Últimamente el Sector Público ha dado a publicidad una corriente nutrida de información financiera, que nosotros hemos seguido con interés, si bien no siempre con facilidad.
Algunos cambios en la dirección de la transparencia son dignos de destaque. La ANP ha difundido un boletín titulado "Estados Contables: 1988" que contiene información clara y desarrolla un análisis interesante de las cifras. El estado de situación al 31-12-88, la respectiva cuenta de resultados, y un extracto de las notas a dichos estados publicadas in extenso en el boletín, aparecieron en varios órganos de prensa la semana pasada. Por lo que podemos recordar, esta es la primera entrega de la ANP dirigida a la información general sobre su gestión y situación financiera que representa algo más que cumplir con una mera ritualidad. En tal sentido no debe dejar de mencionarse que asimismo ANCAP por segundo año consecutivo ha publicado estados contables que incluyen información sobre resultados. Anteriormente, ese tipo de datos figuraba en las Memorias Anuales del organismo, pero no se incluían en el balance difundido por medio de la prensa. Ni siquiera contenían los rubros patrimoniales del estado de situación los datos elementales que suelen incluirse acerca de la ganancia o pérdida neta del ejercicio. Estos movimientos de ANP y ANCAP en la dirección correcta merecen, como decíamos, subrayarse.
En cambio el Banco de la República ha persistido en su política de publicar balances que dejan al lector en total oscuridad acerca del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, y ello no sólo en el estado divulgado periodísticamente, sino asimismo en la Memoria Anual. La aparecida este año, relativa a 1988, reproduce las características de las anteriores: gran calidad del papel, cuidadosa impresión, atractivas fotografías, información estadística y económica general sobre el país y sobre la participación promocional del Banco, así como otras actividades de la institución, por ejemplo su apoyo a la cultura y su vinculación con entidades internacionales; pero sobre si ganó o perdió dinero, ni una palabra.
Esto plantea claramente el problema de encontrar, acerca de esa actitud, una explicación razonable. Porque sin duda se trata de un comportamiento excéntrico. Los balances de todas las empresas del mundo se integran con cuentas de resultados. Lo que es más importante aún, cuando los accionistas de una empresa tienen acceso a un balance, lo que miran primero y más ávidamente es la cuenta de resultados, o al menos su saldo en el estado de situación. En la mayor parte de los casos, el público no especializado carece de la pericia, o del tiempo, para ir más allá. Pero sabiendo si la empresa ganó o perdió, el accionista adquiere una información que sin duda le interesa. Pues bien, el BROU no nos suministra a sus propietarios —naturaleza que los contribuyentes de impuestos de este país sin duda revestimos— (ya que, respecto de todas las empresas estatales, debemos solventar las pérdidas y podríamos beneficiarnos con una rebaja del impuesto inflacionario si hubiera beneficios) la información que en ningún otro sitio ninguna otra empresa niega a ninguno de sus dueños.
Con toda certeza esta reticencia de la ya casi centenaria institución en parte refleja la concepción sobre su naturaleza que trasciende vastamente la de una entidad financiera. Las empresas de esta clase deben intermediar en el crédito, básicamente entre ahorristas e inversores. Deben ser expertas en captar recursos en la forma más económica posible, y seleccionar prestatarios que minimicen los riesgos de cobranzas dificultosas. Si el mercado de crédito es competitivo y la empresa logra una utilidad, puede presumirse que la gestión de sus gerentes ha sido eficaz. Nada de esto, sin embargo, se aplica al BROU. Este es un receptor de subsidios por valor de decenas de millones de dólares al año, tanto por transferencias ostensibles como a través de depósitos no remunerados de entidades oficiales, y a su vez distribuye transferencias variadísimas por sumas concebiblemente análogas a las que recibe, una vez más tanto bajo la forma de subsidios relativamente abiertos como a través de operaciones bancarias que lleva a cabo en un carácter de prestamista de última instancia económico-social, por así decirlo, que no habría consentido en llevar a cabo por sus respectivos méritos comerciales. Hay que reconocer que la cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad tal no es estrictamente asimilable a la de ningún otro banco ni de ninguna otra organización empresarial. Dicho esto, sin embargo, es preciso recordar que las consecuencias económico-financieras del déficit o superávit del BROU sí son asimilables a las de los demás componentes del Sector Público, por las razones recién indicadas. Dada la enorme importancia de las transferencias activas y pasivas, los datos sobre los resultados financieros podrían no sernos de utilidad para juzgar sobre la gestión del directorio, pero sí lo serían para enterarnos acerca de si aquellos están propendiendo al equilibrio global o inversamente están agravando el desbalance macroeconómico que padecemos.
