Hace una semana les decía que las reformas constitucionales uruguayas, que han plagado el siglo XX, son largas y difusas; que poseen un tema protagónico, el cual por sí solo las haría breves y punzantes, pero una tradición desgraciada hace que aquél deba estar acompañado de otros, por lo general menores, otras veces mayores en una dimensión deplorable, como la de alejamos todavía más del paradigma de democracia liberal. Hoy quiero comenzar enfocando este séquito de temas de apoyo en el proyecto que se halla a estudio de nuestro Parlamento.
Vale decir que no tengo intención de ocuparme de los aspectos centrales de la reforma -unificación de las candidaturas presidenciales por partido e institución de la segunda vuelta en las elecciones para ese nivel- cosa que ya he hecho desde esta misma página. No voy a tratar de Hamlet, sino de Rosencranz y Guildestern, de Polonio, de Horacio y de los comediantes. Y el primer punto es: ¿qué derecho tengo para reclamar la atención de los lectores sobre éstos?
Yo baso mi pretensión sobre dos premisas. La primera afirma que la Constitución es importante, que es la piedra angular de nuestras libertades, y por lo tanto no debemos aceptar en ella textos absurdos o triviales, por más que no se perciba a simple vista que sean al mismo tiempo nocivos para los valores fundamentales; su sola presencia en un lugar que deberíamos venerar, y que por ella no podemos hacerlo sin reservas, una presencia que obsta al decoro del documento, no puede sernos indiferente. La segunda es particularmente pertinente a la actual coyuntura. Ella dice que, si estamos reformando nuestra Carta más allá del tema central que queremos cambiar, es que no estamos satisfechos con su presente contenido, y que los puntos que se han seleccionado para la reforma son los que principalmente impiden nuestra aprobación global; que no los hemos elegido al azar, y menos aún de manera perversa, dejando intocados los muy malos y ateniéndonos a corregir los malos y regulares.
Desde esta perspectiva se percibe al par de temas centrales de la reforma rodeados por un conjunto lamentable. Predominan en él los temas triviales, no pocos de una prescindibilidad que le deja a uno atónito. Y luego está el tema principal entre los secundarios, el tema de la de la descentralización, que suscita 11 modificaciones, frente a sólo 5 consagratorias de la enmienda electoral, el primum mobile de este magno movimiento.
Un ejemplo de lo primero, El art. 47 reformado declara que la "protección del medio ambiente es de interés general" y agrega que la agresión a él será punible. ¿Acaso habrá esto despertado dudas? ¿Por ventura alguien habrá pensado que las múltiples disposiciones que ya tutelan ese valor son en este momento inconstitucionales? Otro ejemplo. El art. 10 actual dice: "En caso de prisión indebida el interesado o cualquier persona podrá interponer el recurso de habeas corpus..." Ahora se propone agregar un segundo inciso donde se establece: "Cualquier persona podrá ejercitar la acción de amparo... Los comentarios huelgan. El art. 88 cambia el régimen de designación del presidente de la Cámara de Diputados, lo que obviamente incumbe al reglamento del cuerpo mucho más que a la Ley Fundamental. Y muchos casos más. Más de los que nadie que no haya leído el proyecto podría llegar a creer.
Luego viene el tema de la descentralización. Hasta ahora habíamos visto, o entrevisto, un hato de fruslerías. Aquí nos topamos con el mero peligro constitucional. Todo empieza con una aparente ingenuidad. Se agrega al artículo 50 un tercer inciso, que no tiene nada que ver con los anteriores - que a su vez no tienen nada que ver entre sí- donde se dice: "Asimismo (el Estado) desarrollará políticas de descentralización administrativa, social, económica, productiva, laboral y educativa... y cuando ya se había descentralizado todo, se nos aclara que deben ser políticas capaces de "promover el desarrollo regional y el bienestar general". Es difícil contener la sonrisa. El constituyente le da órdenes al Estado y le dice que promueva el bienestar de todos. ¿Y por qué sólo con la descentralización? ¿Por qué no agregar un artículo que prohíba la demagogia y otro que destierre la corrupción? Pero la ingenuidad es lo de menos.
Resulta que los promotores de la reforma han descubierto que lo que le falta al Uruguay es gobierno. Y, concordantemente, quieren crear de él un nuevo nivel. Aparte del nacional y del departamental promueven ahora el municipal (en un sentido nuevo). Aparte de presidente y de intendentes, tendríamos ahora también alcaldes (término que el proyecto elude, aunque habla de autoridades locales unipersonales). Todo va mejor con más gobierno parece ser el lema. Los problemas que el federalismo crea a nuestros vecinos, cuyo tamaño hace difícil evitarlo, no parecen causar inquietud. Al contrario: el aporte del fisco nacional, que según el texto actual tiene que ser destinado a "obras públicas departamentales", ahora sería de libre disponibilidad. Y, mientras tanto, los grandes temas constitucionales que nos enfrentan continúan en el olvido.