La teoria de la soberania popular conduce a una democracia ilimitada. Un régimen, es decir, donde la mayoría hace su voluntad sin cortapisas. Una democracia ilimitada suele ser, además de tiránica, manirrota e inestable.
La única solución visible a esta altura de la historia es una democracia limitada; es decir, constitucional. Innecesario aclararlo, tener una Constitución no basta. Es preciso que ésta sea soberana y se imponga a las mayorías de cada hora. No se trata, por cierto, de un arreglo institucional fácil de plasmar.
Al mismo tiempo, sería poco decir que es imperativo tratar de lograrlo. La propia supervivencia de la civilización occidental en el siglo XXI puede depender de ello.
Si ya no es, se sobreentiende, demasiado tarde. Digo esto pensando en la caída estrepitosa del dólar, que me parece ser, tomándoles a los teólogos prestada una expresión, un signo de los tiempos, Resulta que a los inventores de la democracia limitada se les salió el Congreso de madre, y el daño de su prodigalidad ha amenazado con volverse irreparable. En el sentido, quiero decir, de que la moneda central del mundo vaya irremisiblemente por el camino de sus satélites sudamericanos, las consecuencias de lo cual son difíciles de imaginar.
El cambio que ha experimentado el Congreso de los EEUU en la dirección del gasto dispendioso coincide con su evolución hacia un cuerpo de legisladores profesionales, por oposición a ciudadanos corrientes, provistos tal vez de un nivel razonable de educación, pero con el centro de gravedad de sus vidas puesto en sus ocupaciones privadas. Madison, al hacer campaña junto con sus colegas de El Federalista por la ratificación de la Constitución de los EEUU, se planteaba una pregunta harto sensata: ¿Por qué esperar que los diputados y senadores se abstendrían de abusar de sus poderes? ¿Por qué no sancionarían estatutos en su propio provecho y en el de intereses sectoriales? Su respuesta fue que, cuando regresasen de Washington, tendrían que trabajar bajo las leyes que ellos mismos hubieren votado, y enfrentar el juicio de sus pares en el mercado. Con el tiempo, sin embargo, los legisladores trasladaron a Washington sus hogares, y los únicos pares que entonces tuvieron fueron sus colegas del Capitolio.
Pasaron a jugar un juego cuya meta es la reelección, y el útil consiste en canalizar el gasto público - todos los dólares de que cada uno pudiese echar mano- hacia los intereses de su particular clientela política. El resultado ha sido el crecimiento de la deuda pública según el patrón de una terrorífica bola de nieve, y el consiguiente de los intereses apuntando hacia el dilema entre la cesación de pagos y la inflación desbocada. George Will, el conocido periodista, narra el caso de Howard Baker, representante por Tennessee, que desistió de buscar la reelección después de su tercer período, y proclamó la tesis de que no debería haber legisladores profesionales. "Los legisladores", sostuvo según Will, "deberían ser granjeros, comerciantes, maestros, mecánicos, abogados." Ciudadanos siempre y legisladores apenas secundaria y transitoriamente, so pena de perder contacto con la gente que supuestamente deben representar.
El protagonista de otra anécdota análoga es más conocido. Se trata de George McGovern, que le disputó la presidencia a Richard Nixon. Después de su derrota derivó hacia la actividad privada, después de muchos años en Washington, y le tocó administrar un hotel en dificultades, que terminó en la quiebra. El episodio le llenó de asombro. Con destacable sinceridad declaró: "Ojalá alguien me hubiese advertido sobre los problemas de regentear un negocio. Tener que pagar impuestos, hacer frente a la nómina salarial: siento no haber tenido una idea más exacta de todo lo que eso representa mientras estuve en Washington."
A los lectores en quienes semejante candor suscite una sonrisa, les digo que están en un error. El sentimiento apropiado es de alarma. Lejos de representar una curiosidad, el caso de McGovem es representativo de todos los parlamentos profesionales del mundo. En su inmensa mayoría quienes votan en ellos leyes y más leyes carecen de toda experiencia directa de la vida que intentan apresar en sus redes legislativas, y su conocimiento teórico es apenas mayor.
Afortunadamente, hay excepciones nacionales. El Parlamento anual suizo sesiona dos períodos de tres semanas cada uno por año, y sus miembros apenas reciben viáticos para cubrir sus gastos por desplazarse a Berna e interrumpir sus trabajos habituales.
Pero el ejemplo suizo está lejos de cundir. Típico de este fin de siglo, en cambio, es el ejemplo de Uruguay. Muy recientemente, ante la protesta de un diputado por el dispendio que caracteriza al Parlamento nacional, lo que se le ocurrió a un distinguido legislador, como compensación para la sufrida ciudadanía, fue... reducir los recesos. Las leyes, más baratas por docena.
Mientras no se difunda en el mundo la convicción de que necesitamos más recesos parlamentarios, y no menos -a la suiza- las perspectivas de restaurar el Derecho y la seguridad jurídica, y las bases de un genuino desarrollo económico, no podrán concretarse.