El presidente de Estados Unidos está en un dilema. No en un problema. La diferencia radica en que los problemas tienen solución y los dilemas no. Apenas si permiten elegir entre dos cursos de acción, cuyos efectos son ambos adversos al decisor, frecuentemente en maneras e intensidades difícilmente comparables a la hora de optar.
Clinton comenzó a deslizarse hacia el dilema cuando, bajo juramento, negó haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, sin reparar en que ésta guardaba en su vestuario una pieza mancillada (o enriquecida, según se mire) con semen presidencial. Y continuó su deslizamiento, de hecho se zambulló cabalmente, cuando, en lugar de reconocer una relación sexual, y consiguientemente su perjurio, optó por limitar su confesión a una “relación impropia” con la joven becaria, que –huellas de líquido seminal y todo– no sería asimilable a una relación sexual.
¿Qué habría acontecido si Clinton hubiese confesado su perjurio?
Pues que, sin duda, se habría hallado en un problema. Este habría consistido en defender que la clase de perjurio con que un funcionario procura mantener secreto su adulterio no pertenece a las infracciones que le exponen a impeachment (“juicio político”). Esta institución está regulada en la Constitución Federal, en hipótesis sólo vagamente definidas. Nuestra Carta, que sigue a aquélla, la recoge para casos de “violaciones de la Constitución y otros delitos graves”; lo que da idea de la falta de precisión en que uno se mueve en este terreno. La incertidumbre se intensifica por la falta de precedentes. En Estados Unidos sólo se sometió a juicio político a un presidente, Andrew Johnson (que había sido vicepresidente de Lincoln), por una presunta falta que nada en absoluto tuvo que ver con el perjurio, y resultó absuelto. Por otra parte, tanto la acusación, a cargo de la Cámara de Diputados, y el fallo, a cargo del Senado, poseen un inevitable cariz político, por lo que el perfil público del acusado y su grado de popularidad pueden ser decisivos. Consideraciones todas éstas que sugieren que la dificultad del problema, aun siendo considerable, no habría sido insuperable para el presidente.
Pero Clinton optó, presuntamente con el asesoramiento de sus abogados, por reiterar su negativa de haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, sobre la base de una definición de tales relaciones que se habría aplicado en el juicio civil iniciado por Paula Jones a Clinton, en cuyo ámbito la primera negativa se habría concretado. Una consecuencia de esa definición, en cuyos vericuetos me eximo de entrar por razones de tiempo, es que Mónica habría tenido relaciones sexuales con Bill, pero éste no con ella, pasivo receptor de caricias orales como habría permanecido todo el tiempo.
Esta tesitura de Clinton tuvo un doble efecto: por un lado el de crearle un problema al fiscal especial Kenneth Starr, y por otro, según ya se dijo, precipitar a Clinton en su actual dilema. El problema de Starr consistió en verse en el trance de probar una relación sexual que, inesperadamente, contra elementos de juicio objetivos que debió haber considerado incontrovertibles, ahora se ponía en tela de juicio. Los medios a que el fiscal recurrió para resolver su problema tuvieron un enorme impacto sobre la situación de Clinton. Pienso que la medida en que éste fue quien atrajo sobre su cabeza el alud de calamidades que representa para él el informe Starr no es debidamente comprendido por muchos observadores.
Por supuesto que las relaciones sexuales extramatrimoniales del presidente no constituyen delito. Por supuesto que ningún magistrado posee autoridad para investigarlas ni de otra manera inmiscuirse en ellas. Ni en Estados Unidos, ni en Uruguay, ni en cualquier otro país perteneciente a las tradiciones culturales que nos son conocidas. Muchos comentarios que leemos sobre el affaire Mónica Lewinsky parecen creer lo contrario. Creer, concretamente, que el fiscal Starr movilizó los ilimitados recursos financieros con que cuenta para investigar todas las intimidades, cuanto más procaces mejor, de la vida de Bill Clinton, y a difundirlas a los cuatro vientos. “Regreso de la Inquisición” titula el semanario parisino Nouvel Observateur. Naturalmente, si uno se atiene a la narrativa del informe Starr, sin tener la más remota idea del contexto jurídico dentro del cual la investigación se desenvuelve, así pudiera parecer. Lecturas igualmente parciales del mismo documento han conducido por todas partes, análogamente, a acusaciones de morbosidad y mal gusto dirigidas contra Starr. Innegablemente, si Starr hubiese escrito una novela, así fuese una novela pornográfica, habría dejado un amplio flanco abierto a esas críticas.
Obviamente, no es el caso. Starr escribió un alegato, no una novela; un alegato, dentro del proceso preparatorio de un juicio político, dirigido a persuadir a la Cámara de Representantes de la verdad de una tesis que el imputado controvierte. Si no logra demostrar que el imputado mintió cuando negó haber tenido “relaciones sexuales”, y sí solo “relaciones impropias”, con Mónica Lewinsky, todo su caso se desmorona. Y no está de más recordar que a Starr le pagan por investigar, y le pagan bien. Y que el consiguiente deber implica presentar sus tesis con todo el peso posible, tanto en materia de leyes como de hechos. Ningún cliente se contentaría con que su abogado atenuase la fuerza de sus argumentos a fin de no ofender la sensibilidad del público, ni con que dejase de lado hechos en razón de su excesiva procacidad. ¿Qué quién es que emplea a Starr? Pues el contribuyente norteamericano está dispuesto a invertir recursos portensosos en tener fiscales especiales (Starr lleva gastados más de 40 millones de dólares en investigar a Clinton, desde el caso Whitewater en adelante); eso es otra cuestión, que hoy no nos atañe.
Como todo dilema, el de Clinton encierra una opción. El presidente puede desistir de su argumento “legalista” en cuanto a que su relación impropia con Mónica no entrañó una relación sexual. Ni que hablar, ello no se limitaría a retrotraerle al momento inicial en que pudo efectuar esa elección. Le separan de aquel tiempo dos camionetas llenas de testimonios y otras pruebas y la destrucción de su credibilidad y su imagen pública que tales documentos han operado. Sin embargo, es lo que, con todo, le aconsejan, entre otros, los líderes de las bancadas demócratas del Senado y de la Cámara, Tom Daschle y Dick Gephart, respectivamente. Ocurre que la argumentación no sólo carece de poder de convicción sino que además irrita a los observadores.
David Broder, el columnista del Washington Post, cita a un profesor de ciencia política que, refiriéndose a una aparición en televisión del principal abogado de Clinton, David Kendall, dijo: “Cuando le oí retorciendo las palabras y negando la realidad pude comprender lo que movió a Kenneth Starr a dejar caer hasta el último pedazo de basura que había acumulado sobre la cabeza del presidente”.
Si hace eso, con su imagen pública ya deshecha, las perspectivas de que le destituyan en un juicio político son, aparentemente, muy grandes. Pero no lo son menos si pelea el caso aferrado a la argumentación “legalista”, y lo pierde, como es de esperarse que acontezca. En todo caso, si la mayor o menor elegancia de la caída importa, la primera alternativa parece preferible. Sin contar con la posibilidad de renunciar, por la que sabiamente se inclinó Nixon.