La reforma que se plebiscitó el 8 de diciembre posee un núcleo, dentro del cual sin duda se encuentra su razón de ser. El conforma una unidad conceptual: sin ir más lejos, porque todo en él tiene que ver con la elección del presidente: la selección de candidatos por elecciones internas de los partidos, la derogación de la acumulabilidad de los votos por cada lema (que está implícita en lo anterior) y el balotaje. Puede afirmarse con certeza que los promotores del Sí lo fueron porque el proyecto incluía tres puntos, o por lo menos alguno de ellos, no necesariamente para todos el mismo.
Los dos primeros son los menos polémicos. En realidad, en la medida en que pueda pensarse en argumentos racionales para la de cisión de votos de los ciudadanos, la mayoría de los aportes al Sí deben haber provenido precisamente a través de ellos. Había ya algo muy parecido al consenso en cuanto a que había que acabar con el "doble voto simultáneo", como lo llama la Constitución (o con la "ley de lemas", como con flagrante impropiedad dijeron los protagonistas de los foros precomiciales). Pienso que debemos detenernos un momento a discernir qué hemos ganado, y qué perdido, con este cambio.
Habría que comenzar señalando que la eliminación del doble voto simultáneo podría perfectamente haberse resuelto sin las elecciones internas de los partidos. Al revés no: una vez dispuestas las elecciones primarias (como dicen en Estados Unidos) en la Constitución, fatalmente resultaría un solo candidato por lema y mal podría subsistir la acumulación que se derogó expresamente. El porqué de las elecciones internas tiene por fuerza que ser independiente de la eliminación del doble voto simultáneo.
El fundamento que se ha aducido para justificar la constitucionalización de las elecciones internas es la democratización de las decisiones partidarias. Sería bueno que los partidos se diesen a sí mismos esa clase de organización: pero imponérsela es decididamente antiliberal. Los partidos deben poder elegir sus candidatos como ellos mismos prefieran. Podríamos regocijarnos si todos decidieran hacerlo democráticamente, pero que el Estado se inmiscuya en las decisiones de los partidos vulnera claramente la libertad de éstos y de sus integrantes. Si unos optaran por elecciones primarias, que resultarían por otra parte claramente fomentadas por la eliminación del doble voto simultáneo, ello probablemente atraería a muchos ciudadanos, contrariados por la digitación de candidatos en sus colectividades de origen. Pero, en una democracia liberal, es asunto de ellos. En general, que el Estado imponga una solución presumiendo que aquellos a quienes incumbe adoptarla no sabrían hacerlo por sí mismos es un caso de flagrante paternalismo, el mismo que Kant llamaba "la peor de las tiranías". Es posible que los partidos funcionen mejor después del plebiscito, pero ciertamente nuestra Carta será menos liberal.
La misma objeción no puede dirigirse a la eliminación del doble voto simultáneo, porque éste resultaba de una regla puesta por el Estado, que era de la órbita del Estado modificar o derogar. Esa regla fue impuesta por la Constitución de 1917, cuando por primera vez se dispuso la elección presidencial por voto directo. ¿Qué juicio debe merecernos aquella norma consagrada hace ochenta años?
Creo que ella ha sido excesivamente denostada. Lo único que se necesita para defenderla es que el supuesto básico sobre el que reposa tenga algún apoyo en la realidad. El consiste en presumir que si hay dos partidos con una pluralidad de candidatos en cada elecciones internas junto con las nacionales. También fortalece la estructura de los partidos y no de- be ser por casualidad que los partidos Colorado y blanco sean los más antiguos del mundo entero. Si eso fuera, como suele considerarse, una ventaja, aquel método merecería más reconocimiento del que suele brindársele.
Pero si la cohesión de los partidos se debilita, de tal modo que el elector medio, luego de elegir su candidato preferido encuentra que hay otros en otros partidos que le resultan preferibles a los restantes. del de su primera opción, el sistema pierde su utilidad. Pienso que es lo que ocurre actualmente y creo, por tanto, que ha sido una buena cosa que se lo sustituyera por el método mundialmente más difundido, consistente en tener por electo al candidato mas votado, pura y simplemente.
Nos queda el balotaje. Pienso que al respecto existe una grave confusión. Se suele oír que el propósito de este instituto es darle más apoyo ciudadano al presidente. El objetivo de una democracia no puede ser nunca las grandes mayorías. La reducción al absurdo de esa falsa tesis la encontramos en las arrolladoras mayorías plebiscitarias de Hitler. Si un presidente tiene 98% de los votos, no hay Constitución que lo pueda frenar: es el dueño del país, y adiós el estado de derecho. ¿Y si tiene el 20%? Tiene las facultades que la Constitución le acuerda, igual que si tuviera 40 o 51%. Racionalmente el balotaje no puede tener por objeto acordarle la mayoría absoluta al primer mandatario, como algunos confusos declaraban creer durante la campaña plebiscitaria: su finalidad tiene que ser otra.
Y sólo puede ser una: permitir a los ciudadanos una expresión más cabal de sus preferencias. Expliquémonos. Supongamos una elección disputada por sólo dos candidatos. Cada ciudadano puede emitir en realidad, implícitamente, dos votos. Uno a favor de un candidato, otro en contra del restante. Para cada elector el aspecto negativo puede ser más o menos importante, pero de hecho los efectos positivos y negativos son idénticos. No así cuando los candidatos son más de dos. Cuan- tos más candidatos haya, por más que el voto afirmativo valga igual que antes, el negativo se diluye progresivamente. El balotaje le da al ciudadano la posibilidad de expresar sus preferencias negativas como si sólo hubiese dos candidatos. Para los miembros del cuerpo electoral que suelan tener más claro quién quieren que no sea presidente que a quien deseen elegir, el instituto es utilísimo.
Hemos visto que los tres institutos examinados merecen juicios variados, pero, como decía al comienzo, en ellos está con toda certeza el meollo del proyecto. Sin embargo, en modo alguno son todo lo importante. Lejos de eso, bajo el encabezamiento impropio de "descentralización" la reforma pone al país al borde de un precipicio fiscal. Pensada esta parte de la iniciativa para contrarrestar la resistencia que ella despertó en el interior, de hecho resultó un fracaso resonante. Pero de todos modos está ahí y ya amenazan con legislación para reglamentarla. Los problemas acuciantes que enfrentan Argentina y Brasil con sus provincias y estados, inevitables por razones de tamaño, nos las hemos arreglado para reproducirlos en el diminuto Uruguay. Les convoco a buscar juntos una solución el sábado que viene.