En materia penal, un amplio sector de nuestra gente está al tanto de cómo son las cosas en el mundo civilizado. Sabe que a los procesados no se les retiene entre rejas sin juzgarlos más de un mes o dos, que una penitenciaría con igual número de procesados y penados solo existe en países primitivos.
En el sábado 27 de diciembre, en El Observador, con el título "Leyes en el tintero", se incluía un colgado que decía: "Para el último año de gobierno el FA dejó varias leyes que aprobará en el primer semestre. Reformará el Código del Proceso Penal (y) el Código General del Proceso...". Después de leerlo, lo releí. Una vez que me cercioré del texto, me restregué los ojos, y me aseguré de estar despierto, tan inesperada era la noticia. Después de todo, dudo que antes haya habido un gobierno civil que aprovechara tanto su poder político en asuntos penales, y ha demorado el proceso comercial cuanto quiso si un ente público tenía certeza de que, en los estrados, no podrían fallar en su favor. Aparte de lo cual, la propia opinión pública atribuye una importancia menor a las cuestiones judiciales. Me consta por, entre otras cosas, el poco interés de mis artículos sobre el caso Bengoa, cuya prisión, al parecer de lectores que se han acercado a mí al respecto, no le quita a nadie el sueño. Y la transferencia del edificio que iba a ser de Justicia, en Plaza Independencia, al Ejecutivo, mientras el Judicial, que se vio reducido a contemplarlo por más de medio siglo, mientras se lo construían, ahora debe contentarse con un vejestorio arquitectónico.
Pero la relectura del colgado estimuló mi optimismo. Por algo el diario recibió el dato al respecto. En un año electoral, sin duda el FA tendrá especial cuidado de no formular promesas que les consta no han de ser cumplidas. En materia penal, un amplio sector de nuestra gente está al tanto de cómo son las cosas en el mundo civilizado, por el cine y la televisión. Sabe que a los procesados no se les retiene entre rejas sin juzgarlos más de un mes o dos, que una penitenciaría con igual número de procesados y penados solo existe en países primitivos. Sabe que el veredicto de culpable o inocente le corresponde a jurados, no a los jueces, etc., y sin duda se sentirán orgullosos de que vayamos acercándonos a ese nivel. Algunos tal vez creen que nuestro país tenía un sistema de jurados, y que sólo se lo abandonó como consecuencia de haberse vendido el jurado en un juicio contra un estanciero poderoso, en los años 30. No fue de manera alguna así. El sistema de jurados había comenzado a deteriorarse mucho tiempo antes. En los años 30 los jurados no veían nunca, ni al acusado, ni a los testigos, ni a ningún aspecto del proceso, y, en su lugar, los jurados oían la lectura del expediente a cargo del actuario u otros funcionarios del juzgado. Los jurados eran reclutados para las audiencias, en vez de la nómina de ciudadanos, como corresponde, en los bares cercanos al juzgado, donde los candidatos esperaban ser convocados para merecer el pequeño estipendio que se acordaba a los jurados. En cualquier caso, nadie puede suponer que el jurado pudiera conocer en nada parecido a un mediano conocimiento del asunto sobre el que versaba el juicio. Ni aquellos jurados podían conocer los detalles del caso, ni podían con ellos reunir una colección de seres humanos refractarios a la tentación de la coima. No podemos sencillamente volver al pasado conocido, sino a fojas cero.
No hay duda que organizar un sistema de juicio oral no es moco de pavo, pero cuando se llega a construir una tradición, las dificultades ya se habrán disipado. El cine y la TV también prueban cómo en el Lejano Oeste, si había que juzgar a alguien, se hacía llegar hasta el pueblo a un juez, o ex juez, y de fiscal y defensor actuaba gente que no habría estudiado derecho, pero que se integraba en una tradición empapada de las leyes que se aplican en los juicios. Al respecto me parece oportuno citar a Alexis de Tocqueville, historiador y político francés del siglo XIX, que a los 26 años viajó a los EEUU, y escribió un libro titulado "La democracia en América" (1831), donde expresó que había tantos juicios, y por ende tantos jurados, que casi todo hombre había servido como jurado en varios juicios, con lo cual hasta los menos instruidos desarrollaban un principio de criterios jurídicos. Lo que, poco a poco, podrá reproducirse en nuestro país cuando tengamos un sistema de juicio penal como merece un país en serio.
Lo principal, siempre en tema penal, es que se consiga un régimen de publicidad del proceso. Sin eso los juzgados secretos —como en nuestro país merecen llamarse— les dan a la prensa lo que les conviene. Por ejemplo, en el caso Bengoa (y pido excusas a mis lectores sabiendo que a ellos el tema no les interesa, pero de todos modos es un buen ejemplo), el gobierno local sucesivo al que habría sido víctima habría sufrido en los casinos municipales una pérdida de cinco millones de dólares, pero un número concreto, en una suma exacta, nunca fue difundida. Luego la Sra. juez recibió un ayuda de contadores, pero ningún estado contable se hizo público. Nunca tampoco se dio a conocer los resultados en cada juego en el quinquenio respectivo. Y las informaciones recientes, sobre ingresos recibidos por Bengoa mal explicados, no son prueba válida por el ilícito por el cual está en prisión: son un indicio, pero ciertamente no sirve para condenar al investigado. En una audiencia pública, el defensor, cuando plantea ésa y otras defensas, tendrá el apoyo de la prensa y de la opinión pública, o lo contrario, pero siempre algo que deje a un lado un fundamento insustancial como el que la justicia está esgrimiendo por el momento.
En materia civil las cosas son más sencillas. Un aspecto importante es mejorar la calidad de los jueces, pero eso no se arregla por reglamentos. Tendremos que esperar que las universidades mejoren sus niveles de enseñanza, sobre todo la pública. Pero ése no es el tema de hoy. Lo que sí podría atacarse es el mal principal de esta rama jurídica, que es la tremenda lentitud con que los expedientes, o al menos no pocos de ellos, se mueven. En ese sentido el pasar de un sistema escrito, que facilita toda clase de "alongaderas", al oral y público, podría facilitar un sistema más enderezado hacia lo esencial, más que hacia las complicaciones abogadiles.
Como se ve, una parte de la página de El Observador ofrece una base para la esperanza. Pero es una esperanza que se apoya solamente sobre el "colgado" de marras. Hay un recuadro que enumera las prioridades de los legisladores (Ley de Defensa, Descentralización, Negociación Colectiva y Reparación) que, como se ve, no incluye la reforma de los códigos, y todavía otra columna donde se enumeran Proyectos para 2009 (Transporte y Obras Públicas, Vivienda, Trabajo, Turismo y Deporte, Industria, Educación, e Interior y Defensa) que tampoco menciona los códigos. Al mismo tiempo, el tema está anunciado en mejor lugar y en tipo de letra mayor. Pienso que hay base razonable para alimentar nuestro optimismo. En cuanto aparezca algo más en el horizonte, volveré sobre el tema.