Ha causado gran impacto el conjunto de acusaciones formuladas por la Asociación de Funcionarios de UTE contra la dirección de la empresa, actual y pasada. En primer término por su carácter desusado como acción sindical. En segundo lugar, por la profusión de recursos económicos volcados en su divulgación, que incluye avisos televisados a la hora pico de audiencia, de esmerada realización, al nivel de la mejor publicidad empresarial. En tercer lugar, porque la gravedad de los cargos es insólita, particularmente en lo que concierne a la actual crisis energética, que se atribuye a defectos de la gestión del ente, y no de manera principal a la sequía.
La reacción del directorio de UTE ha consistido en una conferencia de prensa y en una resolución por la cual destaca el deber de discreción y reserva a que todos los funcionarios están sujetos respecto de los hechos que conocen a través de sus funciones, y enfatiza su determinación de sancionar a quienes se aparten de él, incluso de perseguirles criminalmente.
La conferencia de prensa nos dejó insatisfechos. El directorio de UTE se limitó a negar los cargos, pero es obvio que para negar una acusación no es necesario tener razón. Lo que debió hacer es solicitar una investigación independiente, por ejemplo por una comisión de magistrados o ex magistrados a designarse por el Poder Ejecutivo, alternativamente una investigación parlamentaria. Las acusaciones ciertamente poseen importancia suficiente para justificarlo.
La resolución sobre el deber de mantener reserva de los funcionarios nos pareció un documento lamentable, dirigido a intimidar al personal para conseguir su silencio en un momento en que la preocupación dominante del directorio debería ya haberse centrado en vindicar su gestión atacada, allegando a la opinión pública la más amplia información disponible.
La fundamentación de la resolución nos parece endeble. Allí se cita el artículo 163 del Código Penal que castiga al funcionario que "revelare hechos, publicare o difundiere documentos... que deben permanecer secretos..." pero ¿a quién puede ocurrírsele que las graves faltas y carencias imputadas a la dirección de UTE estén llamadas por su naturaleza a permanecer reservadas? Se trata precisamente del caso opuesto, son actos u omisiones sobre los cuales el interés público reclama la mayor luz posible.
Se aduce asimismo "que es necesario conservar el secreto respecto de gran número de actos, la divulgación de los cuales podría comprometer o exponer al peligro su eficacia y oportunidad" pero ciertamente no es necesario conservar en la oscuridad los hechos relacionados con la gestión de los directores y con la promoción o lesión del interés de la comunidad, sino todo lo contrario.
Fuera de ello la fundamentación, excesivamente legalista en el fondo y absurdamente culterana en la forma, parece invocar un deber de lealtad de los funcionarios; pero también es transparente que esa obligación, por más que se la reconozca existente, no puede menos que ceder ante el deber cívico en que un funcionario se halla de develar los hechos en los que de buena fe pueda percibir una agresión al interés público.
En síntesis, la legitimidad de las revelaciones, si tales resultan ser, y sobre todo si las ha inspirado una motivación auténticamente cívica, no parece discutible. Pero al llegar al punto de las motivaciones, concretamente las que han movido al sindicato, se plantean algunas cuestiones de diferente índole.
En efecto, carece de precedentes un ataque tan absolutamente frontal como el que la Asociación de Funcionarios de UTE ha lanzado contra el directorio. Debe tenerse presente que aquél implica el cargo de haber lesionado gravemente el interés nacional, no sólo la comodidad y el bolsillo de los usuarios de energía eléctrica, sino la producción industrial y la economía del país, todo en grado tal como nunca antes se había supuesto que la gestión infeliz de una empresa estatal pudiera hacerlo. Hasta el presente los críticos más acerbos de la prestación estatal de los servicios públicos apenas alegaban la ineficiencia de la empresa estatal a fin de proponer algún grado de privatización; ahora resulta que la privatización puede percibirse como un expediente de salvación pública.
Y ello lo que intensifica la sensación de extrañeza que se desprende del episodio, por obra de un gremio presuntamente partidario de la gestión estatal, como son aparentemente todos los que agrupan a trabajadores de las empresas públicas, actuando con el explícito espaldarazo del PIT-CNT. Los colectivistas estarían, pues, aportando argumentos contra la propiedad colectiva de las empresas del área de servicios fundamentales, más fuertes que cualquiera de los que sus adversarios hayan nunca logrado reunir.
Es fácil apreciar cómo ello no puede dejar de verse así. El cargo central en juego consiste en la omisión de UTE de haber expandido a tiempo la capacidad de generación térmica, pese a insistentes informes técnicos que enfatizaban la urgencia en tal sentido, y el consiguiente peligro de un colapso energético como el que hoy estamos padeciendo. Ahora bien, suponiendo —sólo a fin de poder desarrollar el argumento— que la acusación fuera cierta, ¿cuál podría ser la razón por la cual los administradores públicos podrían haber incurrido en tan costosa omisión? No es una clase de carencia a la cual los administradores públicos sean por lo general propensos. Al contrario, su inclinación dominante, frecuentemente irresistible, aquí y en todo el mundo, es la inclinación a invertir antes y más de lo necesario. Por una diversidad de razones, como que más inversión significa para una empresa y sus dirigentes más poder, más prestigio, más influencia, más gente y firmas agradecidas en diversas partes del mundo, etcétera. ¿Por qué, entonces, esos mismos administradores públicos, puestos en el marco institucional de nuestro ente energético, habrían trocado en parsimonia su natural propensión al gasto, y su mano habitualmente abierta se habría crispado en un gesto hoscamente cicatero? Pues sólo puede haber una explicación, y ella consistiría en que es el gobierno quien por razones macroeconómicas les habría persuadido o constreñido a demorar inversiones estrictamente imprescindibles e impostergables desde el punto de vista del servicio a su cuidado. Difícilmente podría encontrarse una ilustración más convincente del principio según el cual, contra lo que con frecuencia se sostiene, cuanto más importante sea un servicio o una rama de la producción desde un punto de vista estratégico, tanto menos conveniente resulta que la gestión respectiva sea estatal.
Pero como esta conclusión, por más que se deriva con lógica férrea de las premisas aportadas por los acusadores, es inimaginable que de hecho haya suministrado la inspiración que movió a éstos, resta inquirir cuál o cuáles pudieran ser las verdaderas razones de su acción.
Una posibilidad consistiría en que hubieran obrado movidos solamente por un espíritu de civismo, como más arriba se ha sugerido que pudiera ser el caso. La conmixtión de la crítica frontal de la política de inversiones del ente con los agravios expresados por los acusadores a propósito de la política salarial del ente empaña seriamente la plausibilidad de aquella hipótesis.
Es difícil aceptar la posibilidad de que la conjunción de estos dos temas, harto heterogéneos, pueda deberse al azar. La cuestión salarial es inherente a un sindicato. De la crítica vitriólica a los criterios de inversión de la dirección puede decirse lo contrario. Surge la hipótesis de que el sindicato habla de inversiones cuando el tema que en realidad le interesa es el de los salarios, y sólo para conseguir una presión negociadora en este otro aspecto. Al mismo tiempo se le infiltra a uno irresistiblemente en la conciencia la idea de que, si el directorio de UTE hubiera sido algo más amplio en materia salarial, las tremendas denuncias formuladas por el sindicato nunca habrían visto la luz pública. Y todavía, ya como un mal pensamiento que uno se esfuerza por evitar, le da a uno vueltas en la cabeza si no habrá algo que todavía el sindicato se guarda, y que le proporciona la carta de triunfo para lo que resta de las negociaciones.