El cierre de la economía uruguaya empieza muy temprano: primero, en 1875, con una tarifa aduanera de carácter proteccionista: arancel bajo para materias primas y bienes de capital, alto para bienes terminados de consumo, de la industria liviana, o sea aquellos cuya producción doméstica, o bien existía ya incipientemente, o bien su desarrollo se creía posible; segundo, con leyes que reforzaron esa orientación en 1888 y 1912. Veo el primer paso en esa dirección como enigmático por dos razones: por el clamoroso éxito que había tenido la estrategia del primer medio siglo de independencia –gran apertura comercial y total estabilidad monetaria– y por la falta de intereses creados asociados a una industria urbana que recién pudo surgir en base a la nueva política; mientras que después sí, se comprende que hayan erigido un baluarte para su defensa.
Este antecedente es insoslayable para hablar de clausura de la economía uruguaya, pero es menester destacar que se trata de un protoproteccionismo, llamado a palidecer en todo sentido frente al que comenzó a practicarse en la década de 1930, que es el que me propongo glosar en este artículo. Antes de atacar frontalmente este tema, sin embargo, se me hace necesario detenerme en otro antecedente; porque debe entenderse que vamos a tratar de un proteccionismo de inspiración monetaria, destinado a preservar las reservas del país. Lo cual no debería sorprender, porque en la escuela proteccionista prototípica, el mercantilismo, las ideas de barreras comerciales y de defensa del stock de oro del Estado se hallaban estechamente asociadas.
Para dilucidar este segundo antecedente me remontaré a 1896, o hasta la fundación del Banco de la República. Antes de que hubiese un banco estatal las reservas internacionales del país, por supuesto, tampoco existían. Por ende, nadie podía robárnoslas. El miedo a perder el tesoro, que terminó por convertirse en uno de los rasgos salientes de nuestra personalidad nacional, todavía no existía, o no había tenido ocasión de manifestarse. Ni siquiera se manifestó en los primeros años de haberse apilado los dorados lingotes en las bóvedas del BROU. Para que ese nuevo trazo de nuestra personalidad empezase a tomar forma visible fue necesario esperar una gran tragedia.
Al estallar la segunda guerra mundial, las potencias europeas interrumpieron la convertibilidad de sus monedas. Estados Unidos no lo hizo. Nosotros imitamos a los europeos. Fue un error, si bien de poca trascendencia. Más grave fue que al terminar la guerra no volvimos al patrón oro. Cuando Inglaterra retornó al patrón oro en 1925, tampoco la seguimos. Una voz solitaria, la de Emilio Frugoni, reclamaba la vuelta a la convertibilidad. En vano: el temor obsesivo de Harpagon ya se había enseñoreado en nuestra personalidad nacional. De hecho las paridades oro se conservaban, por virtud del sistema de flotación sucia que habíamos instalado en lugar del patrón oro: el BROU intervenía en el mercado para mantenerlas. Con el advenimiento de la Gran Depresión, los recursos limitados que el BROU había separado para cumplir esa función se disiparon, sin que la tendencia a la baja del peso cediera. Y el peso, por primera vez en su historia, sufrió una considerable depreciación.
Con la pregunta “¿Qué hacer ante ello?” llegamos por fin al meollo de nuestro tema de hoy; porque la respuesta que el país dio fue: control de cambios, racionamiento de las divisas. Y con ello se instituyó la estrategia financiera que destruiría la prosperidad de Uruguay. Presumiblemente, la decisión se tomó como resultado del asesoramiento brindado por una comisión de notables que en junio de 1931 convocó el ministro de Hacienda, Javier Mendívil. Se sostuvieron tres posiciones: retorno a la convertibilidad, flotación del peso y control de cambios. Las dos primeras contaron solamente con un defensor cada una: por la convertibilidad, Emilio Frugoni; por la flotación, Luis Supervielle; por el control de cambios, siete personas: Acevedo Alvarez, Ricardo Cosio, Julio Llamas, Pablo Minelli, Octavio Morató, Carlos Quijano y José Serrato.
Funesto consejo; pero, en alguna medida, comprensible por la singularidad de la situación internacional. Aminora también la responsabilidad de la mayoría el que a la sazón fuese imprevisible el sesgo que iba a tomar el régimen, del cual, por imposibilidad de efectivizar el control, fueron pronto eximidas las transacciones financieras, limitándoselo a las de comercio exterior: obligaciones de los exportadores de vender al BROU las divisas al tipo oficial (o “tipos oficiales”, como sería el caso antes de mucho) y racionamiento de las divisas, con lo cual el “control de cambios” tomó la forma de un “control de importaciones”, como de hecho se le llamó usualmente entre nosotros.
En el marco de la Gran Depresión, con proteccionismo rampante y caos monetario por todas partes, es difícil evaluar el resultado de la solución adoptada. Probablemente, cualquiera que se adoptase habría dado malos resultados. Por otra parte, pronto llega la segunda guerra mundial, y el supuesto peligro de importar demasiado se troca en la dificultad de conseguir proveedores y fletes para importar lo necesario. Con lo que el control de importaciones se deja en suspenso. La verdadera tragedia viene después de la guerra, cuando la depresión que los economistas keynesianos temían no viene, y en su lugar se suscita un ambiente económico notablemente propicio al crecimiento, más propicio que ningún otro, incluida la centuria entre el fin de las guerras napoleónicas y el comienzo de la primera guerra mundial. Por más de dos décadas el comercio internacional se incrementó en términos reales en más del 8% al año, lo que implica que las exportaciones de cada país por término medio se multiplicaron por cinco. Pero no sería ésa nuestra suerte: el 1° de julio de 1947 resolvimos reimplantar el control de importaciones en su plenitud, lo que significaba la clausura de la economía, la tibetización de Uruguay. En el cuarto de siglo siguiente, mientras la exportaciones del mundo se multiplicaban por cinco, las nuestras permanecían totalmente estancadas. Llegado julio de 1947 estábamos ante la ventanilla de una estación de ferrocarril. Nos ofrecían un billete que llevaba a la prosperidad y al desarrollo; lo rechazamos y compramos uno que conducía a la pobreza y al subdesarrollo.
Para que las exportaciones aumenten es preciso especializar los recursos. Nosotros dijimos “no” a la especialización, “sí” a la autosuficiencia en todo; al precio que hiciese falta, con la dilapidación de recursos que fuese precisa. Todo antes que importar algo que se pudiese producir en el país. Nunca pude sobreponerme a la mezcla de desesperación y estupor que la fundamentación de aquel malhadado decreto me causa. Porque allí, efectivamente, se dice lo que acabo de señalar como la disparatada doctrina que lo inspiró: las exportaciones son un dato, las importaciones serán las que el gobierno, en su infinita sapiencia, decida repartir de modo que no se nos agote el acervo de reservas internacionales. Desesperación, por la gratuidad de toda la pobreza que hoy nos aflige. Estupor, porque el país en pleno haya contemplado cómo se le hundía sin que ninguna voz audible haya dado un grito de alarma y de protesta.