"Apenas (la Asamblea Nacional), en concierto con Su Majestad, haya fijado los principios de la regeneración nacional", escribía el Presidente de aquel cuerpo a Luis XVI en junio de 1789, "ella se ocupará del examen de la consolidación de la deuda... poniendo desde ya a los acreedores del Estado bajo la protección del honor y de la lealtad de la nación francesa".
La primera parte del pasaje alude a la tarea que la Asamblea se había arrogado de dar al Reino una constitución. La segunda parte se refiere a la cuestión fiscal, y por tanto a la tarea para la que había sido específicamente convocada (bajo la forma tricameral de Estados Generales, muy pronto convertida en la unicameral de Asamblea Nacional, o Constituyente). El orden de los trabajos que allí se informa traduce una estimación intemporal de los valores en juego, no de la urgencia práctica que la segunda revestía.
Esta era en verdad angustiosa. Bastará para que el lector se haga cargo del grado de apremio con mencionar que la Corona había interrumpido el servicio de la Deuda. En la azarosa época en que ahora vivimos la cesación de pagos de los Estados no es cosa insólita, pero entonces sí lo era. Si el asunto no hubiese sido urgente y grave, Luis XVI nunca hubiera convocado a los representantes de sus súbditos. Después de todo, ninguna convocatoria tal se había llevado a cabo desde 1614. No se resucita a una institución que yace inerte desde hace siglo y tres cuartos, por más que uno no se dé cabal cuenta de que ello podría costarle la cabeza, a menos que medien razones poderosas.
Vale la pena que nos detengamos un instante sobre esta curiosidad: el Rey de Francia, que todos aprendimos en el liceo que fue un monarca absoluto, no podía cobrar nuevos impuestos ni aumentar los vigentes sin pedir el consentimiento de los representantes de los contribuyentes. Por lo menos Luis XVI se topó con una resistencia inconmovible de parte del Parlement de París (una autoridad judicial con competencia para rehusar vigor a los decretos y ordenanzas reales), y fue así que se resolvió a llamar a los diputados de los 3 órdenes del Reino, para pedirles auxilio. Es entonces cuando éstos le informan, en medio del naufragio financiero, que antes de tenderle un salvavidas sería preciso que discutieran una constitución.
El mensaje de la Asamblea, transcrito al comienzo, es algo menos vacío de lo que su ampuloso lenguaje pudiera sugerir, en tanto implica descartar el recurso al repudio de la Deuda, que no dejaba de tener, como siempre acontece, sus propulsores. Pero de allí a allegar soluciones concretas para los acreedores mediaba un gran trecho, sobre todo en cuanto la Asamblea Nacional, de dos maneras diferentes, hizo precisamente lo opuesto a mejorar la situación financiera del Estado. En primer término, en el mismo mes de junio de 1789, el 17, por unanimidad declaró "consentir provisoriamente en nombre de la Nación que los impuestos y contribuciones, por más que ilegalmente establecidas y percibidas, continúen siendo recaudadas de la misma manera que hasta ahora". Con lo cual los contribuyentes hicieron exactamente lo mismo que harían hoy en día y en cualquier lugar del mundo si desde una fuente incuestionable se les declarase que los tributos que se les cobran son ilegales: es decir, dejar de pagarlos.
La segunda manera en que la situación financiera resultó empeorada fue a través de las decisiones tomadas en la segunda mitad del mismo año, por las cuales la iglesia de Francia fue privada de sus propios medios financieros: es decir, la supresión del diezmo, resuelta el 11 de agosto, y la confiscación de los "bienes del clero" —en realidad los bienes de la iglesia— decretada el 2 de noviembre. Hay que señalar que nada de ello implicaba la renuncia del Estado a sufragar los gastos del culto, al que estaba asociada la población en más de un 90% —de hecho la Asamblea muy pronto se abocaría a organizar su propia iglesia galicana— y además, muy particularmente, que los recursos financieros eclesiásticos representaban nada menos que la financiación de todo el presupuesto social del Reino: todos los hospitales y asilos, toda la educación, de cuya importancia puede darse una idea mencionando que incluía 600 colegios secundarios con un alumnado de 75 mil jóvenes, y que en el nivel elemental se había aumentado la tasa de alfabetización de apenas más de un cuarto a fines del siglo XVII a más del 50% en 1780, aparte del Registro Civil. La supresión del diezmo y la confiscación de los bienes implicaban simplemente transferir al Estado la responsabilidad del gasto, por tanto agravar el déficit.
