Corría el año 1950. En el mundo se iniciaba una colosal expansión del comercio internacional, que en dos décadas cambiaría la faz de la Tierra y que representa el origen de la globalización actual. En el Uruguay se cumplían tres años de la decisión que nos colocaba fuera de ese proceso. Entre Singapur y Tibet habíamos preferido imitar al segundo, a cuyo fin nos construimos un Himalaya de regulaciones sobre cambios y control de las importaciones. ¿Por qué puede haber sido?
Una posible respuesta es que ello nos permitía fijar el precio de la uva como nos venía en gana. De la uva y, claro está, de todo lo demás, pero yo tengo sobre mi mesa de trabajo un ejemplar de un viejo decreto, de aquel año, del que nunca me separo, porque creo que él contiene la clave de la catástrofe que nos autoinfligimos por un cuarto de siglo a partir de entonces, y ese paradigma se refiere, precisamente, como podría haber sido al precio de cualquier otro bien, al de la uva.
“… El precio a fijar (a la uva)”, leemos en el decreto de 10 de marzo de 1950, “no puede ser inferior a cierto nivel mínimo resultante de la conveniencia de proporcionar al viticultor un margen de beneficio razonable concorde con sus legítimas aspiraciones de mejoramiento en su condición… que sirva de estímulo a su esfuerzo” ¡Qué fantástico!
Eso es gobernar con el corazón. Usted, lector, habrá oído hablar de gentes –economistas, políticos, filósofos, periodistas– que prefieren que el precio de la uva no lo fije nadie, que se fije solo, o, como a ellos les gusta decir, “que lo fije el mercado”: un mecanismo social ciego y desalmado. Nada garantiza, cuando se deja operar sin control consciente al mercado, que resulte fijado un precio de la uva que signifique al viticultor un margen de ganancia razonable que satisfaga sus legítimas expectativas de progresar. Y, ¿a qué clase de sociedad nos llevaría esto? ¿Cuánta injusticia no brotaría en ella del reinado de ese mercado sin corazón? ¿Cuántos viticultores no tendrían que arrancar las cepas que con tanto amor habían cultivado y sustituirlas, con grandes pérdidas, por otras que apetecieran a una elite con paladares de terciopelo y corazones de piedra? O tuvieran aun que desprenderse de sus viñas, heredadas tal vez de sus padres, y enfrentar, ya proletarios, los azares de otro mercado insensible, el del trabajo.
Hablando de éste, recordemos que por aquel entonces el gobierno se mostraba igualmente diligente procurando promover salarios capaces de satisfacer también las legítimas expectativas de los trabajadores, de poder alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y sus familias, e ir progresando, a ritmo sostenido, de condición. Durante la guerra los poderes públicos habían dado pruebas de su solidaridad dictando una ley que regulaba los salarios en función de las necesidades de los trabajadores, procurando ponerlos a salvo de la explotación capitalista. Se habían organizado Consejos de Salarios de composición tripartita, a los cuales los representantes del Ejecutivo concurrían con su sensibilidad social adecuadamente estimulada por sus jerarcas.
Que todo esto era hermoso, nadie querría negarlo, pero. ¿Era también posible? El vino hecho con uvas cuyo precio satisface las legítimas expectativas del viticultor ¿será competitivos con los de países donde las expectativas tienen que adaptarse permanentemente a la realidad? Los zapatos o los muebles fabricados por trabajadores cuyos jornales tengan el nivel requerido para satisfacer las necesidades que el gobierno generosamente les reconoce, ¿podrán competir con los producidos por obreros cuyas remuneraciones sean sencillamente fijadas por el mercado, frío y desalmado como éste suele ser?
Si nuestro interlocutor, a quienes propusiéramos estas preguntas, fuese un hombre o una mujer de 1950, difícilmente llegara a entender de qué estábamos hablando. Para sí, probablemente, se diría: “¿De dónde salieron estos extraterrestres? ¿Creen que se importan vinos, zapatos y muebles? ¿No saben que todo eso está en tercera categoría, y que para ésta nunca alcanzan las divisas? Mire si nos vamos a consumir las divisas, con lo escasas que están, en importar cosas que se pueden producir perfectamente bien en el país. No hay ningún problema en vender el vino, los zapatos y los muebles, porque todos los bodegueros tienen que comprar la uva al mismo precio y todas las empresas tienen que pagar los mismos salarios. Claro que para exportar esos productos habría que fijarles tipos de cambio preferenciales. Bueno, si quieren exportar que se presenten al Ministerio de Hacienda y pidan un tipo de cambio, y no joroben más con el precio de la uva y de la mano de obra. Que respeten nuestra soberanía; fijamos los precios que nos parecen justos y no es cuestión de nadie más que nuestra.
Ese es el atractivo de la autarquía: que el gobierno puede hacer lo que se le antoja, por igual Ejecutivo y Legislativo, y los sindicatos y otros grupos de presión no tienen otro límite que la fuerza del adversario. Todas las cuestiones de competitividad vienen sobrando. Pienso que el progresivo cierre de la economía uruguaya tiene que ver con esto. Que las leyes proteccionistas y el control de cambios tienen que estudiarse junto con el dirigismo con todas su batería de intervenciones para encontrar un sentido al conjunto. Porque los unos sin los otros carecen de explicación.
Ahora que está de moda em-prenderla contra el “neoliberalismo” es posible interpretar las críticas que se enuncian como manifestaciones de nostalgia respecto de un mundo en que los responsables de la política podían dar rienda suelta a su sensibilidad social; en que precios, salarios, tasas de interés, alquileres, créditos, etcétera, se digitaban con una inspiración ética (por más que detrás hubiese una motivación política, eso no hace al caso). Toda esa barahúnda actual de los que le piden “soluciones” al gobierno, y que presupone en éste una libertad de decisión que hoy ha perdido, en razón de la globalidad en que está inmerso, me parece otra manifestación de la misma nostalgia. Y otro tanto podría decirse, en mi opinión, del crecimiento electoral de la izquierda.
En una democracia, si la gente quiere volver a situarse en las coordenadas de 1950, debería tener la oportunidad de intentarlo. Sólo que me gustaría que la gente supiese que ese viaje nostálgico en la máquina del tiempo cuesta caro. Y ningún país tiene una historia mejor que Uruguay para revelar cuán caro cuesta. Eso mismo ya pasó: ya fuimos ricos en el libre comercio y ya nos volvimos pobres en la autarquía. Con gran trabajo y a tropezones vamos saliendo del pozo, pero podemos hundirnos de nuevo en él, sin dificultad. Muchas de las cosas que despiertan las añoranzas están precisamente allí, en el mero fondo. El estilo de gobierno puede otorgarle más lugar a la solidaridad y al humanitarismo, pero a costa de cerrar más la economía. Todo a la vez no se puede. La vida es así: hay que elegir. Pero si eso es lo que desean, adelante. Los pueblos sin memoria, decía George Santayana, están condenados a revivir una y otra vez su historia. Y bueno, si eso es lo que realmente les gusta…