Actualmente no tenemos una declaración de derechos que nos proteja.
Cuando el lector ve que el articulista escribe sobre la legalidad en abstracto, y con Mayúscula, presumo que entiende que trata de envolver su mensaje en un lienzo solemne. Y que procura comunicarle que hay algo, delicado y precioso, que arriesga quebrarse. Que ya sabe que nuestra memoria nacional conserva recuerdos dolorosos de momentos en los cuales cupo afirmar otro tanto, y —lo más alarmante— que en plurales ocasiones el riesgo se concretó, y la Legalidad se hizo trizas. Que la ruptura afecta a un orden sobre el cual la libertad adorna nuestra convivencia, que de pronto puede hacerse humo, y una herencia secular, en su mayor parte ajena, pero, en sus postrimerías, a la cual también contribuimos, que lo mantiene erguido, pero más de una vez ha sucumbido ante los embates del salvajismo. En cuyos casos nuestra sociedad se ha visto reducida a vivir sin libertad, ni ley, ni orden, hasta que, tras mucho sufrir, llega la hora, feliz pero también penosa, de restañar las heridas; lo que, es del caso temer, hacemos cada vez peor.
Debe ayudarme a poner al lector en sintonía con lo que acontece el señalarle el desorden jurídico que se abate sobre la América del Sur, en apreciables proporciones. Tener en cuenta que hasta ayer, como quien dice, en la Argentina, gendarmes voluntarios, o tal vez subsidiados públicamente, en todo caso con la aquiescencia, y aún estímulo, de los gobiernos nacional y provincial, cerraban el paso de sus compatriotas que querían venir a veranear en nuestro país, y a vehículos de carga que traían de Chile bienes de capital a ser incorporado a la planta de celulosa en construcción. Y que ahora este vecino, notoriamente agresor, ante la pasividad jurídica de nuestras autoridades, tiene la desvergüenza de accionar contra nosotros en una Corte Internacional. Mientras que más al norte del subcontinente, asistimos, aquí y allá, a la tentativa de restaurar culturas primitivas, que lo ignoran todo a propósito de la Legalidad, de la Justicia, del Orden Jurídico, en un salto atrás de medio milenio. ¿Será que nos arrastra a todos la misma correntada primitivista?
Pero volvamos a nuestra tierra, que hoy es la que nos hace estremecer. Lo primero que observamos es el olvido de la Constitución. Es total. Consecuencia conjunta de las difundidas convicciones democráticas de nuestra gente y de la apabullante mayoría de la coalición de izquierda. El razonamiento es claro. Actualmente no tenemos una declaración de derechos que nos proteja. En efecto, desde 1934 todos los derechos esenciales pueden ser restringidos, según la Constitución, "por razones de interés general", lo que no puede significar otra cosa que "conforme a la percepción del interés general por parte de las mayorías", sin ser el FA responsable, sino los partidos que gobernaron y reformaron la Constitución varias veces desde 1934. Pero, de hecho, teniendo la mayoría absoluta en las dos cámaras, el FA puede limitar los derechos esenciales de los ciudadanos tanto como le plazca. Por eso, si a Tabaré le viene en ganas prohibir el consumo de tabaco, lo hace por decreto. La Constitución exige ley para prohibir a alguien algo, pero ese derecho de los ciudadanos puede ser limitado por razones de interés general. Y Tabaré es quien dice en qué es que ellas consisten. Análogamente, por eso se niega el derecho de los propietarios de empresa a resistir la ocupación de sus locales, porque, según la mayoría del parlamento, la ocupación de locales industriales y comerciales es, en realidad, según el interés general, una simple extensión del derecho de huelga. Y así sucesivamente.
Pero, de hecho, esa situación totalitaria en que nos hallamos, por más que pueda fundarse, no ha sido, desde marzo de 2005, el régimen vigente. Ha habido abiertas violaciones de los derechos individuales, interpretados según la tradición liberal, pero nunca se llegó al extremo al que finalmente ha llegado ahora. Una cosa es que se violen los derechos individuales, y otra que se ignoren las órdenes judiciales por la sola fuerza bruta. Aquí hemos llegado a una dictadura, en la que poderes ajenos al Estado se sobreponen a éste. Por disparatada que sea nuestra Constitución, no hay en ella disposiciones que permitan a un conjunto de particulares, ocupantes de un local industrial textil, resistir la orden judicial de entregar determinados equipos a los portadores de una orden judicial que así lo disponía, y, más importante aún, no hay ninguna norma que autorice al juez o jueza a ceder ante la negativa de los ocupantes en rebeldía contra la orden judicial, como ha ocurrido en el asunto Dancotex. En el caso la magistrada se justificó invocando la prudencia, a fin de evitar un choque entre los representantes del orden y los sindicalistas ocupantes del local, pero esto es equivalente a un golpe de estado, en el cual los sindicalistas impusieron su voluntad a los representantes de la ley y el orden público.
Claramente, la solución de la magistrada, que no fue tal sino pasarle el fardo a otro magistrado, que se enfrentará a la misma perspectiva de conflicto, ante el cual, de mantener la jurisprudencia sentada por su colega, tendría a su vez que pasarle el fardo a otro magistrado más, y así ad infinitum, con lo cual se pondría de manifiesto que el Estado, todo lo más, comparte con el sindicato textilero el gobierno de la República. Lo cual puede ser una modalidad incompleta de golpe de estado, pero golpe de estado sería de todos modos.
¿A quién incumbe la responsabilidad? Según la Constitución, a menos que la diéramos ya por decaída, sin duda le incumbirá al Presidente de la República, a quien el artículo 168, 1°, le confía "La conservación del orden y tranquilidad en lo interior..." El presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y la policía de todo el país, de modo que difícilmente podría invocar aprehensiones en cuanto a un posible enfrentamiento violento. De no hacerlo, sería cuestión de llamarle a responsabilidad, para lo cual la vía procedente sería el juicio político. La situación es obviamente delicada, pero no por ello deja de brillar por su claridad.