Esta contribución negativa de la Asamblea a la solución del problema fiscal se combinó peligrosamente con su absoluta renuencia a votar nuevos impuestos o aumentar los vigentes. Aparentemente en aquellos tiempos lejanos a los legisladores les resultaba más fácil aprobar gastos que impuestos. Pero la situación se tornaba cada día más angustiosa. El Rey llevó a la Casa de la Moneda su vajilla de plata y oro, pero no era más que un símbolo: alcanzaba apenas para media jornada de gastos. Era imperioso, pues, encontrar una solución, pero ésta —es la decisión implícita de la Asamblea— no había de consistir en impuestos, mientras que tampoco era posible comprimir los gastos. Con semejantes restricciones, ¿qué hacer? Es obvio que se necesitaba una solución mágica, y es en esa dirección, precisamente, que la Asamblea se encaminó.
Pierre Chaunu dirá que se recurrió a la piedra filosofal, y ello bajo la forma de los bienes llamados del clero. Estos representaban un valor total de unos 3 mil millones de libras, y la Asamblea decidió, en primera instancia, emitir 400 millones de Deuda a ser amortizada con la venta de tales bienes. Los títulos fueron entregados a los acreedores del Estado, como si se tratara de dinero, pero por el momento se trataba de instrumentos de endeudamiento, que devengaban un interés de 5% anual. Hasta aquí todo puede parecer normal, ya que en efecto la garantía era amplísima respecto del valor de los títulos originalmente emitidos. Pero el problema estaba en que lo que la Asamblea tenía como garantía era un stock de bienes, pero lo que necesitaba era un flujo de recursos para cubrir la brecha entre ingresos y erogaciones, de modo que tarde o temprano la emisión de títulos —que fueron conociéndose con el nombre de assignats y dejaron de devengar interés, con lo que se transformaron en papel moneda stricto sensu— debería fatalmente exceder el valor de los bienes que supuestamente oficiaban de respaldo. De hecho, la cantidad que se emitió, tomada a su valor nominal, al cabo de 4 años y 7 meses —es decir, antes que se procediera a su desmonetización— alcanzó a 400 mil millones, lo que tornaba insignificante el supuesto respaldo. Como era inevitable, el resultado fue la inflación galopante. En el citado lapso de 4 años y 7 meses ésta promedió cerca de 150% al año, pero sobre el final alcanzó guarismos mucho mayores. Por lo que este articulista sabe, aquélla fue la primera inflación de la historia originada en la emisión de papel moneda. (Francia había conocido la catastrófica depreciación de los billetes emitidos por Law, pero se trataba de la quiebra de una empresa financiera y no de una inflación propiamente dicha).
Lo más importante, desde el punto de vista de la marcha de la Revolución, consistió en que la relación entre la progresiva y eventualmente agudísima depreciación de los assignats y el proceso de su sucesiva emisión (a un promedio del orden de 175% al año) nunca fue reconocida, ni por las autoridades revolucionarias ni por los líderes populares que, a la izquierda de aquéllas, protestaban y movilizaban las masas en torno a la cuestión de la carestía. A pesar de que el Diputado Dupont de Nemours, que más tarde haría fortuna en los EE.UU., lo había predicho todo durante el debate inicial en la Asamblea, la tesis oficial compartida por toda la izquierda atribuía la pérdida de valor del papel moneda a la avidez de empresarios y especuladores, frecuentemente en connivencia con los aristócratas emigrados y la pérfida Albión. Concordantemente, las autoridades revolucionarias trataron de combatir la depreciación de los assignats mediante la aplicación de medidas represivas cada vez más draconiana, hasta prescribir la guillotina para cualquiera que, antes de cerrar un trato comercial, preguntara en qué moneda debería hacerse el pago. La inflación, como era de esperarse, continuó impertérrita, pero el marco de agudas tensiones sociales dentro del cual se desarrolló la parte institucional y política de la Revolución resultó decisivamente influido por esta cuestión. Sin el déficit y la decisión de la Asamblea Nacional de financiarlo con emisión, aquélla nunca se habría acercado al paroxismo de violencia y crueldad que de hecho configuró.