A propósito del vigésimo quinto aniversario del golpe de Estado de 1973 se ha escrito bastante; todo –al menos entre lo que yo he leído– desde una perspectiva muy cercana al objeto. Es decir, sin tratar de tomar distancia para, merced a una visión de conjunto, que incluya con cierta profundidad cronológica los hechos anteriores, procurar entender lo que aconteció hace un cuarto de siglo.
No deja de ser, en cierto sentido, una perspectiva válida. Más precisamente, no se la puede tachar de estéril. Ella es capaz de servir, por ejemplo, para fundar juicios morales y jurídicos sobre la agresión a las instituciones. Tengo en particular presente un artículo cuyo esquema es así: a los militares y al entonces presidente Bordaberry les cabe la responsabilidad central; a los demócratas liberales también hay que adjudicarles culpa significativa, porque no hicieron nada para preservar los valores en los cuales creían; la izquierda también pecó, porque mientras le duró la ilusión de que el golpe iba en la dirección peruanista, lo apoyaron; y no hay que omitir en la lista de responsables a los grupos de ultra derecha que incitaron a quienes iban contra la Constitución. Tenemos una colección de juicios para la posteridad, pero ahí termina el viaje. Si lo que queremos es evitar la repetición de lo mismo, tenemos que bajarnos del tren suburbano y tomar el Orient Express.
Un tren que nos lleve lo bastante lejos como para mirar el golpe desde una perspectiva que permita, no ya juzgarlo –lo que daremos por hecho– sino comprenderlo. Siempre he considerado el colmo de la bobera proclamar ¡nunca más! sobre cualquier cosa indeseable que haya ocurrido, y presumir que la fórmula posee poderes mágicos que hayan de librarnos de una recidiva. Nunca más nos intoxicaremos de la misma manera si nos abstenemos de ingerir el mismo veneno. Y si no sabemos de qué tóxico se trata, quedamos librados al azar.
El imperativo es, entonces, comprender. Hoy en día, por virtud del tiempo transcurrido, así como de las prescripciones y amnistías, la pregunta que realmente importa no es ¿quién fue responsable por lo que pasó? sino ¿cómo pudo acontecer lo que aconteció? Porque las armas los militares las han tenido siempre, pero hubo no sólo un momento preciso en que las usaron para interrumpir la vigencia de la Constitución. Si usted prefiere, preguntemos por qué no pasó antes. O por qué en Estados Unidos no pasó nunca. Y dejemos que esas interrogantes guíen nuestra búsqueda. Tendremos que recorrer vastos trechos. No nos amilanemos por ello, que la recompensa puede ser copiosa.
No dejaremos de lado en nuestro equipaje el concepto de legitimidad, que será absolutamente esencial en nuestra exploración. Por dicho vocablo entendemos algo que acontece en la “conciencia colectiva”, una convicción compacta en su seno acerca de que los gobernantes que fueron electos, o que de hecho ejercen el poder, son los que tienen derecho a mandar. Ni que hablar, la conciencia colectiva engloba la de aquellos que se sienten adversarios políticos de tales gobernantes, y procurarán sustituirlos en las próximas elecciones. Esa convicción de la cual hablo no es la que se deriva de haberse llenado los requisitos constitucionales para la elevación de los gobernantes. Creo que en efecto, con Ortega y Gasset, que “pretender definir la legitimidad mediante fórmulas jurídicas sólo es gana de no entender su realidad”. La legitimidad es parte del ser de la polis, no de su deber ser. Es algo que se construye, o que acontece, y un día se pierde. Es así que, “en una fecha los hombres” según Ortega, “como si dijéramos al levantarse por la mañana, se encuentran con que ya no hay legitimidad”. Así, por ejemplo, en Roma, vemos perder legitimidad a las instituciones de la república, y presenciamos su sustitución por el imperio, que viene a ser un gobierno militar que dura más de cuatro siglos. Julio César al llegar al ocaso de las instituciones jurídicamente legítimas, resume la situación con la inimitable concisión romana: “¿La república? La república no es ya más que una palabra”.
¿Cúanto hay entonces que remontarse en la dirección de nuestro pasado para comprender lo que aconteció en 1973? A mi modo de ver, no menos que hasta la inmediata posguerra. No es que crea en la interpretación económica de la historia, pero si tuviese que elegir una fecha, algún acontecimiento individual, para el comienzo de la investigación, yo elegiría el dictado del decreto del 1º de julio de 1947, que reimplantó el contingentamiento de las importaciones, interrumpido durante la guerra mundial, aduciendo la necesidad de imponer al pueblo uruguayo “una restricción de consumos, en los artículos de procedencia extranjera”, presumiendo que las exportaciones eran un dato de la realidad (se cita que en 1946 éstas no habían sido más que 116 millones de dólares) y que lo único que quedaba hacer era racionar las divisas disponibles. Los hechos de que ese racionamiento se volvió en un instrumento de gran poder y en una fuente de corrupción son importantes.
Así se inició una trágica clausura de la economía uruguaya, que la situó fuera de la mayor expansión del comercio internacional que registra la historia, desde entonces mismo, aproximadamente, hasta la crisis petrolera de 1973 y el estallido de la inflación mundial que por entonces se produjo. Así se gestó el estancamiento económico más largo, más completo y más cruel de que yo tenga noticia en el mundo entero. Fue esa clausura y estancamiento de un cuarto de siglo la que nos hizo retrogradar hacia el mundo del subdesarrollo y nos convirtió, despoblado como se hallaba, y se halla, nuestro territorio, en un país de emigración. Y lo que digo está más allá de toda posible controversia, porque el estancamiento cesó precisamente cuando, en 1974, y bajo el gobierno de facto, se puso fin al régimen de contingentamiento de las importaciones, y las exportaciones comenzaron en seguida a crecer a un ritmo superior a la media mundial.
La inflación no tardó en sumarse a los males gemelos de la clausura y la escasez crónica de bienes. Abierto el camino hacia aquélla por una política monetaria disparatada, fue la irresponsabilidad fiscal la que se encargó de hacerla galopar. Con el agravante de la estrecha relación que el déficit mostraba con el ciclo electoral: desde principios de la década de 1950, la línea estadística del déficit mostró un pico en cada año electoral, y cada año siguiente al electoral mostró una cima de inflación.
La penuria económica terminó desquiciando toda la vida social. Yo mismo, en la edición de Búsqueda de junio-julio de 1973, escribía: “El Uruguay, que conservaba la integridad aparente de su estructura constitucional, hace mucho que había dejado de vivir una sociedad regida por el derecho… Ni el honor, ni la libertad personal, ni la propiedad estaban seguros”.
Y llegó un tiempo en que, amenazadas las instituciones primero, volteadas después, la gran mayoría de los uruguayos permaneció indiferente. Simplemente, la legitimidad se había acabado. El tema da para más, y no tardaré en volver sobre él.