Más allá de las palabras deberíamos encontrar las ideas. En el discurso político con frecuencia no ocurre así. Los candidatos parten de la base de que sus apariciones generan sonidos, algunos capaces de generarles votos, mientras que otros se los quitan. Mucho de lo que dicen es un franco sinsentido, desprovisto desde un punto de vista lógico, pero poco deja de tener una significación política que a través de la lógica no tiene ninguna necesidad de pasar.
A los que les interesa que la retórica política y la lógica se concilien en alguna medida es a los ciudadanos, particularmente a aquéllos dispuestos a acercarse a las urnas imbuidos del sentido de responsabilidad, convencidos de que la tarea preparatoria consiguiente, sin excluir la intuición sobre la personalidad de los candidatos, vale la pena.
Muchos de esos ciudadanos buscarán oportunidades para interrogar personalmente a los políticos, pero sin duda las encontrarán sumamente escasas. El papel de la prensa se vuelve entonces crucial. Una de sus funciones esenciales consiste en traducir las palabras de los candidatos a ideas, si esto es factible, o en señalar el caso contrario, e indicar en qué casos los sonidos que unos y otros emiten constituyen propuestas formales, cuyo cumplimiento podría ser eventualmente exigido, aunque sólo fuera en el plano moral, y en qué otros no son más que cortinas verbales detrás de las cuales los candidatos, transformados en gobernantes, podrían hacer cualquier cosa o no hacer nada, sin peligro de ser llamados a responsabilidad.
Este artículo, detrás del cual vendrán otros cuando las circunstancias del debate preelectoral lo vayan aconsejando, se propone contribuir al cumplimiento de ese deber profesional. Para ello enunciará fórmulas que están o pueden estar sobre el tapete político. No las asociará a nombres ni partidos, ya que su misión no es guiar al elector sino sólo ayudarle a que se abra paso por sí mismo a través de la selva dialéctica.
Modernización. Ni esta palabra, ni ninguna fórmula que la contenga, ha ingresado aún en este debate preelectoral. El mérito por ello debe parecerle al presidente Sanguinetti, cuya gestión demostró terminantemente que era un vocablo demasiado abstracto como para transmitir un compromiso verdaderamente exigible. Si bien el Presidente no podría nombrar ningún acto de su gobierno que proporcionara sustancia a su promesa de modernizar, tampoco sería posible enrostrarle ninguna omisión concreta. Entró en materia con esta palabra porque representa un ejemplo excelente de una fórmula que el ciudadano debe rehusarse a tomar en cuenta a la hora de decidir su voto.
El elector, en efecto, debe pensar que si el candidato tuviera intención de modernizar, especificaría de qué manera pensaba hacerlo. Por ejemplo, privatizando determinadas empresas, desregulando determinados mercados, eliminando determinadas trabas administrativas, etc. "Privatizaré la mayoría de los servicios portuarios, desregularizaré el mercado de seguros, permitiré la libre importación de alcohol, eliminaré todo trámite no aduanero para el comercio exterior": he aquí una nómina breve pero ilustrativa de fórmulas capaces de traducir compromisos operativos.
Reforma del Estado. Por análogas razones, esta fórmula debe rechazarse si no viene acompañada de imprescindibles especificaciones. La técnica consiste en pensar una maquinaria estatal moderna y enjuta, eficaz y diligente, honesta y sensible, flexible e imaginativa. Y, una vez pensada, cuando ya no le quedan rastros ni de burocratismo, ni de mezquindad, ni de concupiscencia, ni de tontería, el candidato la postula. Es como si mostrara el plano de una sala de conciertos que prometiera edificar, pero no es lo mismo. Los materiales obedecen a los arquitectos y a los constructores y a los albañiles. El Estado es un conjunto de hombres y mujeres con motivaciones autónomas, con comprensión de sus funciones o sin ella, con benevolencia o con malevolencia hacia el público, con desinterés o con avaricia. No se puede postular a un Estado tal o cual, y a quien lo postule, a quien enfrente al electorado con un plano del Estado ideal bajo el brazo, hay que preguntarle cómo espera lograrlo, qué cambios concretos propone introducir para plasmar su proyecto. Con describir éste todavía no nos ha dicho nada.
