Es un lugar común afirmar que los comicios muestran a la sociedad uruguaya bajo su luz más favorable. De los del domingo pasado, sin embargo, ello no es más que una verdad parcial. Junto con una votación en que los ciudadanos eligieron sus autoridades nacionales y departamentales con notable normalidad y madurez, se celebró un plebiscito para enmendar la Constitución en un sentido que implica desvirtuar la Ley Fundamental, usándola como vehículo de transferencias financieras. Y su resultado abrumadoramente positivo dejó ver una inquietante vulnerabilidad de nuestra democracia frente al insidioso ataque de la demagogia, y por ende su radical inestabilidad, a la vez que dejó a nuestra economía instalada sobre el borde mismo de un precipicio hiperinflacionario. El presente artículo tiene por fin hacer una primera aproximación al tema de la suerte que esa economía presumiblemente correrá a partir de la precaria situación en que el plebiscito del 26 de noviembre la colocó.
Comencemos por reiterar los términos del problema. Antes que nada, conviene señalar que el organismo puesto a hacer equilibrio sobre el pretil dista de tener buena salud. Luego de desarrollarse vigorosamente durante 1986/87, entró en un estancamiento que dura ya dos años. Padece un déficit muy grave, del orden de US$ 500 millones, o 6 puntos del PBI. El sistema central de pasividades (BPS) desembolsa recursos por unos 10 puntos del PBI, financiados en un 80% con los tributos específicos del sistema y en 20% con asistencia de la Tesorería. Aproximadamente, el déficit global se cubre en un 50% con deuda y en un 50% con emisión. Esta serviría para explicar una inflación del orden del 70%, pero la renuencia de los agentes a usar los pesos como depósito de valor —y su consiguiente huida de nuestro dinero— ha adicionado otros 20 puntos a la inflación.
La enmienda constitucional ha venido a darle a ese endeble organismo que trastabilla junto al abismo un empujón que puede resultarle fatal. Un estudio de CERES acerca del impacto financiero sobre el presupuesto del BPS lo sitúa en apenas menos de 2 puntos del PBI. Si se tiene en cuenta que el ámbito de influencia del plebiscito excede apreciablemente del ámbito del BPS (sistemas militar, policial, bancario, profesional, notarial), hay que concluir que aquella cifra subestimaría el efecto en alguna medida no insignificante. Los datos consignados también arriesgan a subestimar la dificultad en tanto presumen, con un optimismo que el tiempo permitirá evaluar, que el gran descenso que exhibe la recaudación impositiva central del 3er. trimestre de 1989 se explica en buena parte por un componente negativo no sistemático, que por lo tanto no se hará presente en lo sucesivo.
¿Cómo debe analizarse el impacto del plebiscito? Sugiero que partamos de considerar que, a partir de mayo, cuando comenzaría la vigencia efectiva de aquél, las demandas de la población sobre la producción nacional (de paso, estancada) se verán aumentadas en un 2%. Por lo tanto habrá incompatibilidad entre la demanda agregada y la respectiva oferta de bienes y servicios. Aunque la reforma calla sobre los recursos a que habrá de echarse de mano —apenas aludiendo a "la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado…", como si el Estado poseyera él mismo recursos, en lugar de ser, como esencialmente es, un pobre de solemnidad que vive sólo de lo que sus súbditos le transfieren— aunque, como decía, el plebiscito sólo habla de beneficios, los costos no están por ello menos presentes en sus efectos. Por aquello de que 2 + 2 no pueden sumar 5, es absolutamente imperativo que el incremento de las demandas derivadas del ajuste constitucional de pasividades se compense con una contracción, del orden de US$ 160 millones, de la absorción de recursos (consumo + inversión) de la comunidad en general. La pregunta es qué acontecerá a fin de que esa inevitable contracción de hecho se verifique.
En una entrevista televisada con representantes de los pasivos oí a uno de éstos sugerir que los recursos para el pago del nuevo beneficio podrían salir del aumento de la recaudación, por evitarse la importante evasión en que actualmente se incurre.
