He vivido toda mi vida en el Uruguay, lo que ya no es poco, y en general mi relacionamiento con la gente es normal. Entro en el ámbito político, sin embargo, y me debato en mares de dudas. Lo que por estos días leo y oigo a propósito de la reforma constitucional, sin ir más lejos, me sume en la perplejidad. He resuelto poner en común con los lectores algunos de mis problemas para ver si recibo algún día una carta que me dé la clave de las soluciones.
Lo que más curiosidad me origina es la percepción de los protagonistas de la opinión pública respecto de la estimación pública de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y sus recíprocas relaciones. Cada vez que he visto una encuesta sobre el tema, por más que sobre el presidente y los ministros la opinión no sea buena, sobre el Parlamento es siempre pésima. Ahora y antes del golpe del '73. La Constitución fue reformada en 1966 para terminar con el colegiado y proporcionamos un Ejecutivo fuerte. La misma Carta rebosa de disposiciones que restringen toda iniciativa del Parlamento en materia de gastos y creación de cargos y, en general, trata a senadores y diputados como pródigos. Que, poniéndome la mano sobre el corazón, debo admitir que desde que tengo memoria así han sido. Y ahora, ¿qué ocurre? Que uno de los cargos fundamentales que se dirige contra el proyecto que se va a plebiscitar es que fortalece a la Presidencia frente a las Cámaras. Uno pensaría que esto sería visto popularmente como un fortalecimiento de los buenos y un debilitamiento de los malos (o fortalecimiento de los malos y debilitamiento de los peores, que viene a ser igual). Pero resulta que no es así.
Salvo que los protagonistas se equivoquen de medio a medio, y los políticos suelen equivocarse sobre todo menos sobre las opiniones de sus electores, resulta que la gente tiene miedo de que se esté creando una Presidencia imperial. ¿Alguien puede creerlo? ¿Aquí? Uno puede comprender que ese género de ideas pueda cundir en un país que tuvo la experiencia de un Ejecutivo muy fuerte, como puede haber ocurrido con Indira Gandhi, con Reagan, con Thatcher, con Menem, con Fujimori...pero, ¿en Uruguay? Donde un sindicato puede ocupar militarmente un barrio de la capital, los liceales pueden ocupar sus lugares de estudio, los periodistas pueden escribir lo que quieren, con derecho o sin él, y a nadie le pasa nada, y si hay una asonada contra el cumplimiento de una orden judicial legítima los únicos procesados son policías. Miedo a un Ejecutivo imperial. ¿Sera en serio?
Si es cierto que, como dice Tabaré Vázquez, nadie sabe lo que se va a votar, podría ser que algún lector imaginase que en el proyecto se fortalece el instituto de las medidas prontas de seguridad, o se autorizan los decretos de emergencia como en Argentina, donde se cambió la unidad monetaria por decreto y ahora se considera cambiar el derecho laboral por el mismo medio. Nada ni remotamente semejante. Se trata de cosas triviales, como éstas: sobre leyes de urgencia, menos tiempo para que cada Cámara se oponga; sobre vetos presidenciales, mismo porcentaje (60%) para que se levanten, sólo que en cada Cámara y no en la Asamblea General: y facultades para que, ante una crisis de gabinete, el presidente pueda sustituir, con venia del Senado (mal que pese al Dr. Vázquez) a los directores de los entes autónomos.
Este tema tuvo una cobertura enorme en el debate que hace cosa de una semana mantuvieron por radio y televisión Alberto Volonté y Tabaré Vázquez. Una vez más, tengo que suponer que ellos y sus asesores saben lo que le interesa al electorado, porque los políticos que no lo saben no suelen llegar tan alto como ellos. Ello presupone una de dos cosas o tal vez ambas: una, que la gente realmente cree que los entes autónomos son autónomos; y, dos, que teme que la sustitución de algunos directores por otros puede resultar en detrimento de la buena administración de las empresas estatales. Ideas ambas, yo diría, absolutamente estrafalarias.
La supuesta autonomía de los entes no es más que legalista, es decir, establecida en la letra de la Constitución pero desmentida por el contexto de la misma Carta. Porque, si se quisiese tener entes genuinamente autónomos lo esencial sería no elegir directores que fueran políticos que deben sus cargos al presidente algunos y a las autoridades de los partidos los restantes, y que requieren la aprobación de sus superiores en la escala jerárquica partidaria para continuar su carrera. Por lo general son aspirantes fracasados a escaños parlamentarios o sillones ministeriales y si han de alcanzar un día su sueño no pueden entrar en colisión con quienes han de abrir o cerrar las puertas respectivas. En segundo lugar, si realmente se desease la independencia de las empresas públicas, no se nombraría a los directores de éstas al mismo tiempo que se establece un nuevo gobierno, sino que se organizaría un sistema por el cual un nuevo presidente se encontrara con directorios ya constituidos, de renovación asincrónica con la del gobierno, a la vez que parcial, de modo que apenas pudiese aquél decidir la designación de algunos de sus miembros.
Además, si se quisiese que los entes fueran autónomos de verdad, se extraerían los directores de las filas de la misma industria, como se hace en el mundo civilizado, y no de la política. El problema no es la tecnología, que es un insumo que el empresario puede adquirir contratando técnicos. El problema es la gerencia. Con nombrar a un químico o un ingeniero, o un contador, no se consigue nada. Lo importante es nombrar empresarios. Hace cosa de diez años los ingleses repatriaron a un escocés que era uno de los ejecutivos de Lazard Frères, una empresa financiera de Nueva York, a la que tuvieron que pagarle US$ 3 millones por la rescisión del contrato, para que fuera presidente de la empresa siderúrgica estatal (British Steel), afectada de graves problemas. Y cuando los resolvió, lo pasaron a British Coal, la empresa carbonera. Porque de lo que este señor sabía no era de finanzas, ni de acero ni de carbón, sino de empresas y cómo gerenciarlas. Este es un ejemplo de lo que acontece en el mundo civilizado, si se me permite decirlo así. Allí la regla consiste en nombrar profesionales y juzgarlos por los resultados. Eso asegura eficazmente la autonomía de las empresas a la vez que la idoneidad de su gerencia.
Obviamente en ese sistema sería sencillamente absurdo sustituir directores de empresas en razón de una crisis política, porque las dos cosas ocurrirían en mundos separados. Pero el proyecto de reforma trae un sinceramiento de la cuestión. Los directores se cambian junto con los ministros porque son ejemplares de la misma especie. Y con la sustitución las posibilidades de que la gerencia de la empresa mejoren o empeoren son totalmente aleatorias.