Todos los hombres son responsables de los daños que causen por su dolo, culpa o negligencia. Lo dice nuestro Código Civil, pero en Roma lo decía ya la ley Aquilia, en términos semejantes, en el siglo II AC. De una forma u otra, lo ha estatuido la ley consuetudinaria, o la ley escrita, sobre papel o en tabletas con caracteres cuneiformes, o sobre papiros egipcios, o pergaminos, o lo que fuere, desde que ha habido civilización. Y, aún antes, cuando no se conocía aún la escritura, regía la ley del talión —ojo por ojo y diente por diente— o sea que el que la hace la paga, desde siempre.
Pero en el Uruguay no está tan claro, cuando se trata de funcionarios públicos. La Constitución de 1934 no daba lugar a dudas. En su artículo 24 se leía: "Será civilmente responsable cualquier funcionario que, en ejercicio de la función pública que le estuviere confiada, y con incumplimiento de los deberes que el cargo le impone, causa perjuicio a tercero." Pero en 1952 tacharon este importante fragmento. ¿Sería para liberar a los funcionarios de toda responsabilidad?
Luce disparatado. Ya no tenían que trabajar, o casi, y ahora, encima, podrían violar la ley y causar daños sin responsabilidad. Demasiado. Yo pienso que, decididamente, nuestro derecho mantiene vigente el principio de la responsabilidad de los funcionarios por dolo, culpa o negligencia. No entiendo qué finalidad pudo perseguir aquel recorte, pero la Constitución ciertamente no les dio patente de corso. Y nada puede contradecir al clarísimo art. 1319 del C. Civil, que se refiere al "hombre" genéricamente, y nada puede hacernos pensar que los funcionarios no son humanos. Hay veces que ... bueno, dejémoslo así: sí, son humanos, y como tales responsables ante la ley. Y no hay tu tía.
Pues bien, ¿a qué viene todo esto? El lector ya lo sabe: al Instituto Nacional de Colonización (INC) le vendieron un tranvía. ¡Y qué tranvía! Pagaron US$ 4.064.000, por un campo que está arrendado por 15 años más a un dólar por hectárea.
Este mismo diario titulaba hoy hace una semana: "El gobierno engañado en compra de campo", en primera. Y en la página 13: "Gobierno engañado al comprar 4.000 hectáreas en más de US$ 4." ¡Mal titulado! Esa no era la noticia. La noticia —realmente increíble— es la siguiente: "En amplios círculos del gobierno no sabían que existe un Registro de Arrendamientos". Porque obsérvese que no le dijeron nada falso a los operadores del gobierno. En el cuento del billete premiado hay una tira de lotería que se presenta como habiendo sacado la grande y que no sacó nada, y en el de la máquina de fabricar dinero, el aparato es por supuesto falso, etc., etc. Pero acá un juez, siguiendo lo que dice la ley, al pie de la letra, le ofreció el tranvía al INC y el dueño del campo no les dijo ni una palabra para inducirlos a comprometerse.
Lo único que debe ser falso es el alquiler de un dólar la hectárea al año, pero eso tampoco se lo dijeron a los agentes del gobierno; sencillamente porque la idea de que el campo podía hallarse arrendado no les había pasado por la mente y sobre arriendos no se había dicho ni jota.
Evidentemente, tuvieron que trabajar, hubo que hacer como que se remataba el campo, y llevarlo hasta una cifra atractiva para el vendedor y aceptable, como de hecho resultó, para el gobierno. Y armar ese arriendo absurdo de un dólar la hectárea por año. Pero en lo único que los autores de la maniobra descollaron fue en lo psicológico. No sé cuántas personas del gobierno intervinieron, pero hay que suponer que no fueron muy pocas, dada la importancia del dinero en juego, y presumir, como presumió el autor del golpe, que ninguna de ellas supiera de la existencia del Registro de Arrendamientos revela una perspicacia excepcional. Es posible que también se valieran del conocimiento personal de los intervinientes del lado del gobierno, o al menos de algunos de ellos, sin lo cual su diagnóstico sobre un aspecto institucional que debe ser de conocimiento de la gran mayoría de las personas normales mayores de edad no parece posible.
Retorno ahora al tema inicial de este artículo, a saber, las consecuencias jurídicas sobre los funcionarios públicos que intervinieron en este asunto. Me sorprende sobremanera no haber leído, al tiempo de escribir este artículo, ninguna noticia sobre el sometimiento a sumario de los funcionarios que manejaron este asunto y ni siquiera sepamos sus nombres. Obviamente, la formación de sumario a tales personas es enteramente compatible con que su conocimiento personal excluya para los jerarcas toda sospecha de participación en una maniobra dolosa, de uno o más de los involucrados.
Desde fuera, y sin conocer a nadie implicado, pienso que el incidente es demasiado sencillo para que su origen sea doloso. Pero la culpa, y culpa grave, ni que hablar de la negligencia, parece indiscutible que en ella se incurrió, en cuanto las personas que decidieron depositar el dinero para la compra del campo omitieron requerir la consulta de abogados o escribanos, que pululan en la Administración, en vista del alto valor pecuniario que se arriesgaba.
En cuanto a la situación jurídica que se ha configurado, el subsecretario de Ganadería formula declaraciones contradictorias. Dicho jerarca expresó a El Observador que "jurídicamente el negocio no se cerró..." e inmediatamente, en el sentido opuesto, al afirmar que "Colonización ya comunicó al juez que acepta la opción de compra". Aparte de haber ratificado seguidamente que el INC se enteró de la existencia del arrendamiento "...luego de que había aceptado la opción de adquirir el inmueble ofrecida por el magistrado", y cuando ya habían depositado los US$ 4 millones. Es inconcebible que el dinero del pueblo pueda tratarse con tanta ligereza.
Y, por supuesto, si la pérdida se concreta —lo anterior, acerca del sumario, y eventual destitución, no está sujeto a ese requisito, basta el riesgo que hicieron correr al patrimonio nacional— si la pérdida se concreta, decía, no cabe duda que los funcionarios en grave falta deben ser responsabilizados. Les será imposible pagar la deuda, es natural suponerlo, pero ello no obsta a que la deuda debe imponérseles formalmente, y —si, repito, la pérdida se concretara— debería ser ejecutada en la medida de lo posible. No es siquiera concebible que un gobierno, cuya identificación con el interés popular es su lema, trate el dinero del pueblo como si fuera basura. No olvidar que si los US$ 4 millones se perdieran, los uruguayos estaríamos pagando impuestos para servir la deuda nacional por tan significativo monto, sin habernos beneficiado por él en absoluto.