En este país los años electorales parecen perseguidos en lo fiscal por un destino fatídico. Tradicionalmente fueron años signados por un alto nivel de gasto y de déficit. Partiendo de 1952, se ha comprobado que la curva del gasto público exhibió una cresta en cada año electoral, y la tasa de inflación por su parte mostró, como era de esperarse, equivalente inflexión el año siguiente. El propósito electoralista sin duda estuvo detrás de esas reiteradas caídas en el despilfarro de los dineros públicos. Ante la perspectiva de la reiteración de semejante desequilibrio en 1989, fue altamente apreciado el compromiso que asumió tempranamente, y luego reiteró, el Presidente Sanguinetti, en el sentido de observar estricta disciplina fiscal en la instancia previa a las elecciones.
Las perspectivas de riguroso cumplimiento de esa promesa parecían favorecidas por la amplia distancia que el Dr. Sanguinetti tomó respecto de la contienda electoral. Es notorio que, a partir de la celebración de las elecciones internas del batllismo, el Presidente de la República dejó de manifestar interés en que su partido resultara triunfante en los comicios nacionales. El principal incentivo para incurrir en finanzas deficitarias en año de elecciones dejaba, por tanto, de tener vigencia.
No obstante, y por más que con características sui generis, 1989 quedará registrado en la historia de los años comiciales como otro más marcado por un profundo déficit. Ello se combina con una inflación ya en proceso de franca aceleración para plantear a la administración entrante una coyuntura francamente problemática.
Lo que a nosotros más nos sorprende en toda esta situación es el silencio que ha rodeado este tremendo deterioro sufrido por las cuentas fiscales, a partir de un éxito inicial considerable. La administración Sanguinetti debió soportar una inflación muy elevada en su primer año de gestión, consecuencia precisamente del alto déficit que le legó el régimen militar. El déficit agregado del sector público andaba en 1984 por los 10 y 1/4 puntos del PBI, según estimación del FMI consignada en la primera carta de intención negociada con la administración Sanguinetti. La inflación de 1985, apenas superior al 80%, podía considerarse todo un éxito. Posteriormente tanto el déficit como la inflación descendieron sostenidamente. En 1985 el déficit global había bajado, según cifras oficiales, a 7 y 1/2 puntos del producto, y en 1986 a algo menos de 5, mientras que la inflación se había reducido en este segundo año casi hasta 70%. En 1987 el desbalance andaba por el 4,2% y para 1988 se programó el 3,5%, mientras la inflación había bajado sensiblemente por debajo de la marca de 60%; una realización excelente, destacable sobre todo por su coherencia. "He aquí", se decía la opinión pública, "un gobierno que tiene metas claras y acciones consistentes con ellas". El proceso de estabilización gradual procedía acompasadamente a través de todas las variables significativas, sin notas discordantes.
Sin embargo las metas de 1988 no estaban destinadas a cumplirse. Ni la recién mencionada de un déficit global del 3,5% ni la que se formuló consistente en rebajar drásticamente la inflación a 45%. De hecho, el excedente de gastos se situó alrededor de un punto por encima del objetivo, y la inflación trepó bruscamente hasta 69%.
La historia de ese quiebre de la línea del gobierno Sanguinetti en 1988 —o que al menos se manifestó en 1988, dicho sea en previsión de que el origen pudiera ser anterior— todavía está por escribirse. Los años 86 y 87 habían sido, encima de todo lo ya dicho, años de saludable crecimiento real, y la recaudación había mostrado la propensión habitual a acompañar sobradamente el incremento del producto. Habría bastado un esfuerzo razonable del lado del gasto para que una verdadera hazaña de estabilización gradualista —en principio contraindicada en las grandes inflaciones, por su intrínseca dificultad— se concretara. El retroceso en todos los aspectos configurado en el '88, y más aún el año pasado, según en seguida podremos apreciar, nos llena por completo de asombro. De las propias filas oficiales no se nos ha suministrado clave alguna. En realidad una de las características salientes del gobierno Sanguinetti ha consistido en su terca renuencia a brindar información. Mientras las cosas fueron razonablemente bien, el presidente del BCU ofició de vocero, proporcionando una vez al año los datos esenciales. En 1989, que recordemos, no tuvimos, ni del Presidente Pascale ni de ningún otro portavoz gubernamental, análisis ni información algunos. Otros voceros insistieron en culpar a factores exógenos —hoy uno, mañana otro, pasado un tercero, como si hubiera un designio del azar en contra del Uruguay— en declaraciones puramente circunstanciales. En realidad puede describirse la actitud oficial como de mutismo absoluto, de silencio total.
