"La Revolución Francesa constituye, con las revoluciones holandesa e inglesa del siglo XVII", escribe Albert Soboul, "la coronación de una larga evolución económica y social que convirtió a la burguesía en la dueña del mundo". Es la perspectiva marxista. La innovación tecnológica —la sustitución del molino de vapor por el de agua es el ejemplo paradigmático— había hecho surgir una clase, la burguesía, propietaria del nuevo capital, cuya evolución hacia la transformación del mundo a su propia imagen se veía trabada por el reglamentarismo corporativista y las demás instituciones propias del feudalismo. "Era preciso romper esas cadenas" habían escrito Marx y Engels, "y se rompieron". Ese vendría a ser, entonces, el papel histórico de la Revolución Francesa: aplanar el camino para que la burguesía pudiera cumplir su misión revolucionaria, tras la cual el proletariado, creación involuntaria de aquélla, podría llevar a cabo su propia, suprema y definitiva, revolución.
Volviendo a la cita inicial, debo dedicar un instante a acotar que la mención en ella a los episodios holandés e inglés es enigmática desde dos puntos de vista. Por un lado, es curiosa la omisión de la revolución norteamericana, seguida como fue inmediatamente por un desarrollo capitalista notablemente vigoroso. Por otra, las dos inclusiones parecen peregrinas: la relativa a Inglaterra, porque la revolución de 1688-89, conducida por la aristocracia whig e introductora de un siglo o poco menos de preponderancia irrestricta de la aristocracia whig, está muy cerca de ser la antítesis de la Revolución Francesa; la relativa a Holanda, porque se trata de un episodio, en comparación al francés, absolutamente trivial, de cuyo bicentenario el 22 de setiembre de 1986 muy pocos deben de haber sido los que se acordaron.
Si lo que Soboul quería era referirse a un gran mojón en la historia de la libertad económica, digno de figurar junto a la Gran Revolución —en el supuesto de ser ésta la súbita eclosión capitalista que él mismo percibe— debió aludir a la derogación de las Leyes de Granos (Peel Act) de 1846. Esta innovación legislativa, que redujo a cero el arancel inglés para todas las importaciones, sí fue sin duda un acontecimiento de primera magnitud en cuanto a la creación de un marco institucional apropiado para la economía basada en la propiedad privada y la libre empresa. La Coinage Act de 1819, piedra angular puesta en Inglaterra para la construcción del orden monetario internacional conocido como "patrón oro", también pudo merecer mención. Naturalmente, si estos acontecimientos —apreciablemente posteriores a la Revolución— son hitos importantes en la historia de la libertad económica, la idea de culminación ("coronación") en 1789 que maneja Soboul no podría juzgarse apropiada. Pero ésa no es decididamente nuestro interés central en esta ocasión. Lo que queremos decidir es si la Revolución Francesa realizó efectivamente aportes de gran envergadura al progreso del sistema económico liberal. Si así fuera, los partidarios de ese sistema tendrían por lo menos alguna razón de peso para festejar el Bicentenario que se aproxima, al menos para poner en el platillo positivo de la balanza que haya de decidir si el acontecimiento es o no festejable. Y nótese que, eventualmente, podrían concurrir juntos a la fiesta marxistas y liberales: los primeros conmemorando una etapa decisiva hacia la Revolución de Octubre, los segundos, sin atribuir valor al episodio ruso, por los intrínsecos méritos del francés.
Me apresuraré a precisar que considero que la más somera consideración de esta cuestión tiene que arrojar un rechazo terminante del carácter económico-liberal de la Revolución, si hemos de tomarla, según insistía Clemenceau, como un bloque, ya que la etapa que caracterizamos como etapa del Terror, que propusimos entender acotada entre la caída de los girondinos bajo la presión popular ejercida sobre el cuerpo legislativo y la caída de Robespierre, es tan adversa a la libertad económica como la que más en la historia entera de la humanidad. Por lo tanto, una eventual valoración positiva desde este punto de vista depende crucialmente de que se acepte la tesis del dérapage —la salida de pista del proceso, tras la cual dejamos de contabilizar sus deméritos—.
