dice que es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, o del británico que acusa a quienes reclaman todo lo mejor y rechazan todo lo peor de querer "lo mejor de ambos mundos". Sería una frivolidad imperdonable de nuestra parte juzgar con tal ligereza una situación tan seria y dramática.
Es, sí, fruto de una larga, antigua, histórica dependencia del sector agropecuario del vientre de Leviatán, del cual aún no ha podido cortar el cordón umbilical.
Desde el comienzo mismo de esta tierra artiguista y agropecuaria, la dependencia materno-filial del pilar básico de su economía ha sido uno de los rasgos más típicos.
Los pujos liberalizadores nunca han sido todo lo profundos, intensos y categóricos que hubiera sido preciso para que este sector se decidiera —de una vez— a correr los avatares que todos los demás sectores de la economía enfrentan en mayor o menor grado, sin reclamar —al menos con tan candorosa elocuencia— el más desembozado dirigismo estatal en lo que debiera ser el riesgo habitual de sus negocios.
El clima está no solamente malo en lo atmosférico. En lo espiritual, lo sentimos tan cargado de tensiones y de acusaciones, que es difícil que estos comentarios no generen airadas reacciones de parte de los damnificados.
Tan sólo ejemplificamos lo que decimos con el antepenúltimo párrafo de la declaración de la Federación Rural: "Es una nueva muestra de que el campo es el eterno postergado en la atención oficial". Esta frase alude a que el Comité de Crisis creado por el Poder Ejecutivo "hasta la fecha no tenemos conocimiento de que (...) haya tomado una sola medida tendente a contemplar la situación de la agropecuaria". Pero en realidad refleja una actitud más profunda: la de aguardar, como al maná, la "atención oficial".
No le damos la espalda al campo, no sólo porque no es moralmente aceptable, sino porque tampoco podemos desconocer la difícil situación por la que atraviesa. Sabemos que como ningún sector —la situación actual lo demuestra— está sujeto a los avatares y caprichos del clima, además de todos los otros riesgos empresariales corrientes.
Pero lo sentimos excesivamente dependiente del favor oficial, de la intervención estatal, de la preocupación del gobernante, profesionalizando un lobby negociador y reclamador de tratos preferentes, en lugar de disponerse a cortar una interiorizante dependencia, que frustra muchas de sus auténticas posibilidades de progreso y desarrollo.