La gestión de intereses especiales en las democracias, canalizada fundamentalmente por legisladores que identifican a sus respectivos grupos de presión como sus clientelas electorales, representa, sin duda, el gran peligro de la democracia, a la vez que el talón de Aquiles de la estabilidad político-institucional.
Ante el hecho odioso de la ruptura institucional no basta protestar "¡Nunca más!"; lo pertinente, en cambio, es inquirir cuáles fueron sus causas para evitar por todos los medios posibles su repetición. La vigencia de la Constitución no es un hecho mecánico ni una consecuencia misteriosa del resultado de un plebiscito. Ella reposa sobre la convicción profunda de la ciudadanía en la gran dignidad de la Ley y en su esencial unidad con el principio de justicia para regir la sociedad política. Su piedra fundamental es el texto de la propia Constitución que consagra la igualdad de todas las personas ante la ley. Esta a su vez es igual que el principio de justicia, excluyendo necesariamente las leyes dirigidas a promover intereses particulares, desde las que, como dice el habla popular, tienen nombre y apellido, hasta las que procuran ventajas para un gremio o un segmento especial de la población a expensas del grueso de ésta o de otro grupo especial, que por el momento resultarán perjudicadas hasta que vuelvan por sus fueros.
Esta selva institucional, donde el hombre es lobo del hombre, y el grupo de presión es el lobo del grupo de presión, o el lobo de la comunidad como un todo, llamada a ser regida por la Constitución y la justicia, sino por la ley selvática de la jungla, debería ser difícil convencer de esto a los escépticos; pero henos aquí en el año del lobo.
Tradicionalmente todos los años electorales han sido así. La gestión de intereses especiales ha sido entonces cuestión de supervivencia política. Un considerable número de legisladores la practica. Los hay que cultivan los grupos de presión de los pasivos, y los hay que hacen la abogacía parlamentaria de los inquilinos, y que cultivan innumerables sectores de la gran masa social. En alguna medida esto es inevitable. Pero la democracia no es una planta delicada, pronto perece apenas el primer viento adverso; su rusticidad tiene límites. En el año del lobo hay serios riesgos de excederla.
Los inquilinos son más que los arrendadores, y por ello pisan fuerte en el mercado político, y cuentan con lobbyistas especializados y legisladores que apoyan sus argumentos. De pronto, oyendo a éstos, nos enteramos de que el mercado es totalmente incapaz de proveer de vivienda a los que no la poseen; pero oímos, en cambio, que el déficit habitacional en Montevideo nunca se conoció antes de las llamadas leyes de alquileres, y que más allá de toda duda posible la escasez de viviendas para alquilar y su elevado precio son consecuencias directas del gravamen implícito para los propietarios arrendadores que ellas implican. Una vez más, ahora se intenta resolver el problema coyuntural de un grupo determinado a costa de otros dos: de los propietarios de hoy, que procurarán no serlo ya más mañana, y de quienes intenten encontrar una casa para alquilar en el futuro.
Aparte de la sólita prórroga de los lanzamientos, es decir, de la negación burda del derecho de los propietarios a recuperar sus fincas, forzados al mismo tiempo por ello mismo a subsidiar a quienes sólo la comunidad como un todo, mediante el pago de impuestos genuinos, podría en derecho y en justicia subsidiar, aparte, como decíamos, de este camino que lleva para medio siglo de ser transitado una y otra vez, ahora se intenta un nuevo medio para el mismo fin: gravar con un impuesto las viviendas desocupadas, a fin de incrementar la oferta del mercado. Pero ¿por qué misteriosa razón haría falta un impuesto para conseguir que los dueños de propiedades dejen de tenerlas estériles, y obtengan de ellas una renta? ¿Acaso hay que poner impuestos a los comerciantes para forzarlos a vender sus mercancías? El caso, por supuesto, es que los propietarios retiran sus fincas del mercado por el miedo que el Parlamento les inspira. Si ahora se les quita hasta esa última válvula de seguridad, será el mercado de venta de inmuebles que se verá atiborrado de ofertantes, con la caída consiguiente del valor de las viviendas ya construidas, el consiguiente desplome de las decisiones de invertir en construcción, la crisis de la respectiva industria, de todas la más intensiva en mano de obra.
