No parece descaminado afirmar que, a fin de retomar el camino de la prosperidad, del que hace mucho se apartó, nuestro país tiene que asentar sus colectivos pies firmemente sobre la realidad. Ello implica tomar adecuada conciencia de para qué sirven, y para qué no, los distintos instrumentos de que puede valerse. La sal sirve para condimentar alimentos pero es en realidad inútil para atrapar aves espolvoreándoles la cola. Alguna fábula infantil dice otra cosa, pero es necesario que nuestra gente adulta aprenda a distinguir entre lo fabuloso y lo verosímil, entre la fantasía y la realidad.
Distintas instituciones representativas de ciudadanos pasivos, con el apoyo de distintos grupos políticos, han prestado su apoyo a la iniciativa de propiciar, mediante la consiguiente recolección de firmas, una reforma constitucional a ser plebiscitada en noviembre, por la cual se prescribiría la indexación de las pasividades a los ingresos laborales de actividad. Nuestra Carta ya prescribe en su artículo 67 que las pasividades deben ser "adecuadas". Todo indica que la incorporación de ese texto a la Ley Fundamental en 1934 no logró impedir que con el andar del tiempo, y sobre todo a partir de la década de los años 60, una vasta proporción de los beneficios jubilatorios y pensionarios se volvieran inadecuados, sin hablar de los muchos que descendieron por debajo del nivel del decoro, y hasta el de la franca miseria. ¿Es por eso que ahora se quiere estatuir nuevamente en la Constitución sobre jubilaciones? La aludida disposición no habría fracasado por su esencial inidoneidad para resolver la cuestión, sino por no ser suficientemente precisa: cuando la Constitución especifique cómo se deben calcular y ajustar periódicamente las pasividades, todo se arreglará. Ese parece ser el razonamiento fundamental. Él es fácilmente generalizable, ya que si las normas jurídicas son capaces de allegar recursos reales a los pasivos nada debe obstar a que se los allegue también a los demás. "Somos pobres, luego legislémonos la riqueza" podría transformarse en el lema de la hora.
Sería tremendamente peligroso, porque el país ya se puso otrora bajo la égida de ese lema, o más bien de otro parecido. A principios de siglo fue más bien: "somos ricos, luego legislémonos más riqueza aún, y, de paso que la disfrutamos, asombremos al mundo". Efectivamente, logramos asombrar al mundo, pero, con el andar del tiempo, por distintas razones. Primero por lo avanzado, o extravagante —dependiendo de los puntos de vista— de nuestra legislación, más tarde por el ruido que hizo nuestra caída al pie de la pendiente resbaladiza. En el trance electoral en que nos hallamos la cuestión es vital: si entre la realidad y la fantasía optamos por esta última, si hacemos de las elecciones una carrera por ver quién propone crear legislativamente más recursos reales, estamos perdidos. Nos hundiremos más en la ciénaga de la regresión económica y socavaremos las bases, sobre cuya endebilez la historia reciente dice mucho, de nuestras libertades políticas.
Según informaba nuestra tapa de una semana atrás, el Diputado Martín Sturla calificó el respaldo dado por un grupo político a la iniciativa que comentamos de demagogia barata, y esperamos que su ejemplo cunda. Lo único que cabe discutir en cuanto a su terminología es el adjetivo, porque en algún sentido la demagogia de los que proponen a la ciudadanía suplir con leyes la insuficiencia de recurso puede resultarle al país notablemente cara. Pero, aparte de castigar como se merece la falacia electoralista, los políticos que opten por la realidad tienen que hacer un esfuerzo, y poner en juego la capacidad de comunicación que debe ser uno de sus rasgos profesionales, para explicar la realidad a sus electores. En lo que concierne a la situación de los pasivos, nosotros vemos a la realidad integrada por los siguientes elementos.
- En primer término, ningún sistema de indexación puede ser capaz de lograr un resultado real. En economía real quiere decir "en términos de cosas, de bienes y servicios". Si las cosas no están disponibles, si los bienes y servicios no son producidos, ningún sistema que diga cómo ajustar los beneficios nominales a las variaciones de un índice —precios, salarios, o lo que fuere— puede lograr algún resultado.
