¿Qué necesitamos los uruguayos para llegar a ser un país económicamente desarrollado? Me corrijo: para volver a ser un país desarrollado. Porque eso es lo que fuimos, como fue Argentina, a fines del siglo pasado y comienzos del presente: uno de los países más ricos del mundo; digamos, entre los diez primeros. Cuando afluían a nuestras costas multitud de inmigrantes desde Europa, porque aquí se vivía mejor, había más y mejores posibilidades para trabajar, ahorrar, invertir, hacer fortuna. Para hacerse la América. Venían de Francia, de España, de Italia, países que hoy, tras haber sido desolados por las guerras, y penosamente reconstruidos, nos dan ayuda económica. ¿Qué nos aconteció? ¿Cómo fue que nos salimos de la vía recta y no la hemos vuelto a encontrar?
Esa es la pregunta, como decía Hamlet. Para quienes se duelen de nuestra pobreza, de nuestra mediocridad de hoy, y se angustian por encontrar una salida, no podría haber otra. Todos deberíamos sentirnos como Edipo, ante el enigma en cuya solución nos va la vida. Y sin querer hoy meterme demasiado hondo en la cuestión, yo a mi vez les pregunto: ¿No es verdad que la respuesta habrá que buscarla en los fundamentos? ¿Es posible que la solución esté en idear un sistema de incentivos para que la gente venga a nuestro territorio a colocar aquí su capital? ¿Cómo es que antes venían sin que nadie los llamase? ¿Qué hacemos hoy mal que antes hacíamos bien?
Sin pretender llegar al meollo de la cuestión, como decía, hoy querría proponerles una hipótesis sencilla: nos va mal porque no tenemos reglas de juego claras y firmes. La gente no quiere venir a jugar aquí al juego económico porque cambiamos las reglas durante el partido, y los jueces y líneas consiguientemente se comportan de manera imprevisible. Si el mundo está lleno de lugares donde eso no ocurre, ¿por qué habrían de arriesgar aquí su capital?
Por tanto pienso que valdría la pena considerar un programa de fomento de la inversión y el empleo, basado en un manojo de principios sencillos, a saber: volver operativa la garantía constitucional de derechos individuales, someter efectivamente la actividad administrativa a la ley, defender auténticamente la seguridad personal y la propiedad y terminar con el privilegio de grupos que de hecho operan por encima de la ley.
De la Constitución les hablaba una semana atrás. El principal problema práctico en ese ámbito radica en el arraigado hábito de nuestro Parlamento de reescribir los contratos entre particulares. Notablemente en materia de arrendamientos y de préstamos. Si se nos permitiera cambiar la Constitución, habría que incluir una norma, que está en la Constitución de Estados Unidos desde 1787 y prohibe toda ley que debilite la fuerza de los contratos. Si la reforma constitucional no forma parte de nuestro repertorio, nos avendríamos a aceptar una ley interpretativa de la Constitución. Se trata simplemente de cerrarle a la Suprema Corte el resquicio (real o supuesto) por el cual se evadió cada vez que le reclamaron declarara la inconstitucionalidad de las leyes que reescribían los contratos entre arrendadores e inquilinos y entre prestamistas y prestatarios. Sólo se precisa una ley que diga esto: Declárase que todos los derechos creditorios o personales, como el del acreedor respecto de su deudor, o los del arrendador respecto de su inquilino, se considerarán objetos de propiedad a los fines de la protección constitucional de este derecho. Un texto así habría mantenido la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre la buena senda y evitado la mayoría de las confiscaciones en que el Estado ha incurrido en Uruguay.
En segundo lugar, es imperativo reducir al máximo el riesgo de que la actividad industrial y comercial resulte frustrada por la arbitrariedad de la burocracia. En la actualidad los agentes económicos en muchos sectores de actividad sólo pueden funcionar gracias a su buena suerte o a su savoir faire dentro del mundo burocrático. Imagínense ustedes el caso de un empresario que necesita licencia administrativa para colocar un producto nuevo en el mercado y ésta se le rehusa sin ninguna base legal. La arbitrariedad puede provenir de algún reglamento o del capricho de un funcionario; dos situaciones con frecuencia difíciles de distinguir. No hace muchos años que existe una “acción de amparo” ante la Justicia, pero ésta es inaplicable en la mayor parte de los casos, porque sólo procede en caso de que no haya una vía ordinaria para la defensa del derecho en peligro. Habitualmente ésta existe: posibilidad de recurrir ante la misma autoridad que dictó la alcaldada (tiempo perdido en el 100% de los casos) y luego pedir llevar la cuestión a la Justicia, todo lo cual toma varios años. Mucho más tiempo del que los negocios suelen esperar; pero de todos modos la acción de amparo ya no es admisible.
En este terreno lo que se necesita son tres cosas. Primero, desregular, y hacerlo a fondo; segundo, modificar la acción de amparo, de modo que sea útil para la actividad empresarial; tercero, que los ministros sean responsabilizados por la arbitrariedad burocrática cometida dentro de sus respectivas competencias, a fin de que los jerarcas dejen de practicar el laissez faire sólo respecto de las relaciones de sus subordinados con el público; que es la manera de simplificarse la vida los ministros y de complicársela a los agentes privados.
El tercer tema nos conduce a la tan mentada cuestión de la seguridad personal y de la propiedad frente a la delincuencia. Necesitamos sistemas eficaces de represión. Me resultó grato oír al presidente Sanguinetti días atrás proponiendo una defensa vigorosa contra la agresión del crimen organizado. Pero al mismo tiempo el contexto de la declaración me hizo lamentar cuán recortadas tiene él mismo sus facultades para ello. El presidente se estaba dirigiendo a los ministros de Interior y de Justicia del Cono Sur. pero él mismo no tiene un ministro de Justicia. Quienes se supone representan a la sociedad ante la Justicia, los fiscales, no están en manera alguna sujetos a la autoridad de quien la sociedad ha elegido como su primer representante. Esto no puede continuar.
Finalmente, el país debe tomar conciencia de que su reconocida vocación a proteger los derechos de los trabajadores no implica situar a los sindicatos por encima de la ley. Desde la organización de una manifestación callejera que bochincheramente corta el tránsito, pasando por la publicación de remitidos extorsivos contra los empleadores, hasta la toma cuasi militar de una parte de la ciudad, los sindicatos pueden hacer todo, no son juzgados por las mismas reglas que nos limitan a los simples mortales. No es bueno. No es bueno para los dirigentes, a quienes inclinan hacia la soberbia; no es bueno para los trabajadores, el costo de cuyo empleo sube consiguientemente; no es bueno para atraer capital a Uruguay. ¿Cuántos planes de inversión y empleo no habrán sido dejados de lado con sólo ver el empresario visitante una de las infinitas manifestaciones que bullangueramente causan congestionamientos de tránsito en el centro de la capital? “¡Atención! ¡Peligro!” proclaman. “En este país la voluntad de los sindicalistas es su única ley.”