El precandidato blanco Juan Andrés Ramírez hace campaña en función de la propuesta de eliminar la corrupción. Sin perjuicio de acotar que ello no basta, porque la buena o mala política económica incide mucho más sobre la riqueza de las naciones, valga la expresión de Adam Smith, no cabe duda de que la idea es importante. El inconveniente, sin embargo, está en que Ramírez no dice cómo alcanzaría la meta. Es obvio que la honestidad del presidente no asegura la de su administración. No menos evidente es que sus buenas intenciones tampoco nos llevarían muy lejos. El objetivo es elemental –¿quién no está de acuerdo con que dejen de robarle?– pero el quid está en la ruta que conduce a él.
El análisis es sobremanera sencillo. Hay tres clases de soluciones para eliminar la corrupción. La primera trata de actuar sobre la naturaleza humana. El hombre regenerado es por hipótesis honesto; ocupémonos, pues, de regenerarlo. La segunda trata de disuadir la corrupción por el temor a la detección y el castigo. Es el método que en teoría está vigente, de modo que sólo se trata de llevar a la práctica la teoría. El tercero simplemente actúa sobre las condiciones objetivas en que se mueven los agentes cuya corrupción se desea evitar, de modo que no estén tentados de incurrir en ella. Y es claro que no puede haber ninguna más, a no ser sus combinaciones.
Sobre la naturaleza humana hay una diversidad de posiciones. En el extremo optimista se sitúa Rousseau, que piensa que el hombre es bueno y la sociedad lo vuelve malo. La transformación del hombre es entonces un proceso esencialmente externo a él, y básicamente político. Para quienes se sitúen en esta posición la primera clase de soluciones puede servir. Che Guevara, por ejemplo, en Sierra Maestra, llegó a creer que el homo novus (terminología paulina de la que la izquierda se vale frecuentemente) había cuajado gracias a la ascesis guerrillera. No me extrañaría que otros pensasen que igual resultado se podría lograr con una reforma político económica, como ser una profundización de la democracia y una extirpación del cáncer neoliberal. Tabaré Vázquez, cuya es la metáfora oncológica que acabo de estampar (ojo, ¡que yo no plagio!) piensa que el izquierdismo genera anticuerpos eficaces contra la corrupción. Con su característica galanura ha afirmado que un frenteamplista “puede meter la pata pero no la mano en la lata”. Todos los que crean esa clase de cosas pueden adherirse a la primera categoría de soluciones. Este artículo no es para ellos.
Yo, sobre la naturaleza humana, me sitúo lejos del optimismo rousseauniano, aunque en modo alguno en el extremo opuesto. Creo que el hombre puede convertir su naturaleza interior, pero sólo recorriendo un camino escarpado, a lo largo del cual recibe a cada paso ayuda de la Gracia, pero tiene que poner también mucho de lo suyo. Café instantáneo hay, pero santificación instantánea, no. Pienso, además, que presumir, en materia social y política, que el hombre ya ha alcanzado su conversión interior es una receta segura para hacer el ridículo.
La segunda solución consiste en mejorar la represión. El primer problema es el que ya preocupaba a los romanos –“Quis custodet custodes? (¿Quién vigila a los vigilantes?)–, que en la esfera pública todavía está por resolverse. Por lo demás sería gracioso que precisamente hoy en día, cuando la fe en la eficacia de la represión penal está en su nadir, quisiéramos liberarnos de la corrupción montando un gran operativo criminológico. La cosa seguramente no viene por ahí.
Entones sólo queda reducir las tentaciones. Pero antes de desarrollar este punto, permítanme una disgresión. Cuando hablamos de corrupción en el sector público nos referimos a la intromisión del interés particular de los administradores públicos en transacciones (compras, ventas, arrendamientos de obra, etcétera) que deberían llevarse a cabo sin otro interés gravitante que el de la comunidad. Obsérvese que la empresa privada enfrenta un problema del todo similar. Me refiero a la empresa grande, porque cuando la maneja el daño la cuestión ni siquiera se plantea. La corrupción en la esfera privada ocurre cuando el interés particular de un administrador se inmiscuye en un negocio que debía transarse en el interés exclusivo de los accionistas. Ahora bien, que tales transgresiones se perpetran nadie querría ponerlo en duda. Pero creo que todos convendríamos en que la magnitud del problema es ínfima. Cuando en los diarios se habla de corrupción relativa al sector privado es porque un agente privado ha sobornado a un agente público (piénsese en los escándalos a propósito del Banco Nación y aledaños en Argentina), no porque haya defraudado a sus accionistas. Y ¿saben por qué? Para explicárselo tengo que hacer intervenir una palabra larga y difícil, sin la cual no se comprende nada de lo que estamos discurriendo. La palabra es concupiscencia.
Según la Real Academia “concupiscencia” es “el deseo de bienes terrenos”. Si en vez de “bienes terrenos” el diccionario dijese “dinero”, ganaría en claridad. Hay otra acepción en que ese apetito es deshonesto, pero en el sentido general entra también el honesto, el amor por el dinero propio. Ahora estoy en condiciones de explicar por qué razón en el sector privado no hay corrupción administrativa: porque en el sector público la concupiscencia juega en uno solo de los equipos, el equipo de los administradores públicos, pero los dueños de las empresas nos enteramos tarde, mal y nunca de lo que acontece. En cambio en el sector privado la concupiscencia juega en los dos cuadros. Y la concupiscencia de los honestos se las arregla para marcar y neutralizar a la de los deshonestos. Es así de sencillo.
De manera que si un político quiere levantar la bandera de la honestidad administrativa, y levantarla en serio, tiene que levantar también la bandera de la privatización. De lo contrario su programa será pura cháchara. La exposición de los ciudadanos a ser víctimas de la corrupción se reduce cada vez que una empresa pública se vuelve privada. En Argentina el gobierno de Menem no tiene particular fama de honesto, pero obsérvese que en un área de actividad que abarca las provincias de ANP, ANCAP, OSE, ANTEL, UTE y AFE los argentinos no pueden ser víctimas de corrupción. Me parece envidiable.
El asunto no para ahí. En Nueva Zelanda el gobierno central tampoco compra nada. No hay licitaciones públicas. El gobierno sólo toma decisiones y contrata con agentes privados que se obligan a cumplirlas por un precio. Si las compras en materia de salud, de enseñanza, de pavimentación, etcétera, son mejores o peores, es cosa del administrador que contrató con el gobierno. No de éste. Sobre todo, no de los ciudadanos. Quien quiera hablar de corrupción es de estos temas que debe discurrir. Lo demás no es sino aire caliente.