Dime qué Constitución tienes, y te diré qué país eres. Con ello no quiero decir que la Constitución haga al país, sino más bien lo contrario. Sin embargo, la ley fundamental tiene un efecto formativo, a la vez que normativo. Hay influencias externas que han dejado su rastro en nuestra Constitución y, como nosotros nunca sacamos lo que allí alguna vez ponemos, como no sea la forma del Ejecutivo o del Legislativo, cuando los estados que inspiraron a nuestros constituyentes han dejado de existir en sus propios territorios, perviven en nuestra Carta, y con ellos su influencia. Veamos algunos ejemplos.
La disposición que más claramente nos aleja de una Constitución liberal, e infunde a la nuestra un nítido perfil paternalista, es el artículo que ahora lleva el número 44 en nuestra Carta, inserto con el número 43 en 1934, donde se dispone que “el Estado procurará…el perfeccionamiento físico, moral y material de todos los habitantes del país”. ¿Cómo podría el Estado –o el gobierno, como sería más apropiado decir– “perfeccionar” a los simples ciudadanos? ¿Incluso moralmente? ¿Acaso puede presumirse que los que mandan sean moralmente superiores a los que deben obedecer? Es conocida la sentencia de lord Acton: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Sería insensato descartar la existencia de hombres públicos virtuosos, pero no menos descaminado resultaría presumirles en su conjunto el nivel de ética indispensable para perfeccionar a los demás.
Lord Acton, el historiador inglés de la segunda mitad del siglo pasado, liberal a la vez que católico, vertía en la frase recién citada la obsesiva preocupación de los de su tendencia por el abuso del poder público. Otros nombres le vienen a uno a la memoria. El del francés Montesquieu, en su empresa de propagar el equilibrio de poderes separados, y el mutuo control resultante, que él tenía por ser la clave de bóveda de las libertades inglesas. El del norteamericano Madison, con su viva conciencia de que el peligro de una tiranía parlamentaria no palidece frente a la amenaza de un Ejecutivo todopoderoso, y su defensa de un bicameralismo radical como manera de sofrenar al Legislativo. Ideas todas por entero extrañas a nuestra cultura constitucional de hoy. ¿Poner cortapisas al poder del Parlamento? Pero si la Constitución no cesa de encargarle que promueva la virtud de los uruguayos y les asegure el bienestar. “Todo habitante de la República”, proclama el artículo 45, también de la cosecha de 1934, “tiene derecho a una vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica”. ¿Quién querría coartar los poderes del legislador? Sólo quien se gozase viendo a familias humildes hacinarse en casuchas de lata. “La ley” –ahora es otro graduado de la promoción de 1934 quien habla, el artículo 45– “reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo”. Sólo quienes insisten en dejar tan delicada misión al ciego e inhumano mercado, algún neoliberal que otro, podrían querer sembrar obstáculos en el camino del legislador. Y así sucesivamente; seguir con los ejemplos me absorbería el resto del artículo.
Prestemos atención ahora al origen de estas ideas. Nuestra historia constitucional comienza con la Carta de 1830, un punto de partida en esencia liberal, básicamente inspirado en la Constitución Federal de Estados Unidos. Cada reforma representó un alejamiento de aquel paradigma. La de 1917, aparte del Ejecutivo mixto, mitad colegiado y mitad unipersonal, híbrido disparatado que trajo consigo la semilla de la inestabilidad institucional, introdujo en nuestra historia la locura de otro híbrido, mitad gobierno y mitad empresa, de la que no hemos dejado aún de padecer, los entes autónomos. Y si bien la evolución posterior a 1934 habría de dar varias vueltas de tuerca más a la influencia antiliberal, a aquel año fatídico le incumbió el triste honor de abrir de par en par las puertas de nuestro acervo constitucional a las ideas totalitarias que a la sazón pululaban en el mundo, al punto de que su pasado liberal quedase eclipsado por una concepción que glorifica al Estado, transformándolo, del artefacto necesario, por más que peligroso, que en él veían los liberales, en la figura paternal a la cual los ciudadanos han de acudir en busca de protección y de guía. Esa concepción puede resumirse óptimamente con la fórmula de Mussolini: “Todo por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.
No estoy sugiriendo que los constituyentes de 1934 abrazaron la ideología fascista. Sí estoy diciendo que una vasta proporción de los uruguayos se dejó influir por lo que en el fascismo, y en el nazismo, y en el bolchevismo creyeron ver de positivo y exitoso, mientras se imaginaban que el cortejo fúnebre del liberalismo ya lo habían visto pasar. ¿Estoy insinuando que lo que señalo de fascista en nuestra Constitución se asocia con las fuerzas políticas que apoyaron el golpe de estado de 1933 y redactaron la Constitución de 1934? En manera alguna. Sin ir más lejos porque, habiendo habido enemigos del golpe que en 1942 propusieron dinamitar la represa de Rincón del Bonete, ninguno de ellos quiso aprovechar la reforma constitucional para eliminar los elementos totalitarios que sus adversarios habían dejado infiltrar en la Carta. Señal de que no les estorbaba. Sin contar con que los propios batllistas en 1931 habían defendido la creación de ANCAP invocando el exitoso ejemplo del “capitalismo de Estado”, expresión que, si no apunta al fascismo, no sé a qué podría apuntar.
¿Estoy proponiendo que se reforme la Constitución para depurarla de los elementos que desvirtúan la tradición liberal de que proviene? La verdad, no me atrevería a ello. Nuestra Carta sólo ha sido reformada para atender a necesidades derivadas de coyunturas políticas, y de paso para alejarla progresivamente de su paradigma. Sería presuntuoso más allá de toda medida que yo pretendiese torcer esa firmísima tendencia. Sencillamente, creo mi deber intentar que los que amamos la libertad, y creemos con Kant que el paternalismo es la peor de las tiranías, cobremos clara conciencia de que la Carta que nos rige es en conjunto ajena a nuestros valores, y que, a los jóvenes que se acerquen a ella para estudiarla, con la reverencia que su jerarquía institucional impone, tenderá a confundirles la conciencia, si no a corrompérsela. Ya que, como hemos visto, ella presupone que hombres y mujeres que deben acudir al Estado para que les señale el camino de la virtud, para que les aloje, y les vista y alimente (¿no debe acaso repartirles los empleos?), y tantas otras cosas más, serán con todo capaces de conservar la dignidad sin la cual no llegarán nunca cabalmente a ser hombres y mujeres libres.