En general se supone que uno debe escribir sobre algo que sabe, o crea que sabe, y eso es lo que suelo hacer; pero esta vez pido licencia al lector para participarle, no unas pocas ideas claras y distintas, como vendría a ser mi sabatina obligación, sino una colección de perplejidades que, con el devenir de nuestra coyuntura ciudadana, cada vez ha ido ocupándome más lugar en la cabeza, al punto de no dejarme escribir sobre ninguna otra cosa.
No entiendo, para poner la cuestión en los términos más amplios posibles, cómo nuestra sociedad intenta resolver los problemas que le suscitan las imputaciones por irregularidades dirigidas contra sus hombres públicos. No entiendo el papel que en esos menesteres atribuimos al Parlamento, ni el procesamiento de las denuncias parlamentarias en manos de la prensa, ni las relaciones al respecto del Poder Legislativo con el Judicial, ni la clase de salvaguardias; si hay algunas, que la sociedad entiende que el honor de los imputados merece antes de tener la oportunidad de defenderse.
Son tal vez demasiadas perplejidades para un solo artículo, y no es fácil saber por donde empezar. Como criterio de ordenación tomaré el de la proximidad de cada cual con mi propio quehacer. Comienzo, pues, con la misión de los periodistas. Esta consiste, primariamente, por supuesto, en informar. Pero, ¿qué es informar? Tratándose de imputaciones, informar incluye transmitir al público las acusaciones que se formulan desde fuentes relevantes. No se requiere que el periodista investigue él mismo para decirle al público si cada acusación es cierta o falsa. Pero si la acusación contiene inconsistencias internas, ¿acaso informar no incluye también hacerlas resaltar?
Un ejemplo. En una entrevista radial, el legislador que ha asumido el papel de fiscal en el asunto Pan de Azúcar ponía énfasis en la desmesura de los beneficios que el negocio había supuesto para los compradores en relación con el precio pagado. Señalaba que la entidad había sido recapitalizada por el Estado en 120 millones de dólares, y que esta suma ya debía haberles aportado a los compradores 10 millones de dólares por intereses, en comparación con el precio de 5 millones que habían vertido. Al periodista, hombre de reconocida competencia, no le pareció del caso hacerle notar al legislador que estaba sumando peras más triángulos; que el banco tenía un pasivo también generador de intereses, que estaban generando un tremendo déficit para paliar el cual se efectuó la transferencias de fondos públicos a la institución deficitaria, por lo que calcular los intereses de la recapitalización olvidando el resto es insostenible. ¿Es que la ocasión no era propicia para introducir un paréntesis lógico en la diatriba? Pero considérese la actitud del escucha inexperto en finanzas, que ha oído la afirmación incontrovertida de una dádiva escandalosa, hecha con lo que tiene derecho a considerar su propio dinero. ¿No es razonable suponer que querrá ver a los inculpados puestos en un cepo en la Plaza Independencia? Es decir, más a la vista aún de lo que ya están. ¿Cómo es posible que las cosas permanezcan así, que la sociedad deje que la lucha política se desenvuelva sin atención a las reglas por las que la justicia más elemental clama? Otro ejemplo extraído del mismo programa radiofónico. Uno de los argumentos en que el acusador se apoya para sostener el carácter irregular de la venta del banco es la participación de una misma persona en ella y en el arreglo de cuentas del Banco de Seguros del Estado con un grupo reasegurador francés, también supuestamente irregular. Pero, ¿ por qué habría de ser así juzgado? El legislador entrevistado adujo el carácter insólito de los riesgos cubiertos, en la enumeración de los cuales destacó una flota de taxis en Beyrouth como colmo de lo inaudito. A veces, sin embargo, lo inaudito e insólito es verdad, y ése parece ser el caso de los taxis libaneses, pues hubo una época anterior en que el BSE salió furiosamente por el mundo a reasegurar todas las cosas que más tarde padecieron catástrofes. También en este caso el obvio paralogismo del acusador permaneció sin aclaración.
Otra cosa que no entiendo es que puedan desenvolverse investigaciones sobre la verdad o mentira de ciertos hechos según estrictas líneas partidarias. Antes de empezar la investigación ya se sabe qué veredicto va a dar cada uno. Por lo general estos asuntos nunca hacen camino ante los estrados judiciales, de modo que la fórmula parlamentaria de "pasar los antecedentes a la Justicia penal", no sólo es en estricto rigor ella misma una denuncia penal, sino que se acerca a ser una sentencia de condena. Sin embargo, para determinar el resultado sólo importa de qué lado está cada cual y cuántos votos tiene. ¿Cómo es posible que dejemos el buen nombre de nuestros conciudadanos en manos de un juez frente al cual la veneciana Portia sería un dechado de imparcialidad?
Porque ¿qué esperanza de justicia puede abrigar el inculpado para cuando el asunto pase a la competencia de un magistrado que de hecho no puede desautorizar al Parlamento, en el marco de un procedimiento secreto, de cuño medieval, del cual el indagado en el mejor de los casos sólo puede emerger con un "archívese sin perjuicio", sin que sus defensas jamás fueran públicamente oídas ni su inocencia proclamada. Todo claramente incompatible con la condición de estado de derecho, a la que con más frecuencia que razón aspiramos. Atención que esto no es democracia. Atención que las democracias que se niegan a sí mismas no duran.