Esta carencia de las cuentas dadas a publicidad por el BROU resulta potenciada por la peculiar definición del déficit parafiscal adoptado por las autoridades, en la cual a propósito del Sector Público Financiero sólo se incluye al BCU y determinados rubros relativos al BHU, pero no en ninguna medida al BROU, como tampoco a la banca gestionada. Los estados difundidos por esta entidad sí sirven para una cosa, y ella es recordarnos su enorme tamaño en relación al país en que está inserta. Una pérdida financiera equivalente apenas a 2,8% de su activo de casi 3 mil millones de dólares acrecentaría el déficit agregado en un punto del PBI, o sea en más de 20% de la cifra anunciada.
Otras dificultades se plantean por la falta de consistencia de distintas cifras publicadas sobre una misma magnitud. Un estado financiero del BPS también tuvo difusión la semana pasada, donde también se trasluce un nuevo y bienvenido deseo de transparencia. La dificultad aparece de todos modos en cuanto a la estimación del déficit del sistema que dicha entidad administra. Los datos que allí se comunican sobre los egresos del sistema, situados en el equivalente de U$S 783 mm., o 9,9 puntos del PBI, coincide con los previamente difundidos. En cambio los ingresos que el organismo informa como "recursos propios" suman el equivalente de U$S 517 mm., o 6,5 puntos del PBI, mientras que la información previamente disponible ubicaba los egresos en un nivel del orden de 8 puntos del producto. Es posible que parte de lo que otras oficinas están informando como ingresos del organismo incluyan aportes del Estado por su propio personal que el mismo BPS identifica como "Asistencia Financiera". Una diferencia de 1,5 puntos del producto está en juego en la justipreciación del de todas maneras inquietante desbalance financiero de la Seguridad Social, y no es fácil de resolver el enigma con la información accesible.
Análogamente, la información suministrada por la OPP sobre las finanzas de las empresas no financieras del Estado, comentadas en la página 35 de nuestra última edición, atribuye a la ANP un superávit global equivalente a U$S 2 mm. para el año 1988, mientras los estados difundidos por el organismo denuncian para el mismo período una pérdida de U$S 19 mm. Entre la penuria de datos y la sobreabundancia de datos internamente contradictorios, no es fácil elegir.
En la cosecha de glasnost que nos ha deparado la reciente temporada de publicaciones oficiales encontramos, concretamente en el boletín de la OPP titulado "Ahorro, Inversión y Financiamiento del Sector Público: 1987", datos sobre el número de funcionarios públicos que no han dejado de inducirnos un cierto descorazonamiento. Entre el fin de 1985 y el de 1987, los números de la burocracia se hincharon en la friolera de 23 mil 300 funcionarios, un incremento de 9,4% que situaba la plantilla estatal a fines del '87 en 272 mil cabezas, y se concentra en el gobierno central y en los departamentales, con incrementos, respectivamente, de 11,6 y 12,5%. Algo sustancial tendrá que cambiar en el próximo período de gobierno si los agentes económicos han de recobrar su confianza en el país, y mostrarse dispuestos a comprometer sus recursos en inversión real. Una creciente transparencia de la Administración, cuya información sea no sólo razonablemente abundante, sino también clara y coherente, es una condición necesaria para ello, pero obviamente hay otras que también se necesitan, ninguna más apremiantemente que la reversión de la desquiciante marea burocrática.