- Si de lo que se trata es de transferir riqueza de —digamos— los "ricos" a los pasivos, lo que se precisa es legislar impuestos, no sistemas de indexación. Un sistema de indexación sólo puede generar recursos hacia sus supuestos beneficiarios a través del impuesto inflacionario. Es decir, el BPS, de acuerdo con una nueva norma, tiene que pagar más dinero a los beneficiarios, pero ninguna norma impositiva se lo ha generado, por lo que lo pide a la Tesorería de Economía y Finanzas, que tampoco cuenta con ningún recurso fiscal adicional, por lo que lo toma prestado del Banco Central, que no tiene problema porque posee una imprenta de billetes. Pero los billetes nuevos van a valer menos, y junto con ellos los anteriormente impresos. La aceleración de la inflación puede dejar a los pasivos incluso peor que antes de la indexación. Si se intenta acercar en el tiempo los puntos de ajuste (una vez por mes, una vez cada 15 días, una vez por semana) la aceleración de la inflación irá siendo cada vez mayor. La probabilidad que el remedio de la indexación resulte en definitiva peor que la enfermedad irá creciendo a medida que la hiperinflación se acerque, y la economía vaya funcionando por tanto peor y peor. Eventualmente, como consecuencia última de la hiperinflación, el público se rehusará a entregar bienes y servicios (recursos reales) a cambio del dinero estatal —los primeros síntomas de ello en la Argentina días atrás fueron cierres de negocios por supuestos duelos, licencia al personal, reformas, etc.— y entonces el Estado dejará de poder pagar las pasividades que cubría con emisión, que no deben ser menuda parte del total.
- A diferencia de las propuestas para resolver el problema mediante indexación, cualquier propuesta para crear nuevos impuestos, o aumentar los existentes, debe ser juzgada prima facie digna de análisis y discusión, y no debe ser calificada de demagógica. Ello no significa que ese método sea practicable en la presente coyuntura. El juego fiscal no es como regla general un juego de suma cero. Los impuestos son transferencias, que pasan los recursos de unas manos a otras, pero también tienen costos. Un incremento de la carga impositiva en la actual coyuntura del país entrañaría seguramente una caída del producto. Mejorar la condición de los jubilados mientras el producto se contrae es obviamente mucho más difícil que lograr el mismo resultado en un contexto de crecimiento.
- El crecimiento real se percibe, pues, como una condición necesaria de la solución, y toda perturbación capaz de postergarlo, verbigracia la indexación que se propone, se percibe como un obstáculo en el camino. Pero la solución también puede promoverse desde otro ángulo. En síntesis, se trata de regresar al sistema de capitalización, por lo menos en medida importante, en sustitución del sistema de transferencias. Esto requiere alguna explicación, con la que concluiremos este editorial.
Nuestro sistema comenzó siendo de capitalización. Es decir, las contribuciones de empleadores y empleados fueron invertidas en activos rentables para después servir los beneficios con sus réditos. Luego esos fondos, que representaban el ahorro de los trabajadores activos (en realidad eso es cierto de la contribución de los empleadores tanto como de la de los empleados) fueron despifarrados, en las décadas de los 50 y los 60, por administradores irresponsables. Gradualmente primero, e íntegramente más tarde. El sistema de transferencia supone que los trabajadores activos financian las pasividades hasta que se vuelven ellos mismos pasivos, y entonces otras generaciones les mantienen. Cuando la edad promedio en un país crece, y con ello se reduce la razón de trabajadores activos por cada pasivo, la presión para reducir la renta real de éstos se vuelve irresistible.
Ocurre sin embargo que, por más que el capital del sistema jubilatorio haya sido disipado, la sociedad en conjunto es su deudora por el respectivo monto, y debe hacer frente a su responsabilidad con el capital que de todos modos posee, que representa él también en parte el ahorro de las mismas personas, a las cuales el sistema condena ahora a la indigencia. Ese capital está representado por las empresas estatales. Volviendo rentable ese enorme patrimonio y poniéndolo a su disposición, la situación de los pasivos podría mejorar notablemente. Esa es una vieja propuesta de Búsqueda, originalmente presentada, hace ya bastante, en un artículo del doctor Pablo Fossati. Podrá discreparse con ella, pero tiene la incuestionable virtud de indicar de dónde habrían de salir los recursos reales en cuya carencia consiste precisamente el problema. Que es más de lo que puede afirmarse de la propuesta de indexación que ahora se maneja.