La iniciativa de reforma constitucional para derogar el régimen de las AFAPs es un gran mal para la República. Al mismo tiempo es un gran bien. Todo depende del lado de que se la mire. Ahora bien, esto es vital, hay que mirarla. Ahora. No recién si el cómputo de firmas da lugar al plebiscito. Porque de lo contrario, si las firmas no alcanzan, una gran cantidad de gente tendrá una sensación de alivio, sabiendo vagamente que la iniciativa era disparatada, pero la información que el proyecto nos ofrece sobre las fuerzas destructivas que, mimetizadas, pasan desapercibidas en nuestro medio, se desaprovechará. Y es preciso cobrar conciencia de que la hipotética falta de firmas mataría la iniciativa, pero las fuerzas destructivas persistirían, semiescondidas, al acecho. Dispuestas a intentar otro zarpazo en la primera oportunidad. Que la terrorífica propuesta nos sirva al menos para conocerlas mejor. Y para conocerlas hay que conocer su proyecto.
Yo temo que exista al respecto una gran ignorancia. He encontrado personas en general bien informadas que creían que la reforma sólo supondría la eliminación de las administradoras privadas. Para uno cualquiera del medio millón largo de afiliados a las AFAPs, esto podría lucir intrascendente. Después de todo, la mayoría ya ha optado por la administradora estatal. Si todo se redujese a la sustitución de empresas privadas por instituciones públicas, el cambio tal vez no causase mayor alarma. Pero en modo alguno es el caso. El proyecto se dirige inequívocamente a restaurar el viejo sistema jubilatorio. Sin duda a confiscar los ahorros que los afiliados activos tienen acreditados en sus cuentas individuales. No sólo en las administradoras privadas. En todas. La disposición clave de la iniciativa dice así: “Dentro del plazo de un año la ley deberá establecer un nuevo sistema de seguridad social, de acuerdo a los principios de solidaridad social, igualdad, universalidad, equidad y suficiencia de sus prestaciones. Los máximos jubilatorios deberán adecuarse equilibradamente al valor de las aportaciones realizadas por los afiliados.” Lo que significa el fin del sistema basado en la capitalización y las cuentas individuales.
Actualmente las AFAPs invierten los fondos que recaudan por concepto de cada uno de sus afiliados, e informan a cada uno de éstos cada mes cuál es el capital que su ahorro institucional les ha permitido acumular. Al jubilarse un afiliado se utiliza ese capital para la compra de una renta vitalicia. Se trata de su ahorro, de su capital, y de su renta. Es a todo esto que el plebiscito quiere poner fin. El principio, si la iniciativa prospera, será el de “solidaridad”. Con el nombre de esa virtud se ha dado en llamar, con descarada impropiedad, al reparto intergeneracional, por el cual, compulsivamente –y por tanto sin que la solidaridad genuina tenga nada que ver– el Estado se queda con parte del ingreso de los activos para servir beneficios a los pasivos. Por si fuera poco la referencia a la “solidaridad”, la iniciativa entroniza al mismo tiempo al principio de “igualdad”. ¿Habrá alguna relación entre el dinero que se recauda por un trabajador y la renta que eventualmente recibirá al jubilarse? El proyecto dice que “los máximos jubilatorios deberán adecuarse equilibradamente al valor de las aportaciones realizadas por los afiliados.” Noten que habría, universalmente, “máximos jubilatorios”. Ya no se trata de que cada trabajador perciba la renta del capital que su ahorro generó. Cuanto más haya aportado, más fuertemente operativo será el máximo que la ley va a fijar. El proyecto dispone que los máximos estén “equilibradamente” adecuados a los aportes. Pero qué quiera decir esa palabreja “equilibradamente” Dios lo sabrá. El equilibrio sería entre los aportes y los principios de “solidaridad” e “igualdad”. Y, obviamente, el resultado podría ser cualquier cosa. Después está la eliminación de las administradoras privadas. Ahora está afiliado a una AFAP privada el que quiere. Si prefiere la estatal, se vincula a ella. Si ingresa en una privada y después quiere pasarse a la estatal, nadie se lo impide. Pero ahí está el inconveniente. Cada afiliado es libre para elegir. Y, para alguna gente, eso es intolerable. El odio a la libertad es una pasión curiosa, pero no por ello menos intensa. Las empresas estatales se sabe por larga y reiterada experiencia que no funcionan. No importa. Si las hay, existe libertad para que los usuarios elijan. Y eso es más de lo que muchos pueden soportar. Aunque el quitarle la libertad a los demás signifique para ellos mismos no poder ya elegir, no importa. Con tal de que nadie sea libre están dispuestos a cualquier sacrificio. Y están además dispuestos a cualquier medio, por inmoral que fuere, para salirse con la suya. Debe constarles a los promotores de la reforma que hay más de medio millón de personas que tienen un capital en las AFAPs, lo que debe inspirarles cierto apego al régimen que se quiere suprimir. Para tener su voto sería preciso engañarles, diciéndoles que no perderían ningún derecho. ¿Qué problema hay? En el propio proyecto escriben: “A los efectos de que los trabajadores aportantes a las AFAP no se vean privados de ninguno de sus actuales derechos…” las instituciones estatales a las cuales todas las AFAPs, sin excepción, deben transferir los fondos que administran –Banco República, Hipotecario, BSE y BPS– están autorizadas a realizar las mismas actividades inversoras que aquéllas cumplían. Pero las inversiones carecerían de toda significación, y seguramente se interrumpirían, si prosperase la reforma y volviéramos a un sistema basado en el principio de “solidaridad” (léase transferencias de activos a pasivos). Es difícil imaginar mayor cinismo.
Yo, sin embargo, acordándome de 1992, temo que, cuando se lance la campaña precomicial, si el conteo de firmas lo permite, todos los récord de mendacidad van a ser superados. Y con las AFAPS privadas, que fueron invitadas a ingresar en un mercado pensado por el legislador nacional, no por ellas, y de tal manera llevadas a invertir copiosamente para intentar procurarse un nivel de clientela que las hiciese viables, ¿qué acontecería? Pues, sencillamente serían proscritas, y tendrían que marcharse con todas sus pérdidas a cuestas. ¿Sin ninguna compensación? Efectivamente, el proyecto no contempla ninguna.
El líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, ha sostenido que la reforma constitucional representaría un acto soberano, por lo que el Estado uruguayo no le debería nada a nadie. De modo que el nuestro vendría a ser un país que invita a los inversores privados y, cuando se le ocurre, los expulsa. Sin causa. Sólo por su soberana voluntad. Supongamos –por más que no sea el tema– que jurídicamente pudiese hacerlo. De todos modos debe ser patente para todos que con ello el telón final habría caído para la inversión privada en Uruguay. Lo cual probablemente sea el verdadero móvil de este siniestro proyecto. ¡Qué bueno que podamos tomar conciencia de ello antes de que sea demasiado tarde!