El balance de la conducción económica del país en 1979 arroja un claro saldo negativo. No es que el año haya sido nítidamente malo. En realidad lo malo y lo bueno aparecen en su transcurso caprichosamente entremezclados. Un retroceso desastroso en materia de inflación alternó con un superávit fiscal y una tasa de crecimiento desusadamente alta. La aguda pérdida de poder adquisitivo del dólar en el ámbito doméstico puso a varias industrias importantes en una situación crítica; pero el balance de pagos cerró nuevamente con un saldo global positivo, y las reservas internacionales de la autoridad monetaria alcanzaron niveles sin precedentes. Un año paradójico, sin duda. De problemático e inquietante, tal vez quepa calificarlo; de sencillamente malo, no lo creemos.
Pero lo positivo y lo negativo vinieron de fuera. Pusieron de manifiesto la vulnerabilidad que padece el país en su estado actual de semiapertura. Particularmente en cuanto la altura de la barrera proteccionista le impide liberarse con rapidez adecuada de un exceso de oferta monetaria de origen externo. Pero no afectan el juicio que merecen la gestión de gobierno en la órbita económica, ya que en todo ello el papel que el país y su gobierno fue decidida (y a nuestra manera de ver inevitablemente) pasivo.
En cierto sentido, las mismas dificultades que nos perturbaron el año pasado son un tributo al éxito de la política económica de los años recientes. Ninguno de esos problemas –ni el rebrote inflacionario, ni la así llamada sobrevaluación del peso se habrían materializado sin el flujo de 500 millones de dólares de capital que el país recibió en el último bienio. Durante el cuatrienio 1970-73, por contraste, el Uruguay recibió un promedio anual de apenas un millón de dólares de capital del exterior. En esas condiciones ningún shock externo podía desestabilizarnos: teníamos el estancamiento y la mediocridad asegurados indefinidamente.
Sin embargo, esto no basta. De lo que atrae capital hacia el Uruguay, todo lo sustancial quedó completado hace cosa de cuatro años. La estructura económica básica, mientras tanto, sigue pareciéndose notablemente a la del país decrépito de 1973. Le devuelve usted el control de cambios, le reintegra usted la irresponsabilidad monetaria y fiscal y, en un santiamén, volverá a tener el mismo país de antes.
A principios de 1979 pronosticamos que aquél sería por fin el año de la gran reforma del sector público. Del sector de empresas estatales, ante todo. Apuntamos hacia el hecho de que el espíritu reformista había cundido entre algunos de los dirigentes más distinguidos de las propias empresas públicas. Esgrimimos el argumento de que nadie desde dentro del gobierno defendía la estructura actual de los entes autónomos –esas réplicas del gobierno central, con su gobierno colegiado, su imposible burocratismo y su total ausencia de objetivos concretos– ni podía concebiblemente defender lo que consistió en uno de los principales medios por los cuales los hombres del ancien régime arruinaron al país. Sin embargo, nuestro pronóstico falló. Trescientos setenta y cinco días transcurrieron sin traer la más leve indicación de que el tema está siquiera en la agenda oficial.
El otro gran instrumento del descalabro económico del país fue la seguridad social. Su estatismo, su burocratismo exasperado, su irresponsabilidad financiera, su efecto deletéreo sobre el ahorro, su injusticia tremenda. Pues bien, –o mejor, pues mal, pues terriblemente mal– el Acto Institucional No. 9 no hizo más que reafirmar todos y cada uno de los defectos esenciales del viejo sistema. Y en todos los demás aspectos esenciales de la estructura económica nacional (los referentes a las dificultades a la entrada en algunos mercados, notablemente el de la banca y el de la exportación de carnes, no pueden dejar de mencionarse) encontramos el mismo panorama de inacción. Diríase que las medidas de agosto de 1978 agotaron la capacidad del régimen para adoptar decisiones de importancia.
Uno no puede menos que preguntarse: ¿qué hicieron los viejos políticos para merecer la proscripción cívica, si la estructura que moldearon es ahora considerada sacrosanta?
Uno imaginaba ver un camino, creía discernir un derrotero, a través de los hitos del período: la liberalización cambiaria del ‘74; el anuncio del ‘77 (pese a que en gran parte no ha pasado aún de tal) sobre la rebaja arancelaria; la simplificación revolucionaria del gobierno de la banca privada por el BCU; las medidas agropecuarias de agosto del ‘78. Desde estas páginas siempre insistimos sobre que el tiempo apremiaba; siempre encontramos el ritmo del régimen para la acción reformista sumamente lento. No tanto exasperantemente lento, es decir, rechinante para nuestras preferencias, sino, más precisamente, peligrosamente lento, dadas las disponibilidades del régimen en materia de tiempo, necesaria y evidentemente limitadas. Pero ahora no se trata sólo de lentitud, sino de algo mucho más grave. La inacción del gobierno durante todo 1979 en el campo de la acción reformista pone en tela de juicio la interpretación de aquellos mojones como indicios de una ruta trazada hacia un objetivo inteligible. Y, todavía peor, más allá de la omisión, la acción gubernamental positiva tiende a negar abiertamente ese sentido que queríamos inferir de sus actos pasados.
Escribimos esto último con el pensamiento puesto en las últimas decisiones referentes a la industria automotriz. Siempre hemos tenido considerable respeto por la tarea de desmontar este gigantesco monumento a la artificialidad dirigista, totalmente indefendible en su conjunto, pero, aquí y allá –en un proyecto no pueden ser todos costos– promotor de actividades interesantes. Si la inacción se hubiese extendido a este campo, nos habría preocupado mucho menos que en otros. Si las autoridades hubiesen querido comprar tiempo, y hubiesen recurrido al consabido recurso de la prórroga, hubiésemos comprendido. Pero el gobierno ha hecho algo radicalmente distinto. Ha intensificado los rasgos dirigistas del régimen y enfatizado su sinsentido. Ha resuelto sacrificar aún más al consumidor uruguayo, restándole aún algunas de las ínfimas opciones que el sistema le concedía, en una especie de parodia del verso de los diez indiecitos, que iban desapareciendo uno tras otro, hasta no quedar ninguno.
Esto es lamentable. No hay la sombra de una justificación racional para ello. Pero lo más inquietante es otra cosa. ¿En qué rumbo estamos? O aún: ¿hay todavía un rumbo? No hace mucho hablábamos de la legitimidad del régimen, y el apoyo que en nuestro entender derivaba del consenso popular. Parece obvio que ese consenso no puede menos que tener una contrapartida, y que ella no puede dejar de incluir una política adornada por la virtud central, y por cierto no inaccesible, de la coherencia.