Entretanto, también los trabajadores de la construcción se han movilizado en el año del lobo. ¿Para defender sus puestos de trabajo oponiéndose al impuesto a las viviendas desocupadas? Por supuesto que no, ello cuadraría con otra lógica que la predominante en los tiempos que corren. En lugar de ello, a fin de gestionar una ley de vivienda especial para el gremio. Como toda ley de vivienda para un grupo especial, no se trata de otra cosa más que del subsidio de la compra de habitación por sus integrantes a costa de la comunidad. ¿Qué tienen los trabajadores de la construcción que les falte a los demás ciudadanos —que a montones querrían subirse al convoy que lleva a la soñada casa propia— para que el resto de la sociedad tuviera que subsidiarles la compra de las suyas? Pues tienen la fuerza de los números, y la agresividad de sus organizaciones, como para poner un cerco al Palacio Legislativo y acampar allí hasta que se concrete el privilegio a que aspiran.
Pero sobre todo tienen los números, y la capacidad de actuar aglutinadamente, que en el año del lobo es lo que realmente cuenta. Y si no, que lo digan los jubilados. El grupo sin duda más desprotegido y esquilmado de todo el país, precisamente porque sus instrumentos de presión se reducen a uno solo, que sólo se puede usar cada cuatro o cinco años. Los administradores políticos de los institutos previsionales despilfarraron el capital que era suyo, hecho con sus aportes, como quien dice con el sudor de sus años de actividad, y ahora los legisladores políticos les ofrecen una salida fácil, una ley que les devuelva lo que les birlaron, así de sencillo, un método de indexación que asegure que su nivel de beneficios será tal o cual. Con prescindencia de lo que pase en la economía del país. Por imperio de la ley, o —por si esto fuera poco— de la Constitución. Lo más triste del año del lobo es el engaño en gran escala.
Vivienda digna para todos, salario justo para todos, trabajo para todos, y muchas cosas más, todo eso está ya asegurado en la Constitución. Está todo en la Sección II, que trata de los "Derechos, deberes y garantías". Lo que no dice la Constitución es a quién va uno a reclamarle cuando el derecho no es respetado. Y cuando los derechos no pueden en conjunto ser respetados, porque exceden de lejos la suma de los recursos disponibles, porque en el año del lobo y tiempos similares nadie se detiene a hacer las sumas de todos los derechos que se crean y de todos los recursos que hay para cumplir con ellos, el Gran Rey de Borgoña es el único a quien se pueden ir a quejar los damnificados.
Mientras tanto el espectáculo es desmoralizador. La economía, en el transcurso del forcejeo de los grupos de presión, alentados por sus cultivadores legislativos, se desquicia. Hay menos recursos para satisfacer más aspiraciones consagradas en textos que deberían ser objeto de reverente respeto por la ciudadanía, y que en definitiva sólo puede ser motivo de amargo desprecio o de sarcástica irrisión.
Pero el respeto por la ley, la veneración por la Constitución, esos sentimientos inapreciables, son la argamasa que mantiene firme el edificio institucional, el pilar de nuestras libertades. Ver cómo se lo socava, sin que la sociedad genere fuerzas capaces de oponerse a los socavadores, es un espectáculo nada menos que angustiante.
La idea de que las instituciones se consolidaron en el quinquenio que concluye ha hecho camino. Es una idea optimista, grata, que no puede ponerse en tela de juicio sin sincero pesar. Nosotros, sin embargo, fechando estas palabras en el año del lobo, querríamos señalar dos cosas. Primero, cuánto se parece todo lo que estamos presenciando a otras cosas semejantes que ya vimos, y cuyos efectos experimentamos. Segundo, que esos efectos, es decir, el recuerdo del dolor y la vergüenza del decaimiento de las instituciones, son en este momento la gran fuerza que infunde estabilidad al edificio constitucional; pero que, al mismo tiempo, es una fuerza que carece de duración indefinida.