Ayudarnos, quiero decir, refiriéndome a la vergüenza con mayúscula, vergüenza nacional, de todos los uruguayos, vergüenza enorme, mientras se comenta en el mundo lo que El Observador informó, titulando en gruesos caracteres, en su página 13 de una semana atrás: "El penal de Libertad está entre las peores cárceles del mundo". Esta calificación, que destruye la buena fama que otrora supimos ganar, no proviene de un cualquiera. La sentenció el austriaco llamado Manfred Novak, "Relator Especial" de las Naciones Unidas, especialista en monitoreo de control, torturas, tratos crueles, inhumanos y denigrantes, en cárceles y otros centros de reclusión. Realizó su trabajo entre los 21 y 28 de marzo. Como puede apreciarse, no fue en un vuelo de pájaro.
"En Uruguay me encontré con un panorama peor al que esperaba", declaró Novak, señalando especialmente a un módulo de la prisión ya aludida, conocido como Las Latas, en el cual, según el experto, "los presos son tratados como animales", como asimismo se encierran a seres humanos "en pequeñas jaulas", concluyendo que "las condiciones allí son infrahumanas"; hallándose Libertad "entre las peores cárceles que he visto en el mundo." Tampoco se le escapó al técnico de las Naciones Unidas el hecho tremendo de la gran longitud de la privación de libertad sin que haya recaído sentencia de primera instancia.
El funcionario internacional dejó asimismo constancia de la sorpresa con que veía que, contándose Uruguay entre los tres países de la región con menores índices de criminalidad, junto con Chile y Costa Rica, sea al mismo tiempo el que exhibe la mayor proporción de población privada de libertad por decisión de los jueces penales.
Culminando las conclusiones extraídas de su visita a nuestro país, Novak dejó constancia de la sorpresa con que se había enterado de la ausencia de un Ministerio de Justicia en el Poder Ejecutivo, siendo así que el sistema carcelario debe depender del Ministerio de Justicia, y de hecho es lo que ocurre, prácticamente en el mundo entero. En efecto, la ausencia de Ministerio de Justicia es inusual, y merece que ella despierte la curiosidad de los observadores, pero sin que esa singularidad uruguaya sea incomprensible, como lo voy a demostrar.
Antes, y para ese fin, permítaseme una ojeada por el mundo civilizado, respecto a los Ministerios de Justicia. El país pionero al respecto fue Inglaterra, cuyos orígenes se hunden en las profundidades de la Edad Media; sobre el cual se conoce nítidamente el perfil en el siglo XV, otros dicen XVI. De los EEUU se fija con precisión que el sistema se implantó en 1789. Él consiste en que el Ministerio de Justicia es ocupado por un abogado, que, aparte de ser asesor jurídico del presidente de la Unión, es quien puede ser acusador de quienes estime responsables de responsabilidad penal. Para desempeñar el laborioso papel de Attorney General, como lo es en los países de lengua inglesa, cuenta, naturalmente, con una adecuada batería de fiscales; pero que no tienen, como los nuestros, "autonomía técnica", ya que el castigo de un presunto delincuente no puede depender por haberse designado aquel fiscal más bien que este otro. Si en su stock de fiscales no hay quien comparta su criterio, el Attorney General podrá contratar otro profesional, o hará la acusación el mismo ministro, que por algo es abogado él mismo.
De modo que, en el sistema aplicable en los EEUU, en Inglaterra y en gran número de países, la acusación por un delito, susceptible de enviar a la cárcel al declarado culpable por el juez, había partido de una acusación del origen más exaltado, prácticamente del presidente de la República, o del monarca, a través de un ministro que se conectaba directamente con el jefe del Poder Ejecutivo. En Uruguay, en cambio, la acusación habría venido de un fiscal, un funcionario de orden claramente secundario, en un asunto conducido esencialmente por miembros del Poder Judicial. Recién desde 1934 la Constitución dispone que el Ejecutivo designe directamente a los fiscales, a la vez que se crea el cargo de fiscal de Corte, cuyos cometidos apenas si se especifican en la Constitución. La posibilidad de que la inexistencia de un ministro de Justicia (excepto durante la última dictadura) no parece atribuible a la negligencia o distracción de los políticos, más bien por la preferencia de los políticos por no ser vistos como el origen de los castigos penales. Todo lo cual será aprovechado asimismo para introducir un nuevo régimen sobre la temática general de la delincuencia. Bajo la inspiración de un Ministerio de Justicia, humanamente bien elegido, podremos entrar en una nueva etapa de nuestra historia, que nos permita olvidar la horrenda situación que la bienvenida visita de Manfred Novak nos ha puesto por delante.
Trato la visita de Novak como bienvenida, ya que aguzó nuestra curiosidad, adormecida como se hallaba, sobre la cuestión carcelaria, pero asimismo porque la otra cuestión cercana a aquella, la de la reforma del sistema de justicia. Se debe superar el infame sistema escrito que arrastramos, en el cual el transcurrir del tiempo se ignora, la figura del juez imparcial, esencia de la justicia, se deja de lado, y el mismo juez que encerró al encausado años antes, lo declara al fin culpable, y todavía tal vez destinado a algunos años más de prisión. Cuando ese panorama se esfume en el pasado, junto con la imagen de la prisión que castiga a los reclusos, por cualquier cosa que sea, encerrándolos en pequeñas jaulas, volveremos los uruguayos a tener ánimo suficiente para andar por el mundo con la cabeza en alto.
¿Cuánto de todo esto se difundirá más allá de nuestros límites? Bastante, diría yo: Novak informó que había recibido una rueda de prensa realizada el 27 de marzo, en la Unión Postal de Iberoamérica, poniendo el énfasis de su exposición en "las pésimas condiciones en que se vive en el Penal de Libertad, ese lugar de tan cínico nombre".
De modo que no es arriesgado presumir que los periodistas extendieron la noticia como reguero de pólvora. Ello, que sin duda estará estimulando numerosas preocupaciones, de consecuencias positivas, al mismo tiempo perjudicará la imagen pública de más de una persona que ha de sufrir indirectamente las consecuencias de la sólita expansión del desprestigio, inevitable en casos como el que nos impacta.