Febriles, los preparativos de privatización que se están llevando a cabo en el marco de la Administración Menem, bajo la conducción del Ministro Dromi, supieren una tarea encarada con la conciencia de que en ella la Argentina se juega algo parecido a la supervivencia. Pero el movimiento en tal sentido recorre el mundo entero: el mundo altamente desarrollado, donde Gran Bretaña bajo Thatcher ha desempeñado el papel pionero, y el menos desarrollado, desde Bangladesh a México, desde Jamaica a Uganda, desde Filipinas a Perú, con los papeles protagónicos en este caso tal vez en manos de Turquía y Chile; el mundo de los países que proclaman su adhesión irrestricta a la economía de mercado —como una vez más— Gran Bretaña y EE.UU., aquéllos cuyos Gobiernos se sitúan en el campo socialdemócrata, como Suecia, España, Francia, Italia y Portugal, y los Estados autodenominados marxistas, incluyendo la URSS, con la conspicuamente declarada excepción de Cuba, y el franco liderazgo de Hungría y Polonia; abarcando empresas tan implausibles como el puente del Bósforo, carreteras en la India, el servicio de agua y los aeropuertos de Gran Bretaña, así como los más típicos y múltiples bancos, empresas de comunicaciones, puertos, líneas aéreas, hoteles, y manufacturas variadísimas.
En el Uruguay, mantenido básicamente fuera de este movimiento universal por la concepción del Presidente Sanguinetti de su tiempo en el gobierno como un período de transición en que no debía ocurrir nada abrasivo, la privatización y desregulación tendrán que contarse entre las principales, a la vez que primeras, tareas de la Administración a instalarse en marzo del año próximo; también a nosotros nos va en ello algo parecido a la vida.
En el Uruguay el valor agregado por las empresas estatales es sumamente elevado, contra lo que afirman algunos despistados que presumiblemente encuentran que contar el número de tales empresas es un criterio apropiado en tal sentido. La última estimación que conozco al respecto se sitúa en el orden del 9% del producto nacional, cuando en Gran Bretaña antes de las privatizaciones thatcherianas era del 10%, y en la Suecia supuestamente socialista, tradicionalmente menos del 6%. La importancia del sector es particularmente destacable entre nosotros por el carácter estratégico de los rubros que abarca —toda la energía, todas las comunicaciones— y porque sus ineficiencias se suman a las peculiaridades tributarias para distorsionar los precios relativos de una manera notablemente destructiva. También resulta un sector sumamente gravoso por los aspectos regulatorios que lo acompañan, que cierran a la actividad privada grandes áreas de actividad, invariablemente abiertas a ella fuera del bloque sino-soviético —v. gr. los seguros y ciertas zonas de la producción de bebidas— mientras que la distorsión de los precios relativos simula impuestos prohibitivos para vastos sectores de las industrias de alimentos, licores, perfumes y artículos de tocador (que de una manera u otra usan intensivamente el alcohol y el azúcar).
Aparte de precios distorsionados, la insuficiencia de la calidad de los bienes y servicios suministrados por las empresas públicas —v. gr. las interrupciones de la provisión de electricidad y de las comunicaciones telefónicas— a la vez que la escasez endémica de algunos de ellos representa fuertes disuasivos para la instalación de nuevas empresas y serios obstáculos para el desarrollo de las existentes en diversos rubros industriales. No puede afirmarse que la privatización intensa y la desregulación drástica sean condiciones suficientes para hacer zafar al Uruguay de su prolongado y cruel estancamiento, pero no cabe realmente abrigar dudas en cuanto a que efectivamente representan en tal sentido condiciones necesarias.
