Hay el que habla, y hay el que escucha. No el que oye obligado porque le han cerrado el camino.
La Nación del 30/7 reprodujo un fragmento del comunicado de la Cancillería argentina en respuesta al reclamo uruguayo por el bloqueo de rutas en Gualeguaychú. Dice así: "No cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión, derecho humano protegido, en desmedro de otro derecho, la libertad de circulación, que está legalmente protegido, pero que no reviste esa calidad de derecho humano fundamental."
Está mal redactado. Lo que Taiana quería decir era al revés: sí cabe invocar la libertad de expresión para justificar el obstáculo a la libre circulación, derecho de menor jerarquía. Está mal pensado, además, jurídicamente. La jerarquía de las normas depende integramente de su origen: si constitucional, máxima; si legal, superior a los decretos; y éstos imponiéndose a resoluciones administrativas individuales. Dentro de cada estamento, en un país donde haya orden jurídico, no puede haber contradicción entre dos normas, siendo la hermenéutica la ciencia que permite excluir tales inconvenientes. Si se acepta la contradicción, hay que inferir que no hay un orden jurídico, sino tantos como criterios existan para ordenar la fuerza relativa de los derechos en pugna: muchos órdenes normativos y un gigantesco desorden jurídico.
El prestigioso diario ya citado refuta enfáticamente la tesis de la Cancillería. Lo hace en su principal editorial de aquel día y simultáneamente en dos artículos firmados, uno de ellos nada menos que de Mariano Grondona. La refutación es sin duda terminante, pero yo me atrevo a sugerir que podría ser más clara. La argumentación de la Nación se apoyó en una distinción entre libertades admisibles y no admisibles, describiendo éstas Grondona como "libertinaje". Esa libertad que excede sus límites no es del todo fácil de precisar. Pienso que el aspecto esencial de la distinción tiene que ver con el concepto de la expresión de ideas. Esta es forzosamente una forma de comunicación intelectual. Hay algunos que quieren transmitir ciertos mensajes, y hay gente a la cual quieren llegar con ellos. Hay el que habla, y hay el que escucha. No el que oye obligado porque le han cerrado el camino hacia su casa, o hacia su trabajo, o hacia sus vacaciones, y es un oyente forzoso. Toda la tradición liberal en la materia opera con la distinción entre súbditos y autoridad. La autoridad es la que puede hacerse oír a la fuerza. El ejemplo típico está en 1984 de Orwell, donde en cada hogar la televisión está permanentemente encendida, transmitiendo mensajes afines al poder (aparte de tener cámaras vivas para espiar lo que el pueblo hacía y decía en lo que había sido antes intimidad). Aparte de la ficción, Solzhenitsyn muestra en uno de sus cuentos como los altavoces no descansaban nunca en los bloques de apartamentos de la URSS.
Tales imposiciones son esencialmente totalitarias. No necesariamente de estados totalitarios, ya dictatoriales; también de movimientos políticos encaminados hacia el poder absoluto. Un caso interesante de los últimos años de la Alemania de Weimar, cuando las brigadas rojas, comunistas, y los batallones pardos, nazis, chocaban sangrientamente en las ciudades, sobre todo en Berlín. Unos cantaban La Internacional, los otros el Horst Wessel Lied, éste en honor de un nazi caído en aquellos salvajes enfrentamientos. A quien se les pusiese a tiro, le espetaban sus consignas. A nadie le pedían permiso para ello. ¿A eso calificaríamos de expresión de ideas? ¿Y lo insertaríamos en la tradición liberal? Huelga la respuesta.
En oposición a aquel escenario de violencia puede invocarse la tradición inglesa en materia de expresión ciudadana. En Inglaterra los mítines políticos o encuentros sobre temas sociales no se llevan a cabo en la vía pública. Con la excepción de zonas especialmente autorizadas, de las cuales el Hyde Park Corner, donde uno puede ver a oradores subidos a cajones de frutas, rodeados tal vez por una media docena de curiosos. Los actos políticos o equivalentes deben realizarse en ámbitos de propiedad privada: teatros, estadios, hoteles, etc. Los ingleses no se sienten por ello privados de "un derecho humano fundamental", que diría la Cancillería transplatina. Les consta que solo en las condiciones que a ellos se aplican hay seguridad de que nadie puede ser forzado a oír mensajes. Más arriba decía: "Hay algunos que quieren transmitir un mensaje y hay gente a la que quieren llegar con ellos". Ahora agrego: Y hay gente que no quiere recibir ese mensaje, y que tiene para ello un derecho igualmente básico, en el cual se juega también su libertad. La tradición liberal inglesa entiende que la libertad de prensa es el espécimen perfecto de la libertad de comunicación, y que sus otras manifestaciones deben aproximársele todo lo posible. Quien lee un periódico es porque lo ha comprado o ha encontrado quien se lo preste. Y si se trata de un mitin en la calle, la garantía más cercana de equipararse al sistema de la prensa, es que debe realizarse en un lugar donde normalmente no haya gente a la hora y el día de que se trate. Por tanto, la autoridad policial debería tener competencia para fijar a quienes les solicitasen una sede urbana caracterizada por su escasa densidad usual de público a la fecha y hora del evento. Que oigan los que quieren oír y nadie sea obligado a hacerlo.
Me permitiré relatar una pequeña anécdota personal para demostrar que la protección de quienes no quieren oír no es una preocupación recién llegada a mi conciencia. Hará tal vez un par de décadas que estaba esperando en la platea del Solís que comenzara la función de la Comédie Française, cuando un comité sindical de la Intendencia de Montevideo subió al escenario y uno de ellos comenzó a leer un manifiesto, cuyo tema he olvidado. Yo me puse de pie y logré interrumpirlos, diciendo que obligar al público a oírlos se violaba nuestra libertad, al no haber estado indicada en el programa su aparición. Me miraron como a bicho raro y, sin comentario, continuaron con su lectura. Nadie del público me apoyó, debo reconocerlo, pero un diario hizo una mención favorable a mi intervención. Pienso que la tradición liberal del Uruguay, como la de Argentina, es incipiente: pero no hay que perder la esperanza.