Este domingo 16 los uruguayos que estemos habilitados para votar habremos de dividirnos en dos grupos frente a una opción a la que hemos sido enfrentados: un referéndum sobre la "ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado"; esto es, resolver sobre el mantenimiento o no de una ley de amnistía votada por el Parlamento para militares y policías.
El mero barroquismo de la descripción literal de esta alternativa de hierro, que marca la pretensión legislativa de decretar una amnistía sin decirlo, nos introduce al análisis de un tema que es complejo, enredado, difícil y espinoso.
Búsqueda ha procurado brindar a sus lectores una amplia información sobre todo el proceso vinculado con la revisión de la actuación de las fuerzas militares y policiales durante el periodo de facto. Sobre lo que se sabe de lo ocurrido acordado en el Club Naval y sobre las distintas instancias que llevaron a la aprobación de la ley de "caducidad" primero, y todos los hechos que condujeron a la realización del plebiscito del próximo domingo, después.
Poco resta hoy por decir.
Con apasionamiento o sin él, subjetiva u objetivamente, con los puños crispados por el rencor o con el frío bisturí de la disección socio-política, todos han dicho, han leído, han comentado, han analizado lo que ahora se debe decidir: mantener la amnistía a los militares o juzgar a los culpables de violaciones a los derechos humanos.
El reclamo del voto por la "confirmación" (amarillo) o por "dejar sin efecto" la ley (verde) se ha formulado indistintamente en varios planos: el ético, el jurídico-formal, el político y el político-partidario. Dado el tema, es natural que haya sido así, como también era previsible que la discusión pública no aunaría las opiniones ni suavizaría su carga emotiva.
Es poco lo que se puede agregar a lo que unos y otros han señalado en favor de su posición y en contra de la de sus contendores.
Caben si algunos reproches. El primero, que los partidos políticos, que fueron los protagonistas en el Club Naval y en el proceso de aprobación de una ley para resolver el tema de las violaciones a los derechos humanos, hoy pongan a la ciudadanía frente a opciones limitadas. O voto verde o voto amarillo. O ratificar la norma que determinados sectores aprobaron o derogarla como reclaman otros. Se ha planteado un esquema que tiende a la polarización de los ciudadanos, que nada ayuda a la conciliación, la paz, la alegría y la justicia que proclama la propaganda de unos y otros.
Parece claro que el resultado del plebiscito habrá de poner a prueba el proceso de transición política que permitió salir del régimen de facto y retornar al democrático. Este es el gran tema a resolver. Y esto es lo que se deja ahora en manos del pueblo uruguayo.
¿Por qué el ciudadano habrá de votar verde cuando es notorio que ello sumirá a la República en una nueva situación conflictiva, cuyo final resulta imposible prever? Porque eso es lo que ocurrirá. Aun en el mejor de los casos —es decir sin pensar en la eventualidad de que anulada la ley los militares se nieguen a comparecer— se entrará en un proceso de discusión, en plena época electoral, que sólo contribuirá a entorpecer e incluso hará peligrar la necesaria consolidación del sistema democrático.
Por el otro lado, ¿por qué el ciudadano habrá de votar amarillo, con el riesgo que su voto se interprete como un aval a la actuación de un régimen ilegítimo y soberbio que privó de sus libertades básicas a los uruguayos, que los categorizó y estableció "listas negras" y que incurrió, como nadie puede dudarlo, en groseras y gravísimas violaciones de los derechos humanos? Tampoco es justo que se haga aparecer al votante amarillo como un ciudadano temeroso que adopta esa decisión para evitar situaciones de desacato posteriores, que eso, por supuesto, no está en juego.
Si fuera así nos estaríamos engañando sobre un régimen democrático y un respeto a la soberanía popular y a la constitución que no existe y está supeditado al antojo de los que tienen las armas.
Nosotros quisiéramos votar de forma tal que nuestra voluntad contribuyera a poner punto final a este proceso de transición, sacrificando, es cierto, algunos legítimos reclamos de justicia, pero marcando severamente aquellas actuaciones violatorias de los derechos humanos. Es más, hubiésemos querido que algunos hechos gravísimos hubieran sido resueltos por la justicia. Y que se supiese la verdad sobre esos hechos. Así lo reclamamos y lo apoyamos en su momento cuando a fines del '86 el Partido Nacional presentó un proyecto que contemplaba con criterio pragmático esos mínimos de justicia.
Siempre nos habrá de quedar la duda de por qué los sectores que luego de aprobada la ley de "caducidad" se lanzaron a la recolección de firmas por la "verdad y la justicia", no apoyaron en el Parlamento aquella solución.
Lamentamos que se haya invalidado el voto en blanco.
Un voto en blanco válido, habría permitido al ciudadano expresar una opinión en el sentido marcado. Esto es, no se derogaba la ley y se mantenía el statu quo vigente desde 1986, pero al mismo tiempo no se ratificaba una norma que podría, como se dijo, dar lugar a interpretaciones equivocadas sobre el sentimiento de la ciudadanía. En definitiva, por lo que se tendría que haber votado, es por la derogación de una ley ya existente y no obligar a confirmarla positivamente con todos los aspectos que ello implica, muchos de los cuales la ciudadanía ignora.
Pero eso no es posible. No se le dio esa opción al ciudadano. Se le obliga a polarizarse. Los sectores políticos también en esto nos limitaron.
Ante esta realidad, frente a la opción de dar lugar a nuevas situaciones conflictivas, donde habrá que, inexorablemente, buscar salidas políticas como lo han admitido incluso caracterizados defensores del voto verde y la de mantener el statu quo que implica el voto amarillo, con todo lo que ello significa y que hemos señalado, creemos que la decisión más positiva, por más realista, es esta última: la de mantener la ley.