La pregunta fundamental que guió a Alexis de Tocqueville por los EEUU hacia 1830, y a la que trató de dar respuesta en De la democracia en América, era cómo podía subsistir la libertad en un sistema de sufragio universal (excluyendo a los esclavos y muy pocos más), cuando en Francia una organización semejante había conducido vertiginosamente al Teror y a la dictadura militar. En Inglaterra Macaulay, el gran historiador liberal, por la misma época respondía que de ninguna manera: inevitablemente, en una democracia no censitaria la mayoría terminaría instaurando una tiranía para expoliar a los ricos: y, acerca de los EEUU, se remitía al siglo XX. Operando in situ, Tocqueville apostó en cambio a que la democracia americana sería estable, y ello en base a una pluralidad de razones. Una de ellas, la que viene a cuento en este artículo, se basó en lo que podría designarse el alto nivel de educación jurídica del pueblo americano.
Tocqueville da crédito a la institución del jurado por la difusión de ese conocimiento sobre leyes. Enfatiza que allí se usan jurados tanto en juicios civiles como en causas criminales, lo que multiplica las probabilidades de cada persona para servir como miembro de uno de ellos e intensifica la proximidad de la Justicia con el ciudadano. Expresa que el jurado enseña a la gente la práctica de la equidad, y que proyecta a cada ciudadano a una suerte de magistratura, haciendo que todos sientan que tienen deberes hacia la sociedad y participan en su gobierno. Esta educación, sostiene Tocqueville, es la mejor que puede brindarse al ciudadano para que aprenda a ser libre. "No sé", concluye el ilustre escritor, "si el jurado es útil para los litigantes, pero estoy seguro de que es excelente para los que tienen que resolver los casos."
La situación es diametralmente opuesta en el Uruguay. No sólo se eliminó el jurado en las causas penales hace unos 60 años (nunca los tuvimos en los procesos civiles) sino que los juicios penales no son públicos desde entonces, y los civiles lo son apenas hace poco y sólo potencialmente. Una consecuencia de ese estado de cosas es que el ciudadano tiende a considerar que la justicia es un asunto de carácter técnico, que no es de su incumbencia ni está a su alcance entender. Siguiendo el pensamiento de Tocqueville podríamos decir que nuestra sociedad suministra a sus miembros la peor escuela posible para el aprendizaje de la libertad. En efecto, la libertad sólo puede disfrutarse en el marco de la ley. Y si el marco es ininteligible, ¿como puede la libertad ser comprendida y defendida por sus titulares?
Otra consecuencia es que la opinión pública en alto grado se desentiende en principio de los asuntos judiciales, y muchos consideran inadecuado que los ciudadanos busquen maneras de expresar su opinión al respecto, y los periodistas publiquen sus comentarios. A propósito del caso Mónica Bertrand, el Colegio de Abogados de Maldonado hizo pública una declaración adversa a las manifestaciones callejeras concretadas en su capital departamental para protestar contra el procesamiento respectivo, así como a los comentarios periodísticos que había formulado El Observador.
Es siempre la idea de que la justicia es una cuestión técnica, reservada a 1os entendidos. Pero la libertad personal no puede ser una cuestión para iniciados. La sexta enmienda a la Constitución Federal norteamericana (de 1791) dice que el acusado tendrá siempre derecho a un juicio rápido 2 público. ¿Para qué la publicidad si la opinión pública no tuviera posibilidad de manifestarse? Si sólo se tratase de que la gente pudiera satisfacer su curiosidad, ¿por qué se habría incluido la publicidad de los juicios entre las garantías de los ciudadanos?
En 1894 el capitán Alfred Dreyfus, del Ejército francés, fue condenado por espionaje, degradado y condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo. Interesado por amigos del reo, cuya inocencia sostenían, Emile Zola escribió su celebérrimo panfleto -J'Accuse- donde lanzaba un feroz ataque contra la sentencia y el proceso en que se había dictado. Ello forzó a un segundo juicio, en 1899, en el que la sentencia se confirmó, pero la presión de la opinión pública se volvió irresistible, y en 1904 Dreyfus fue juzgado por tercera vez, finalmente proclamado inocente, ascendido y condecorado con la legión de honor. ¿Se imaginan ustedes la reprobación que J'Accuse habría suscitado del Colegio de Abogados de Maldonado, mutatis mutandi?
Pues en Francia la sociedad quedó dividida entre dreyfusards y anti-dreyfusards, pero a nadie se le ocurrió que la cuestión era sólo para que la discutiesen los jueces y los abogados. Esa habría sido la actitud de una sociedad enferma de legalismo, como la nuestra. Por suerte no fue la de la sociedad francesa.
Aclaro que por "legalismo" entiendo referirme a una dolencia social compleja, que incluye una gran preocupación por las formas del derecho y un gran desinterés por sus contenidos esenciales.