Y ello es en verdad inquietante, porque durante el año que termina la inflación y la situación fiscal han sufrido un deterioro sumamente grave. La inflación en casi 90% es uno de los datos más publicitados y mejor conocidos, pero lo que más angustia tiene que causar, como es natural, no es el mero síntoma, sino el agente patógeno, el gran motor inflacionario, el déficit, que parece crecer sin tasa ni medida.
En el último trimestre sobre el cual contamos con información sobre el déficit global del sector público, que —créase o no— es sólo el segundo de 1989, la altura del desbalance es la vertiginosa de 8,4 puntos del producto. Henos aquí pues retrotraídos a una etapa que todos juzgábamos superada. He ahí la obra paciente de los primeros tres años de gobierno reducida a polvo. Y las autoridades, sobre este tremendo desbarajuste, ¿qué nos informan? Pues sencilla y absolutamente nada.
Con posterioridad al segundo trimestre, la información regularmente disponible a través del Boletín de prensa del BCU se refiere solamente a las finanzas del gobierno central, que incluyen de cierto modo el sistema de seguridad social, pero no el conjunto de las empresas estatales no financieras; y además algo podemos barruntar, con grandes dificultades, a partir de los balances monetarios del Banco Central. Lo que podemos decir sobre el tercer trimestre, en base a estas fuentes, es que el desbalance agregado nos luce todavía en el orden de 6 puntos del PBI, en el supuesto de que las empresas no financieras están en su nivel medio, aproximadamente nulo, y el llamado —mal llamado— déficit parafiscal sigue alrededor de 3%. Porque lo que realmente creemos percibir, después de desestacionalizar las cifras, es que el gobierno central en julio-setiembre padeció un desequilibrio superior a 5 puntos del producto.
Ha trascendido que los funcionarios han informado a los miembros de la administración entrante que el déficit global ahora anda por el 6 o 6 y 1/2 puntos del PBI. Es menos de lo que nosotros percibimos, pero de la precariedad de los datos con que debemos movernos somos harto conscientes. Partamos de esa base. Sépase al mismo tiempo que las cifras oficiales no incluyen nada por concepto de déficit de los bancos gestionados. Los bancos gestionados financian su déficit tomando depósitos, pero los depósitos que no son colocados, sino que se usan para pagar sueldos y cubrir otros gastos operativos, no son en el fondo depósitos sino deuda pública, que tarde o temprano tendremos que pagar. En otros términos, el déficit de estas instituciones no es distinto del déficit de PLUNA, o el de AFE, o el de la Tesorería central. Según información filtrada desde el Banco Mundial, ese déficit es del orden de un punto del producto. Como se sabe, la reciente reforma constitucional sobre pasividades representa para este año otro punto adicional. Sume el lector y verá que estamos en 8 puntos y 1/2 del PBI. Mientras que la misma reforma en 1991 comportará un segundo punto, que nos llevará el cómputo total a 9 y 1/2; a menos, por supuesto, que se adopten medidas correctivas de la fuerza adecuada; y todo ello en la hipótesis, que nosotros encontramos menos que plausible, de que el BROU no tenga asimismo —contra el supuesto oficial en contrario— él mismo un déficit financiero.
¿Cómo es posible que esta administración deje pasar las postrimerías de su mandato sin suministrar sobre estos aspectos tan trascendentales y tan inquietantes ni un atisbo de explicación? Tampoco es explicable que el parlamento nunca le haya exigido cuentas claras al Ejecutivo sobre el déficit, y se haya dejado engañar con la historia absurda de que hay un déficit parafiscal que puede quedar fuera del presupuesto. Pero el que el parlamento no haya cumplido con su deber —presuntamente porque cuanto menos supiera del déficit mayores gastos podía y trataba de votar— no exime a la sociedad uruguaya misma, hasta por dignidad, de exigir a las autoridades lo que ellas le deben. En ese espíritu nosotros, ante un silencio oficial que encontramos indefendible, hacemos constar nuestra formal protesta.