Ante todo, es preciso tomar conciencia de que semejante posibilidad no es distinta en esencia, desde el punto de vista económico, de una financiación con elevación de impuestos. El hecho de que los impuestos que vendrían a recaudarse serían de los ya previamente legislados no altera el hecho de que tendríamos un aumento de la presión fiscal, por tanto presumiblemente una reducción de la inversión, del producto, y del nivel de empleo. En segundo lugar, hay que tener presente que la recaudación está cayendo, que probablemente se necesite un gran esfuerzo para detener esa caída, y que presumir que es posible revertir esa tendencia con medidas administrativas es sencillamente fantasioso. En tercer lugar, conviene mencionar que la evasión fiscal está aumentando en todo el mundo, y que hasta en los EE.UU., supuestamente baluarte de la administración férrea de los impuestos —Al Capone pudo burlar a la policía pero no a Elliot Ness y sus auditores/detectivas, y todo lo demás— ha aparecido una economía informal de significativos alcances, que, innecesario decirlo, no paga impuestos. El crecimiento de la evasión fiscal a nivel mundial es la respuesta de los contribuyentes abrumados por la elevación de impuestos llevada a cabo ferozmente durante décadas, en el Uruguay como en todo el mundo, y lo que estamos presenciando es sin duda un fenómeno de reflujo de una tendencia que duró cosa de medio siglo.
Tampoco existen perspectivas de aumentar la presión tributaria con impuestos nuevos o aumento de las alícuotas o tasas de los actuales. Para que se tenga una idea de las proporciones de la dificultad, mencionemos que el IVA rindió 7 puntos del PBI en 1988, y que ahora estamos hablando de algo que equivaldría a aumentarlo en un 30% (lo que implicaría situar la alícuota básica en 28%).
En suma, estimo que la solución por el lado del incremento de la presión fiscal carece decididamente de realismo. Otra posibilidad a enumerar consistiría en la venta de activos del patrimonio colectivo. O sea que los contribuyentes, en lugar de aumentar el flujo de sus transferencias por impuestos, transferirían la propiedad efectiva de sus bienes a los beneficiarios del plebiscito. Se trataría de vender el oro y las empresas estatales y colocar el producido a interés, a fin de poder atender a la erogación recién constitucionalizada. (A propósito, a ver a quién se le confía la administración de ese capital, porque la última vez que los administradores de la seguridad social tuvieron uno, lo despilfarraron despiadadamente). Un inconveniente consistiría en que el capital así reunido sería tal vez insuficiente, si bien resolvería la mayor parte del problema. Otro más grave, es que la venta de las empresas tomaría demasiado tiempo para evitar las consecuencias del déficit que acaba de aprobarse. En la práctica, todo se reduce a la propuesta de la venta del oro, de que tanto hemos oído hablar recientemente, sólo que con una finalidad algo diferente. (Entre paréntesis, cabe señalar de que estamos hablando de una erogación incremental que se sitúa en el orden del 50% del servicio de la deuda externa).
Otra posibilidad consistiría en la reducción de otros gastos que pesan sobre el presupuesto nacional. No es necesario destacar las dificultades que esto implica. La finalidad de esta hipotética reducción agrava esos inconvenientes. Si uno propone determinadas reducciones de gastos para eliminar una inflación puede presumir que sus efectos negativos se compensarán con el aumento de empleo y el crecimiento económico anejo a la estabilización. Por ejemplo, si se propone la supresión de cierto número de empleos públicos, en el presente caso no es dable fundamentarlo en el incremento del nivel de empleo que la reducción drástica de la inflación podría generar dentro del sector privado. Consiguientemente no creemos que haya que poner muchas esperanzas en esta posibilidad.
Residualmente, hay que considerar la posibilidad de financiar la nueva erogación emitiendo billetes. Cuando uno habla de hiperinflación como peligro concreto, suele enfrentar un grado considerable de escepticismo. Tal vez el público ha oído ya muchas veces gritar "¡hiperinflación!", igual que, en la fábula, "¡al lobo!". Yo querría recalcar que a veces los lobos vienen de verdad, y que las hiperinflaciones no son ogros de pega. En cierto modo la hiperinflación sería una solución genuina, al obligar a recortar el gasto a las posibilidades reales de la economía (puesto que el impuesto inflacionario se pierde cuando ya nadie acepta el dinero doméstico). El inconveniente radica en que el costo social de esta solución en definitiva genuina sería, para los pasivos no menos que para nadie, realmente apabullante.
En síntesis, no veo solución practicable que no sea fuertemente desaconsejada por poderosas consideraciones. Naturalmente, estoy partiendo de la base de que los políticos, que nos metieron a todos en el baile, no encontrarán a último minuto una escapatoria. Lo que bien puede subestimar su inagotable imaginación.