Desde que en Italia estallo el gran jaleo de las mani nulite. y en otros lugares de Europa similares volcanes entraron en erupción, el menos avisado debió imaginarse que habría en nuestro cercano futuro una temporada igualmente volcada hacia el tema de la moral pública. Y henos aquí en ella.
Con ello no estoy sugiriendo que ninguna de las investigaciones en proceso responda a nada criminoso. Lo que quiero decir es que algunos de estos asuntos no responden a nada criminoso, y su repercusión es un fenómeno de moda, y que otros que sí pueden tener que ver con el Código Penal no habrían encontrado el camino de los estrados judiciales, sino que la sociedad los habría llevado a su corte informal de opinión pública, en la que desde tiempo inmemorial se han ventilado esta clase de asuntos.
Tampoco se desprende en rigor de lo ya dicho que esta moda sea necesariamente y en bloque indeseable. Pero sí que es moda, y por lo tanto que quienes la impulsan, por intereses políticos declarados en algunos casos, adivinables en otros, ven allanado su camino por bull-dozers irracionales. Querría que mi contribución consistiera hoy en introducir algo de razón en un ámbito en que por ahora sólo la pasión se ha hecho presente.
Antes, sin embargo, me parece oportuno poner sobre el tapete la jerarquía social de esta cuestión. Obviamente, la significación individual para los indagados o acusados es de primera importancia, pero ¿al país le va poco o le va mucho en todo esto?
Como tantas otras veces, el maestro Ortega puede darnos al respecto una lección de buen sentido. En España Invertebrada, delgado volumen cuya actualidad crece todo el tiempo, leemos: "Se oye hablar a menudo de la 'inmoralidad pública' y se entiende por ella ... el latrocinio en los negocios que dependen del Poder público. Prensa y Parlamento dirigen la atención de los ciudadanos hacia esos delitos como a la causa de nuestra progresiva descomposición. Yo no dudo que padezcamos una abundante dosis de 'inmoralidad pública'; pero al mismo tiempo creo que un pueblo sin otra enfermedad más honda que esa podría pervivir y aun engrosar".
A continuación el ilustre ensayista funda su opinión: "Nadie que haya deslizado la vista por in historia universal puede desconocer esto: si se quiere un ejemplo escandaloso y nada remoto (Ortega escribe en 1921), ahí está la historia de los EEUU durante los últimos 50 años, A lo largo de ellos ha corrido por la vida norteamericana un Mississipi de "inmoralidad pública', Sin embargo, la nación ha crecido gigantescamente." Y antes de pasar a ocuparse de la fundamental enfermedad, ésta sí enervante de la capacidad española para crecer, formula esta reflexión final: "Podrá irritar nuestra conciencia ética el hecho escandaloso de que esas formas de 'inmoralidad' no aniquilen a un pueblo, antes bien, coincidan con su encumbramiento; pero mientras nos irritamos, la realidad sigue produciéndose según ella es y no según nosotros pensamos que debía ser".
Por eso mismo creo que en todo esto nos va poco. Y aun más lejos; creo que en la represión de la corrupción arriesgamos perder más de todo lo que ella podría reportarnos. Eso no significa que nos sea lícito poner un freno a la represión una vez que algo legítimamente la impulsa, pero sí convendría que la opinión pública tomara conciencia de que de alguna manera habría que poner fin a la politización abierta y extremada de las denuncias. Por ejemplo, es inimaginable que una denuncia penal haya sido firmada por todos los miembros de una nutrida bancada parlamentaria. Una denuncia es un acto que tiene por fin transmitir a un magistrado ciertos hechos que alguien conoce. No es un manifiesto político ni puede admitirse como la sentencia anticipada de un tribunal veneciano. La suscripción de tal documento por una legión de diputados y senadores es una desembozada manera de presionar a la Justicia, que la sociedad en general y la Suprema Corte en particular no debieron haber tolerado.
Agréguese que el procedimiento de las investigaciones judiciales sigue el método inquisitorio que practicaba Torquemada y que varias supuestas denuncias no hacen otra cosacosa que "pasar a la Justicia Penal" un legajo que contiene una investigación extrajudicial, sin identificar el delito que se denuncia ni los hechos que lo configuran. Se le dice al juez: "Ahí van pruebas de algún delito: averiglie usted cuál ha sido". Algo absolutamente inadmisible en un Estado de derecho.
Infinitamente más provechoso que la represión, para la que nos hallamos tan pésimamente preparados, sería en este terreno la prevención. Prevenir la corrupción quiere decir tanto como recortar el tamaño del Estado, reducir por tanto el volumen de sus compras, ventas y otros contratos, y el número de controles carentes de sentido que se aplican a los agentes privados. Por ese camino avanzó Inglaterra, que tenía una administración corrupta en el siglo XVIII y alcanzó un insuperado nivel de honestidad en la era victoriana, cuan- do el número de funcionarios (apenas 75 mil hacia 1850) se contraía al paso que la economía se desarrollaba.