Los cuestionamientos al liberalismo aparecen desde posturas que lo contraponen a otros sistemas, o por el afán de confiar la custodia del bien común a los gobernantes
Las posiciones que atacan la economía de mercado por estar basada en el interés personal de los agentes suelen referirse a dos cosas distintas. Algunas contraponen el capitalismo a algún otro sistema, referido a algún tiempo pasado, o simplemente imaginado, en que los agentes responden a motivaciones solidarias y se hallan restringidos en su conducta por precisas normas éticas. Las otras querrían confiar la custodia del bien común a los gobernantes, dotándolos de suficientes poderes para permitirles imprimir a la marcha de la sociedad una dirección deliberada, distinta de la que habría tomado espontáneamente.
Para exponer la primera actitud, contrastémosla con lo que al respecto escribía Adam Smith: "Nunca he sabido que los que pretenden comerciar por el bien del público hayan hecho mucho bien." O sea que Smith no sólo dice que los empresarios son movidos por su propio interés, sino que afirma que aquellos que alegan lo contrario son hipócritas o confusos, más bien que benefactores de la sociedad.
¿Cómo interpretar este pasaje? ¿Se trata de una boutade, dirigida a escandalizar al público, que cree, ahora sin duda en su clara mayoría pero presuntamente también en aquella época, que la conciencia social de los empresarios representa un valor ideal en el orden económico? ¿Es, en puridad, una exaltación del egoísmo?
Que el lector juzgue por sí mismo, pero no sin antes considerar esta otra posibilidad: que la exaltación lo sea de la espontaneidad. El orden económico es sólo posible porque los operadores cooperan entre sí mucho más allá de su propia comprensión: con gentes que no conocen, sobre bienes de cuya existencia no sospechan, entre países recíprocamente ignotos. Los mercados logran la maravilla de plasmar un orden que es el fruto de la acción humana, pero del designio de nadie. Que nadie conoce cabalmente, cuyos secretos los economistas procuran a duras penas descifrar por la vía de drásticas simplificaciones, y cuyos actores comprenden por lo general de manera muy parcial.
A los propugnadores de un sistema basado en la conciencia social de los empresarios, por lo general nostálgicos de una idealizada Edad Media, en la que los precios se habrían fijado según la teoría tomista, de forma de preservar la condición social de los productores, ni enriqueciéndoles ni sumiéndoles en una condición inferior, lo cual sería la característica del precio justo, Adam Smith objetaría que en una sociedad dinámica, donde los productores no producen para comitentes conocidos como en los siglos XII y XIII sino para el mercado, donde todo cambia todo el tiempo, y donde la información que permite a los agentes orientarse en medio de la constante variación sobre qué y cómo producir se concentra en los precios, asignar a éstos un papel estrictamente distributivo precipitaría a la humanidad en el caos, y a través del caos en la hambruna.
La segunda postura a considerar tiene que superar dos clases de obstáculos. En primer lugar, unos estrechamente conexos con los que recién examinábamos; entre aquellos a quienes la comprensión cabal del orden económico resulta inasible se hallan, por supuesto, los gobernantes. Y, como dice Hayek, lo que no se comprende no se puede planificar. En segundo lugar, los obstáculos de carácter moral. Para que los gobernantes puedan torcer en una dirección deliberada la trayectoria de la sociedad hay que darles más poder, y cuanto más poder en el gobierno, inevitablemente, como señalaba Lord Acton, también más corrupción.
Precisamente, en estas postrimerías seculares, luego del espectáculo que ofreció la política italiana, donde el escándalo se engulló al partido con mayores pretensiones éticas, y en la francesa y la española, donde un fenómeno semejante está desplazando del poder a los socialistas, la lucha contra la corrupción debe ocupar un lugar prominente en la agenda mundial. Si para encaminarnos en tal sentido miramos, como deberíamos, a la historia, encontraremos en posición conspicua el caso de Inglaterra, donde la administración corrupta que tenían en el siglo XVII se transformó en la honestísima que alcanzaron en el XIX, y podremos apreciar cómo el progreso se obtuvo luego de una depuración drástica de las funciones que el gobierno debía cumplir.
De modo que hay una clara contraindicación en cuanto a poner al gobierno en el papel de guardián del bien público. Algunos propulsores de esta tendencia han ofrecido justificaciones para ella. Keynes, por ejemplo, cifraba su confianza en la decencia básica y el firme sentido del deber de una élite de servidores públicos y académicos, todos ex alumnos de Oxford y Cambridge, sus colegas y amigos, que identificaba sobre todo con los vecinos de la casa en que se había criado, por lo que Harrod dio a esta premisa básica del intervencionismo keynesiano, como algunos lectores recordarán, el nombre de presupuesta de Harvey Road. Otros, más ingenuos, se contentan con postular un Estado como debería ser, y formular sobre esa base ideal propuestas prácticas de política. Entre ellos se destacan varios Pontífices de la Iglesia Romana. Hacia la consideración de cuyas enseñanzas en esta materia nuestro discurso nos conduce ahora.