Permítanseme algunos ejemplos. Los argentinos tienen todos igual derecho al trabajo, no son recluidos por la fuerza, salvo que así lo disponga una sentencia de juez competente, previo juicio legal. Todos gozan de igual franquicia para expresar su pensamiento, oralmente o por escrito; asimismo a asociarse con otras personas para fundar y operar un sindicato obrero; y, análogamente, a asociarse con otros del mismo parecer con el fin de formar equipos que han dado en llamarse "piquetes", cuyo propósito consiste en agruparse apropiadamente sobre la vía pública –calles, carreteras, puentes– en manera de impedir el tránsito de toda clase de vehículos o personas, con la consiguiente presión a favor de causas o reivindicaciones abrazadas por los "piqueteros".
He de detenerme en este ítem del Bill of Rights argentino, porque, innegablemente, se trata de una innovación en materia de derechos individuales y colectivos. Después de revisar la declaración inglesa, de 1688, y la norteamericana, de 1791, doy fe de que ninguno de ellos incluye el piqueteo. Antes de seguir adelante, tengo que confesarles algo. Mi primera reacción ante el fenómeno de presión mediante el control privado de parte de la vía pública consistió en interpretar lo que consideraba como el hacer la autoridad la vista gorda ante una grosera infracción, apoyando con ello una gestión que gozaba de su simpatía. Un par de sucesos, sin embargo, me hicieron cambiar de opinión. Uno fue protagonizado, ante las cámaras de TV, por el embajador argentino acreditado ante nuestro país, al cual un entrevistador le sugirió que su gobierno podría obligar a los piqueteros de Gualeguaychú a dejar de causar perjuicios inútiles para todos, ellos mismos incluidos. La reacción del diplomático transplatino combinó sorpresa e indignación. ¡¿Cómo?! ¿El periodista sugeriría acaso que el gobierno argentino reprimiese a ciudadanos que están ejerciendo sus derechos cívicos de protesta? O algo por el estilo. El segundo episodio consistió en la decisión de un grupo piquetero en el sentido de aplicar sus recursos de protesta callejera contra el propio Néstor Kirchner. El matutino La Nación de 2/12 tituló en primera: "Confirman el boicot piquetero contra los actos del presidente", agregando en subtítulo que "el ministro del Interior anticipó que no va a reprimir a los manifestantes". Eso terminó de convencerme: los piqueteros en general, y en particular los muchachos de Gualeguaychú, que son los que a nosotros realmente nos preocupan, son inexpugnables.
Pero aquellos conceptos firmes, que uno aprendía una sola vez, y después le servían para siempre, parecen haber quedado atrás. Sin haber perdido el respeto que había adquirido por la fuerza de los piqueteros, hay nuevos hechos que, según mi criterio, requieren algún grado de revisión. Para ello será preciso introducir un nuevo personaje (colectivo) en esta narración: los productores rurales. Kirchner, que se atiene a mantener el nivel general de los precios tratando con, o imponiéndose a, los representantes de la oferta, ha entrado en abierto conflicto con algunos de ellos, fundamentalmente productores rurales. El pueblo podrá ingerir la carne a que está habituado, a precios invariables, ha prometido el presidente, y otro tanto acontecerá con el pan. Como consecuencia, los ganaderos y agricultores han dejado de enviar sus productos, carne y trigo, al mercado; es decir, ante los precios fijados por el gobierno, se rehúsan a vender. Y muchos de ellos, si bien esporádicamente, han recurrido, aquí y allá, al método de protesta callejera cuya moda crece día a día. Frente a ello, el ministro del Interior, Anibal Fernández, según lo cita La Nación del 5/12, expresó: "No se permitirá a los ruralistas cortar rutas". Caray, ¡qué cambio! De un derecho primordial de la ciudadanía, se lo reduce a una conducta que depende de la anuencia del gobierno, por más que la aprobación se presuma cuando los piqueteros son amigos del presidente. Cierto que el ministro Fernández manifestó que no se reprimirá a los productores; pero esta declaración es ambigua, al punto de carecer de toda significación. En efecto, la aseveración es terminante en cuanto a que el corte de ruta no se permitirá ("el ministro intervendrá con fuerzas de seguridad para evitar que se concreten los bloqueos..."); pues bien, si la ruta no se corta, ¿en base a qué podrían aplicarse sanciones a los manifestantes?
Pero lo más interesante de las declaraciones de Fernández radica en su fundamento. Proclamó el ministro: "El resto de la sociedad tiene que sostener su dieta alimentaria y no que se la manejen cuatro señores". O sea que comerán carne y pan según es su costumbre. Y para que así sea no se tolerará que los productores rurales corten rutas. Naturalmente, no será la única causal descalificadora del piqueteo. Después de todo, alterar los hábitos alimentarios de la población no puede ser la ofensa suprema contra el orden democrático. Tiene que haber otras, pero no sabemos cuáles, y evidentemente no están escritas. Por tanto, lo que parecía un derecho inalienable no es más que una agresión legitimada por el capricho del poder político. En los aproximadamente 9.000 piquetes censados desde 1997 hubo en cada uno dos voluntades coincidentes: una de los piqueteros ejecutando y otra del gobierno consintiendo.
En el asunto de las plantas de celulosa, esta cuestión relativa al papel de la participación del poder político en cada corte de ruta es de primera importancia. Hasta ahora el gobierno nacional y el entrerriano podían encogerse de hombros y atribuir la práctica ofensiva a una decisión exclusiva de la muchachada de Gualeguaychú, y ¿qué culpa le cabe a los gobiernos nacional y provincia? Ahora, sin embargo, todo cambió: sabemos positivamente que si el poder político no está detrás, las rutas no se cortan. Ellos ya han confesado que si no están de acuerdo recurrirán a "las fuerzas de seguridad para evitar que se concreten los bloqueos". ¿Qué no reprimirán a los manifestantes? Y ¿desde cuándo a los uruguayos nos interesó tal cosa? Está visto que La Haya I va a resultar otra goleada.