Los funcionarios públicos tienen la misma extracción social y cultural que los agentes privados, pero su comportamiento es radicalmente diferente. Las motivaciones que sobre ellos se hacen actuar, totalmente distintas, explican la disparidad. El agente privado suele promover los fines propios de la organización en que trabaja porque de ello depende la estabilidad de su empleo y su progreso laboral. Si hacemos que su futuro laboral dependa sólo de su antigüedad en el trabajo, y que ningún acto de servicio y, más típicamente, ninguna omisión, pueda costarle el empleo, tendremos burócratas en la actividad privada. El candidato debe decirnos cómo espera librarse de ellos en la pública. Eso significa cómo espera cambiar las motivaciones de los funcionarios, lo que les impulsa a actuar o a abstenerse, a usar su imaginación o aferrarse a la rutina, a sentirse servidores del público o inclinados a probarse a sí mismos su propia importancia actuando despóticamente.
Un Estado planificador. En vez de postular un Estado perfecto, algunos candidatos quieren encargarle la asignación de los recursos productivos. La propiedad de las empresas permanecerá en manos privadas. Su administración podrá llevarse a cabo por los dueños sin mayores cortapisas, pero una empresa nueva, ¿a qué se dedicará? Para ayudar al empresario privado a decidir, el candidato llama al Estado y le pide que les suministre orientación. Para ello, ¿no tendrá que planificar? Los franceses, los ingleses, los holandeses, todos abandonaron la planificación indicativa de que tanto se hablaba hasta principios de la década de los 70. ¿Ahora nosotros iríamos a resucitarla? El Uruguay ya tuvo dos planes de desarrollo, cuya falta de gravitación práctica fue pareja, y total. ¿Ahora querríamos fabricar otro mamotreto para que juntara polvo en los anaqueles? No, en algún caso se responde, una cosa es planificar, otra orientar. Pero al orientador, ¿qué o quién le instruirá hacia dónde orientar los recursos? Los partidarios del mercado dicen que eso es lo más difícil, y que la gran ventaja del mercado es precisamente esa. Entre nosotros, sin embargo, igual que aquéllos que querían enviar una aeronave al sol pero para que no se derritiera haciéndola ir de noche, hay quienes dicen orientar sin planificar, y orientar hacia donde más convenga al país. ¿No es sencillo y práctico?
Privilegiar la producción, no la especulación. Este es uno de los favoritos del Río de la Plata. En la Argentina la variante más difundida incluye denostar la Patria Financiera, un antipaís donde se persigue a industriales y fabricantes y se promueve a financistas y especuladores.
Alguna diferencia debe existir entre estos dos, si se usan dos palabras distintas para denostarlos, pero en la práctica financistas y especuladores son indistinguibles. Un financista/especulador es alguien que gana colocando dinero a interés o en divisas. Su estigma viene de que no produce bienes tangibles pero los consume con lo que artificialmente gana manejando dinero. En el Uruguay el concepto de Patria Financiera tiene menos difusión, pero en lo demás es todo muy parecido.
El fundamento sensible de esta afirmación de intereses contrapuestos entre producción y finanzas/especulación radica en las coyunturas de altos intereses que son frecuentes, diríamos endémicas, en esta región. A veces los intereses reales son altos, a veces no. Aun en esta segunda hipótesis mucha gente piensa que es imposible hacer industria o agricultura si la tasa de interés llega a 100% u otra tasa nominal análogamente alta. Quienes se benefician cuando los intereses nominales son elevados son ante todo ahorristas, muchos modestos, en su mayoría gente mayor. Pero los políticos sólo hablan de magnates que todavía usan cadena de oro y galera. Como los intereses son altos (nominales o reales, no es cuestión de complicarse la vida) los magnates hacen ganancias fabulosas. Si los gobernantes permiten esto es que trabajan para los magnates. El planteamiento es directo.
Las preguntas que habría que formularles a estos políticos son dos: en primer término, si conocen algún caso de tasas desmesuradas sin inflación. La respuesta tiene que ser negativa. Si se logra que reconozcan que la inflación la produce el gobierno —puede que se resistan, pero la evidencia en ese sentido es arrolladora— tienen que argumentar que los gobiernos producen inflación para satisfacer a los financistas/especuladores, y eso ya plantea problemas. Sobre todo, hay que preguntarles quién paga los intereses desmesurados. Cuando lo son realmente, la respuesta es que la mayor parte de las veces el único que toma prestado a ella es el gobierno, para postergar la emisión que su déficit en definitiva hará inevitable. En síntesis, basta con disciplinar al gobierno para que toda esa supuesta oposición de intereses entre producción y finanzas/especulación se desvanezca.