Nuestro Presupuesto nacional se estructura como proyecto de acuerdo con criterios técnicos derivados de las previsiones y metas económicas del gobierno, y luego se deforma en base a presiones políticas y sindicales. Y cuando digo "deforma" quiero significar que crecen ciertos rubros del gasto autorizado pero nada se reduce, de modo que el gasto total aumenta más allá de lo que se había juzgado compatible con aquellas metas. El nivel del gasto público es la variable principal para explicar el nivel de inflación que nos coloca en el segundo peor lugar del hemisferio, así como las dificultades de competitividad que experimentan nuestros productores de bienes internacionalmente comerciables. Ese nivel de gasto ya estaba en el orden del 38% del PBI antes de este Presupuesto. Algo mayor que el de los EEUU y totalmente fuera de línea para un país del grado de desarrollo del nuestro. Ahora debe haberse vuelto insostenible.
Lo más alarmante es que no ha pasado nada imprevisible. La presión sobre los legisladores y el gobierno ya viene integrada en nuestra organización constitucional. La Constitución tiene una norma con sentido restrictivo en materia presupuestal, que es la que prohíbe al Parlamento aprobar en principio gastos mayores que los propuestos por la administración. Pero tiene tres con el sentido contrario. Uno es el art. 220, conforme al cual el Poder Judicial y una serie de organismos descentralizados pueden proponer un presupuesto alternativo al del P.E., de modo que los legisladores tienen allí margen para excederse de lo propuesto por aquél, tal como ocurrió ahora con los salarios judiciales, y las otras dos se refieren a otros tantos "mensajes complementarios" que el P.E. puede mandar a las cámaras aumentando el gasto. La Constitución no dice expresamente que los "mensajes complementarios" tengan ese fin, pero ni hubo nunca ni se concibe que pueda haber ninguna de tales iniciativas con otra finalidad que ésa.
De modo que el proyecto de Presupuesto no establece otra cosa que un piso del nivel de gasto autorizado, porque fatalmente su elaboración inaugura la temporada quinquenal de presiones sindicales y políticas, que paraliza al país, victimiza a cuantos necesitan de servicios estatales -de justicia, de salud, de enseñanza y muchos otros- y termina con sendas cosechas de mejoras que cada gremio se lleva, mayores o menores según el principio a cada cuál según el poder que tenga y los rehenes que pueda tomar.
Suena horrible, pero no hay más remedio que preguntarse: ¿sería humano pedirle a los sindicalistas que se abstuvieran de las medidas de fuerza, siendo así que las reglas de juego son precisamente ésas? Si un gremio determinado decidiera un año no ejercer el grado de presión que las circunstancias le posibilitan, simplemente quedaría postergado frente a todos los demás. Y seguramente ya nunca más volvería a abstenerse.
Evidentemente algo tiene que cambiar antes de lo que los dirigentes sindicales puedan hacerlo. Algo que parece estar en la base del mal es la actitud de los legisladores y el gobierno frente a las medidas de fuerza sindicales. Habría que empezar por decir que la pretensión de que éstas son legales en función de un inciso de la Constitución que dice que la huelga es un derecho gremial es inadmisible. La huelga es una medida de fuerza de los trabajadores frente a un empleador que sufre con ella. Los funcionarios no hacen sufrir al empleador sino al pueblo y con la toma de rehenes procuran intimidar a los legisladores, que cuando ceden tampoco sufren las consecuencias, sino que éstas vuelven de nuevo a caer sobre las mismas víctimas, ahora bajo la forma de más impuestos y más inflación. Las medidas son de una ilegalidad flagrante y deberían justificar una actitud de los poderes públicos en cuanto a que el gremio que recurre a la fuerza no consigue ningún beneficio. Con atenerse a esa regla en una ocasión el problema tendría inmediata solución para siempre. De hecho, los políticos suelen colocarse en las antípodas de esa posible tesitura.
Compárese ese criterio con el aplicado a los funcionarios judiciales que mantuvieron medidas de fuerza durante aproximada mente siete meses, y absoluta paralización de actividades durante tres semanas. El gremio cuyo grado de transgresión fue máximo se llevó 16% de aumento real, para siempre. El senador Luis Alberto Heber propuso un 19%, pero el premio que pudo obtener para los transgresores fue sólo el 16%. Sin embargo, como los jueces no están incluidos en la mejora del rubro 0, cada funcionario habrá de recibir 19 o 20%, real e indefinidamente. Para la próxima vez, ya sabemos qué esperar.
¿Cuánto les habrá costado a los funcionarios sus medidas de lucha en términos de salarios perdidos? Es difícil decirlo, porque los administradores públicos suelen ser generosos con sus subordinados, concederles préstamos para tapar el agujero y después de dos o tres cuotas de reembolso, condonar el saldo.
Se habló mucho del milagro alemán, del milagro brasileño, del milagro japonés y del milagro chileno. Nosotros también tenemos nuestro propio milagro: que el país todavía exista.