Las ideas cuentan. Hoy quiero comenzar a mostrar cómo ellas y sus cambios explican los altibajos de nuestra historia. Para concluir eventualmente que intentar cambiar la política antes que las ideas es poner la carreta delante de los bueyes.
Empecemos por el principio. Uruguay se internó en el mundo de los estados soberanos llevando en sus alforjas un conjunto de ideas bien nítidas. Algunas eran características de la época. El gobierno debía ser limitado. Por ello la Constitución incluía una declaración de derechos que el ciudadano podía invocar frente a los que ejercían el poder, y su organización institucional se adhería a los principios del bicameralismo y de la división de poderes. Otras, al mismo tiempo, traducían algunos rasgos idiosincráticos.
Sobre todo es así en materia de dinero: era preciso huir del papel moneda como de la peste. Ya en 1829, antes de la jura de la Constitución, la asamblea legislativa (y constituyente) rechaza la propuesta de que el gobierno pudiese emitir papel moneda como medio de socorrer a un apremiado fisco. En 1843, con Montevideo ya sitiado por las fuerzas de Oribe, el Parlamento confirmó el mismo principio; autorizaba al Poder Ejecutivo a procurarse recursos “por cualquier medio”; menos, precisaba, por la emisión de papel moneda. En general, las ideas económicas se derivaban del liberalismo. Nada las ejemplifica con tanta claridad como la ley N° 165, del 4 de abril de 1938, refrendada por el presidente Oribe, cuyo artículo 1° proclama: “El interés legal del dinero será el que acuerden las partes contratantes.” Con lo que, como es obvio, el delito de usura quedaba relegado al desván de las antiguallas, de donde, mucho después, la demagogia terminó exhumándolo.
La apertura comercial se ajustaba a esa misma inspiración liberal y, de hecho, el crecimiento del comercio en los primeros años de independencia fue colosal, En el sexenio 1930-1936 el número de barcos entrados a la rada de Montevideo creció al 13% anual, las importaciones al 7,9%; las exportaciones al 10,4%; todas tasas explosivas. Abrazada a un ethos de libertad, apertura y disposición a la competencia, la pequeña república parecía encaminarse a un futuro envidiable de estabilidad monetaria y prosperidad. Es el Uruguay al que en 1852 Juan Bautista Alberdi caracterizaría como “la California del Sur”. En la década de 1860 las mismas convicciones persisten. Ellas nos dejan, en lo institucional, la incorporación de Uruguay al patrón oro, la depuración del arancel aduanero, por entonces máximo instrumento fiscal, de sus resabios proteccionistas (visibles en la estructura de las tarifas) y un sistema de banca libre en el que las empresas podían entrar libremente al mercado, en las condiciones estipuladas por una ley general, lo mismo que salir de él y. en tanto permanecían en él, emitir billetes convertibles en oro. En lo económico los indicadores apuntan, en lo general, a notables tasas de crecimiento.
En 1870 no cabe duda de que Uruguay estaba entre los países ricos del mundo. ¿Cuál era el soporte de esas ideas que tan excelente servicio le estaban prestando al país? Ellas presuponían que la sociedad está compuesta de agentes libres, cuya coordinación en pro del bien común podía, y debía, dejarse librada a fuerzas espontáneas. Ciertamente no se requería que el Estado fijase pautas ni estableciese liderazgos. Al contrario, a toda costa había que impedir que indebidamente se inmiscuyese. Estaba implícito además que aquella coordinación espontánea conduciría a un equilibrio óptimo en la asignación de los recursos productivos. Tanto en lo nacional como en lo internacional. Y que, por tanto, una visión de la realidad basada en la oposición de intereses, y las políticas que ella auspiciase, representaría sendos errores. En la década de 1870 esa concepción de la vida económica, basada en la espontaneidad de los mercados, comienza a enturbiarse. Es en materia de libertad de comercio que el panorama primero pierde nitidez. En 1875 se dicta una ley proteccionista; otra del mismo cariz la sigue en 1888. El Estado actúa sobre la premisa de que él sabe cómo alterar certeramente los precios relativos, elevando algunos por medio de aranceles, y de que el bien común quedará mejor servido si lo hace. De hecho ocurrió todo lo contrario. Y Uruguay ya nunca recobraría el prodigioso dinamismo de sus primeros 40 años de independencia. Cuesta creer que la estrategia claramente ganadora de ese lapso fuese abandonada sin causa externa visible. Es preciso investigar las causas interiores e invisibles, y una palabra no puede dejar de aflorar en este discurso: nacionalismo. El hecho de que un soldado, Latorre, ocupase el sillón presidencial cuando se cambia el rumbo, ayuda a aclarar las cosas.
Una nueva visión de la realidad, apoyada en la afirmación de intereses contrapuestos, sustituye la de un orden internacional espontáneamente mantenido. Apréciese cómo ese cambio de óptica muda el panorama. La mera enunciación de que el Estado supiese cuál era la constelación óptima de precios relativos deja traslucir la tontería que ello supone. Pero exprésese lo mismo de otra manera; dígase: “El Estado debe proteger al débil productor nacional contra el poderoso extranjero”, y la cosa cambia radicalmente: la pasión entonces borra todas las aristas de los conceptos lógicos. En materia monetaria la nueva orientación no podía dejar de marcar su influencia. El horror al papel moneda, al empapelamiento de la economía, había sido uno de los rasgos distintivos de nuestro ser nacional. Un banco emisor del Estado, sin implicar necesariamente esa calamidad, la volvía posible. Para algunos más aún: Carlos María Ramírez, al discutirse en el Parlamento la creación del Banco de la República, sostiene que “banco de Estado y papel moneda (inconvertible) son términos inseparables.” El tiempo, en lo que nos concierne, le daría la razón. El Banco de la República, pese a tenaz oposición, abre sus puertas en 1896, como entidad estatal, a la vez banco comercial y titular del monopolio de la emisión. Significaba tirar por la borda la idea de un orden monetario espontáneo, cuya exitosa realidad contaba tres décadas. Así, el fin de siglo encuentra a un Uruguay que ya no cree en las mismas cosas en que había creído en sus orígenes. El espacio no nos deja entrar en el siglo XX, donde el cambio de convicciones mostraría plenamente sus consecuencias, como vamos a verlo en breve.
En resumen, ha dejado de creerse en la espontaneidad histórica. Cerrando el siglo, la institución del Banco de la República proclama que el bien común también hay que procurarlo en ese campo con una entidad de crédito y de emisión creada específicamente para ese fin. La idea liberal de un orden resultante de la acción humana, pero no del designio humano, al decir de Hutcheson, se había dejado por el camino.