Furet y Richet, dos historiadores dérapagistes, afirman que el liberalismo es una doctrina dominante en la Asamblea Constituyente (17-6-89 a 30-9-91); atribuyen a sus miembros "la filosofía del individualismo, la mística de la propiedad"; afirman de los mismos que sueñan con una "democracia competitiva de pequeños productores libres"; pese a que perciben una coherencia menos que perfecta en la obra económica de la Asamblea, pronuncian difunta en 1790 a "la Francia del privilegio" y surgida de sus cenizas "la de la libre empresa".
¿Será realmente así? Detengámonos un instante en algunas de las inconsistencias que estos dos historiadores señalan. Han estado enumerando realizaciones en la dirección liberal, tales como la liquidación de la monopólica Compagnie des Indes y la eliminación de trabas domésticas a la circulación de bienes. Al llegar a este punto agregan:
"Pero en lo que hace al comercio exterior, estos diputados, a quienes con tanta frecuencia se ha descrito como dogmáticos (liberales), no osan llevar su doctrina hasta su última conclusión, es decir, el libre cambio; sin embargo el Antiguo Régimen les había mostrado el camino, en el '66, por medio del tratado franco-inglés (que desgravó fuertemente el comercio entre los dos países) y de la autorización para exportar granos. Pero ceden al respecto frente al gran temor secular que la crisis del '89 acaba de avivar: es el viejo miedo a la hambruna. A pesar de la buena cosecha del '90, la Asamblea prohíbe la exportación de trigo." (Paréntesis agregados por el articulista).
No se trata de una inconsecuencia baladí. No moverse en la dirección de la liberación del intercambio, pese a que el Ancien Régime ya había empezado a hacerlo, y restablecer la prohibición de exportar trigo, que en 1774 a Turgot le había costado el Ministerio, que era una bandera muy conspicua... es muy grave. Prevenir la escasez prohibiendo la exportación es, además, torpe, sencillamente antiliberal.
Pero no es con todo lo más importante.
Lo que excluye toda posibilidad de que se confunda a la Asamblea Nacional luego Constituyente, con un Parlamento liberal, como el que derogó las Leyes de Granos, fue, en mi opinión, un conjunto de dos decisiones estrechamente vinculadas. Ambas tienen que ver con la cuestión financiera que había determinado la convocatoria de los États Généraux y por tanto auténtica obsesión de la Asamblea. Esta se había encontrado, al fin de cuentas, con que el Tesoro Público estaba vacío y debían proveerse recursos del Estado para atender a su funcionamiento y a los servicios de su deuda. Un Parlamento liberal habría asignado altísima prioridad a este tema. Habría cuestionado gastos, si cabe, y habría votado impuestos si aquéllos no podían rebajarse hasta eliminar el déficit. En lugar de ello empezó por comunicar a la Corona que ésta debía ocuparse de la regeneración del Reino. La tarea así descrita incluía incluso adoptar una Declaración de Derechos del Hombre. Entre éstos figuraba el derecho de propiedad, al que se apuntaló con las notas de sacralidad e inviolabilidad. Mientras tanto el derecho de propiedad de los tenedores de la deuda sobre sus créditos permanecía en suspenso...
Por fin la Asamblea se aboca a la cuestión financiera, ocasión en la que adopta las dos decisiones que poseen en este terreno fuerza decisoria final: en primer lugar, 68 días después de haber declarado sagrado e inviolable el derecho de propiedad, confisca los bienes de la Iglesia; en segundo lugar, decide emitir títulos de deuda con la nebulosa garantía de tales bienes como expediente fiscal central y definitivo. "La Nación", expresan Furet y Richet, "va a cubrir sus gastos sin imputarlos a la riqueza producida: era imperioso por tanto que el assignat se convirtiera en seguida en moneda". Y —esto lo digo yo— era fatal que Francia se precipitara por un derrotero de inflación galopante, tensiones sociales y violencia. Para el funcionamiento de una economía de mercados, el menos apropiado de los marcos.