El tema sobre pobres y ricos cumplirá hoy la segunda parte. La semana pasada, al presentar a la primera mitad de ese tema, vimos a la izquierda política dirigida por quienes la identifican como la fuerza de los pobres, en el mundo entero, movilizada para mejorar su condición, representada como se hallaba en el Parlamento, fracasando en promover ese fin. Particularmente en el caso de los pobres que trataron de mejorarla ahorrando e invirtiendo en viviendas, con un resultando pavoroso, que entonces expuse. Hoy tenemos ante nuestros ojos a la izquierda en el poder y, sin duda, procede examinar la mejora del nivel de vida de los pobres que la coyuntura política actual haya introducido en los últimos cuatro años.
Antes, sin embargo, hay un punto previo que debemos considerar. En general, estimo que la visión dominante al respecto, en nuestro país, tal vez en toda Iberoamérica, es que la disponibilidad de bienes, en sentido amplio, que incluya los incorporales, dividiendo entre ricos y pobres, se relacionan entre sí con signo de menos: si los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven menos ricos, o sea, más pobres. Y viceversa. Pero no puede darse por sentado que ello representa exclusivamente la realidad. También puede preverse la distribución por el mecanismo inverso. En tal hipótesis podría decirse que, evaluando el producto de un año, por el número 100, los ricos recibirán X%, y los pobres 100 - X%. El total de la riqueza generada en cualquier período, a estos efectos, es un simple dato. Es probable que, en esas condiciones, los trabajadores serían indiferentes en cuanto a la distribución de la renta. La condición de ese objetivo podría ser equivalente a que el crecimiento proporcional del ingreso de los trabajadores fuera igual o semejante al crecimiento proporcional del ingreso de los empresarios, y las proporciones de la distribución del producto sería indiferente a ambas partes, como creo que en la realidad ocurre en algunos países, v. gr. EEUU.
En EEUU hay pobres, pero si por tales representamos a los obreros, la media de su nivel de vida incluye un par de autos por familia y acceso a los estudios terciarios para la prole. En un ejemplar de la conocida revista Time de las décadas de 1950 o 1960, leí acerca de un pobre mexicano, inmigrante ilegal en EEUU, que debía cobrar su subsidio por paro, y al dirigirse al local respectivo –la revista escribía al pasar– "se subió a su automóvil y...". Si creemos que la fortuna tiende a ser ganada, o perdida, para la comunidad en conjunto –en términos generales, se sobreentiende– no sería necesario ocuparse de transferir recursos a los pobres, sino en procurar el máximo flujo de recursos para la comunidad en su conjunto. Pero ahora ocupémonos de qué está haciendo la izquierda para los pobres valiéndose de su control absoluto del poder político.
El aspecto más obvio es ocuparse de los empleados públicos, que, en ciertas categorías, como la prensa lo ha anunciado, actualmente su salario medio equivale a dos veces y media el de los empleados del sector privado. Los empleados públicos en manera alguna pertenecen al sector laboral ocupado por pobres. La mayoría pertenece a la clase media. De modo que, si bien esta notable diferencia algo contribuirá a mejorar la condición material de los pobres, es difícil averiguar qué fines políticos están dominando este aspecto. Dos motivos operan: la remuneración de servicios políticos y atracción de ciudadanos propensos a inclinar sus votos por razones económicas, más bien que políticas. La relatividad del motivo de favorecer a determinados ciudadanos por razones que, ya habrán ustedes notado, he caracterizado por la economía (esperando el autor se le reconozca su delicadeza al no recurrir a la "compra de votos"), salgamos de la duda mirando el lado opuesto; es decir, ver cómo el gobierno se ocupa de los pobres en casos en que tienen suspendido el derecho de voto, refiriéndome, naturalmente, a los presos. La posición marxista tradicional consiste en atribuir la caída de la delincuencia a causa de la estructura de la sociedad, de modo que, estando en el poder, diríase que deberían velar por los delincuentes, por tanto otorgar primera preocupación al bienestar de los reclusos. Lo que, ciertamente, al cabo de cuatro largos años de gobierno, la condición de los presos, si no está peor, ciertamente no está mejor, y fue preciso que nos visitara un experto europeo de la ONU, nada que ver con el marxismo, para que la ministra competente empezase a ocuparse –febrilmente ahora– sobre un asunto que debió comenzar a ocuparse cuatro años antes.
Otro apoyo a los pobres lo está llevando a cabo la ministra Marina Arismendi. Básicamente se trata de suministrar alimentos a quienes en lenguaje marxista se llamarían Lumpenproletariat. Como asistencia, en gente que está al borde de la muerte por desnutrición, no cabrían observaciones; pero ocurre que el servicio se condiciona a la abstención de los receptores de trabajar. El simple enunciado de las condiciones, tal como el público lo sostiene, le pone a uno los pelos de punta. Es de tremenda crueldad para los beneficiarios. Es obvio que la condición del servicio no podría ser falta de deseo de trabajar, sino falta de capacidad para trabajar. En los términos en que de hecho se están llevando a cabo, equivale a una condena a perder por completo la moral.
De la única manera en que la ayuda es admisible es bajo la forma de un servicio para recapacitar al hombre y a la mujer para ganarse la vida, con la asistencia de médicos y psicólogos. Así es claramente inadmisible, aparte de arriesgar una violación de la Constitución, la cual en su artículo 53 dice lo siguiente: "El trabajo está bajo la protección especial de la Ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer con preferencia a los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica". Consiguientemente, el Ministerio que nos ocupa debería difundir su objetivo de devolver a los beneficiarios del servicio la capacidad y el deseo de trabajar, sin lo cual se trataría de una secretaría inadmisible.
Queda el manejo del poder sindical, que ya he tratado, pero en breve debería hacerlo de nuevo, particularmente porque no se advierte que ni los carritos de los cartoneros, ni los limpiadores de parabrisas, ni los malabaristas de semáforos, y tal vez otros trabajadores de emergencia, no parecen haberse reducido, pese a los cuatro años de amplia expansión económica que la coyuntura mundial nos ha ofrecido.