Por más que sea imposible concebir que el Uruguay pueda quedar fuera del movimiento universal de privatización y desregulación en los próximos años, no se nos oculta que su avance ha de verse obligado a superar algunos obstáculos considerables. En primer lugar, la opinión pública, aun mostrándose sumamente crítica de la calidad y precio de los servicios que le deparan las empresas estatales, como lo indican las encuestas, se muestra al mismo tiempo renuente, según los mismos elementos de juicio, a extraer la conclusión de que su condición como usuarios se vería sobremanera mejorada con la devolución de los entes públicos al sector privado. Ocurre que por demasiado tiempo han oído asegurar que las estatizaciones se hicieron para protegerles de la avidez de lucro de los capitalistas privados, y que la reversión de aquel proceso redundaría en su perjuicio. En lugar de la vía sencilla de la privatización, ponen tal vez sus miras en la misteriosa, más aún, mágica, mejora de eficacia que algunos políticos les prometen.
Por importante que sin duda es tal oposición, por venir nada menos que del soberano, es preciso presumir al mismo tiempo que carecerá de solidez, apenas surja en el próximo Gobierno el liderazgo adecuado. La gente no se resuelve a decir respecto de las empresas estatales lo que siente, y en el fondo piensa, porque desde la escuela ha aprendido a tratar al Estado con una reverencia cuasi religiosa. No bien surja un conductor que les muestre que las vacas sagradas que le han enseñado a respetar son falsos ídolos, y que su bienestar depende de que se avenga a pensar racionalmente al respecto, se verá la actitud reverencial del público disiparse como la neblina matinal.
Más sustancial, por tanto, ha de presumirse la segunda clase de oposición a considerar, a saber la de los dirigentes sindicales. Este no es un fenómeno propio de nuestro país, sino de vigencia general. Sir Alan Walters, economista del Banco Mundial y asesor personal de Margaret Thatcher, ha escrito al respecto: "Tradicionalmente los sindicatos, o, con mayor exactitud, los dirigentes y funcionarios de los sindicatos, han sido enérgicos partidarios de la propiedad pública de las industrias. Es mucho más fácil sindicalizar a los trabajadores... en un sistema de propiedad estatal que en las circunstancias competitivas del sector privado. Los dirigentes sindicales han adquirido poder y prosperidad en el marco del sistema de propiedad y control por el Estado. Cuando se nacionalizan, las industrias adquieren muchas de las prácticas laborales de la administración pública, que comprenden por una parte la seguridad en el empleo y las prestaciones marginales de dicha administración, y, por la otra, el peculiar sistema no gerencial que permite 'hacerle cargar el fardo a otro', con la consiguiente dilución de responsabilidades. No cabe duda de que la sindicalización tiende a elevar las tasas salariales de los miembros de los sindicatos a expensas de los trabajadores y usuarios que no pertenecen a ellos, y que esa distorsión se ve acentuada por el poder político de la nacionalización. El control de los servicios públicos esenciales, como la electricidad, el agua, el transporte ferroviario, etc., les confiere a los dirigentes sindicales tanto poder que ni un santo podría resistir la tentación. Y en las brutales luchas por la dirigencia, han sido los implacables, y no los santos, quienes han conquistado el control".
En buena medida estas apreciaciones del destacado economista británico resultan pertinentes a nuestra realidad. La propaganda televisiva que está llevando a cabo el sindicato del BSE con el apoyo del PIT-CNT en defensa del monopolio estatal de los seguros es una muestra elocuente de lo que puede venir si, como prevemos, en marzo de 1990 se plantea una iniciativa ampliamente privatizadora y desreguladora; esta temprana manifestación nos muestra a los sindicalistas dispuestos a todo. En los avisos de marras no vacilan en mostrar a los inversores privados, presuntamente extranjeros, como ladrones de guante blanco que se evaden con valijas desbordantes de dinero robado. En un momento en que en Europa oriental socialista los inversores privados extranjeros son declarados bienvenidos, y la privatización y desregulación cunden por doquier, la apelación de esos dirigentes a los temores tribales que presumen subsistentes en la conciencia de nuestro pueblo trasunta una audacia y un grado de militancia que no hacen prever para el movimiento privatizador y desregulador una marcha ni placentera ni suave, cuando deba recorrérsela el año próximo.
Lo que, por supuesto, no significa que ella deje por tal motivo de estar impuesta por un imperativo que brota del más elemental interés nacional.