Todavía no he podido decidirme por una teoría que explique por qué la revista Tres, del 17 de enero, publicó un artículo del tupamaro Mauricio Rosencof, superficialmente sobre el trato desigual dado, por un lado a Enrique Braga, y por otro a un joven delincuente que se dio oficialmente por suicidado en la cárcel, en el fondo sobre la cantidad brutal de odio que puede caber en el alma de una sola persona. Porque si bien sobre aquel desgraciado adolescente Rosencof denuncia que los guardianes le dejaron morir deliberadamente, nada menos, el protagonista de la historia no es él, sino Braga el privilegiado, a quien se mantiene recluido en condiciones confortables y se le dejó pasar la Navidad en su hogar. Y cuando se le llevó detenido, “minga de esposas ni agentes que te toman del brazo y te aprietan la cabeza hacia abajo para entrar en el patrullero”.
El lugar en que la revista publicó el artículo no ayuda a averiguar por qué razón lo hizo. Apareció en una sección que se llama “Cajón de sastre”, pero de ningún alfayate se ha sabido nunca que guardara en una gaveta, junto a los retazos, hilos y botones, ningún amasijo de resentimiento y soberbia como el que ahora presenta a sus lectores. Si tuvieran una sección de “Documentos” sería otra cosa, porque el artículo de Rosencof, documento sí que es, y en varios sentidos. Uno podría aceptar que el artículo fuera publicado, por ejemplo, para probar documentalmente que en Uruguay se puede acusar impunemente a funcionarios de la comisión de un delito grave sin que nada acontezca, ni investigación de la denuncia ni castigo de la difamación. También puede ser el artículo documento acerca de cómo la pasión igualitarista puede torcer la visión de un ser humano hasta hacerle sentir que, si se deja morir despiadadamente a un semejante, el mal quedaría anulado si se hubiese tratado con pareja inhumanidad a otro recluso de origen social superior. Pero, centralmente, el artículo es un documento sobre el concepto totalitario de la justicia. Una justicia que prescinde de averiguar la verdad, porque ya cree poseerla en plenitud; no en el ámbito jurisdiccional. que se saltea por superfluo, sino en el político. Rosencof se lamenta de que Braga no haya sido esposado al detenerlo, no por razones de seguridad sino para humillarlo, y con eso comenzar su castigo y prolongarlo después en reclusión, sin importarle que se trate meramente de alguien a quien se investiga para decidir sobre su culpabilidad, y que por el momento goza de la presunción constitucional de inocencia. Documento, por tanto, para refrescar nuestras memorias sobre la justicia tupamara, que encerraba en “cárceles del pueblo”, torturaba y ejecutaba, sin complicarse la vida con procesos cuando era guerrilla, y que lo volvería a hacer sin duda si algún día fuera gobierno. Rosencof escribe para no dejarnos olvidar.
Pero algo anda muy mal en nuestro país si un documento sobre ominosas amenazas aparece en una columna dedicada a faits divers. Y peor piensa uno que debe andar al leer sobre la vista producida por el fiscal Hugo Barrios, sobre lo cual El Observador informó el sábado pasado, al pronunciarse sobre un nuevo pedido de libertad de los defensores de Braga. Barrios se opone a la excarcelación del encausado porque, como ya había sostenido en sus folclóricas declaraciones públicas de tiempo atrás, cree que el giro adverso de los negocios padecido por el Banco Pan de Azúcar afecta la responsabilidad de Braga, con prescindencia de si éste tuvo de hecho que ver con los hechos supervinientes por los que se le juzgaría. Pero esa confusión, con ser grave, no es nada en comparación con el verdadero caos intelectual que otras partes de la vista fiscal ponen de manifiesto.
Según el citado diario, el fiscal apuntaló su opinión adversa a conceder la excarcelación señalando las virtudes de la prisión preventiva, la cual resulta, a su criterio, “una medida intimidatoria y ejemplarizante”. La prisión preventiva, sí, eso dice. La prisión preventiva, que no tiene otro fin que asegurar la presencia del encausado durante el proceso, prescindible cuando el delito es leve, indeseable siempre porque implica privar de libertad a una persona que goza de la presunción de inocencia. En ese instituto el fiscal Barrios percibe el mérito de la intimidación y la ejemplarización. Y la pena, que se impone una vez que el procesado ha sido hallado culpable, para el fiscal, ¿qué funciones habrá de cumplir? Pero es inútil razonar. Si hay que explicarle a un fiscal que la prisión preventiva no tiene fines disuasivos (intimidatorios como con su habitual pintoresquismo dice el doctor Barrios) sin que la sociedad atine a defenderse, es que la cosa no anda, y entonces lo que hay que hacer es inquirir qué es, en los mecanismos vitales de la sociedad, lo que no funciona.
Y ello no es fácil. Lo más que se puede hacer es observar y comparar. Sin duda se ha producido un descenso profundo del nivel cultural, visible en el nivel bajísimo del discurso ciudadano, en los foros políticos y jurídicos por igual. En los primeros no se debate nada, ni siquiera cuando se reforma la Constitución a través de una ley y de un plebiscito, y el argumento central de los opositores es que los promotores de la enmienda no habían explicado nada, lo cual estaba fuera del tema en discusión pero era básicamente cierto. En los foros jurídicos campea la obsesión de resolverlo todo usando el derecho penal, es decir, metiendo gente en la cárcel. En esto uno se siente transportado a los años previos al golpe de Estado de 1973. En noviembre de 1972 se aprobó una ley de ilícitos económicos, obra de Bayardo Bengoa, que muy pronto sería factótum de la dictadura, cuyo proyecto debe ser el más antiliberal que ha pasado por nuestras cámaras, y que fue aprobado en ambas por unanimidad. Luego nunca fue derogado, por más que haya caído en desuso. Entonces el país se estremecía de pasión por meter gente presa, y en cada cámara se alzó un bosque de brazos para darle al poder el instrumento que le permitiese satisfacer aquella demanda enloquecida.
Creo que el tiempo actual se está pareciendo peligrosamente a aquella desgraciada etapa. Un tiempo en que la razón calla y gritan las pasiones. Situación de máximo riesgo en una democracia, porque la democracia es la clase de régimen que no tiene otros cimientos que los que le suministra la razón. Cuando en una democracia deja de debatirse y sólo se vota –que es sin duda nuestro caso hoy, y lo era en 1972-73– es que ha perdido la savia que le daba la vida, y su tronco reseco ya no tiene vigor ni resistencia. Es muy fácil decir “nunca más” pensando en aquellos años, pero desgraciadamente no es bastante.
¿Cuál es la causa por la cual hay eclipses sociales de razón, y eclosiones coincidentes de pasiones, de odio y resentimiento sobre todo? No lo sé, pero supongo que la falta de un proyecto colectivo, la pérdida que tuvimos en cierto momento los uruguayos de la conciencia de estar construyendo un país, el espéctaculo de una obra inacabada que no tenemos fuerza para terminar, igual que la del Palacio de Justicia, debe tener mucho que ver con ello. Mientras no podamos zafar de esa ciénaga, en cualquier caso, no queda otro remedio que aferrarnos a la razón y defenderla con uñas y dientes.