Hoy el Uruguay es un país pobre. No de los más pobres, pero del montón. No me canso de recordar que en 1852 Juan Bautista Alberdi lo llamaba “la California del Sur”. ¿A qué se debió ese melancólico descenso de categoría? No creo que exista, para quienes amamos a este país, faena más benemérita que la de formularnos esta pregunta. Ya hemos discurrido al respecto, desde esta misma página, en otras ocasiones. Nos hemos ocupado, por ejemplo, de la relativa clausura de nuestra economía en las postrimerías del siglo XIX. De la exaltación del Estado, a costa de devaluar la iniciativa individual, en los comienzos del XX. Pero si quisiéramos seleccionar el lapso más dañino para nuestra evolución, aquél en que, máximamente, renegamos de las actitudes y los valores que nos habían hecho escalar posiciones descollantes en el concierto mundial, tendríamos que concentrarnos en la década que se inaugura con el centenario de nuestra independencia. ¿Qué había ocurrido para que tal cosa fuese posible? A mi modo de ver, tres cosas. En primer lugar, la semilla antiliberal que se había plantado en el último cuarto del siglo XIX había germinado y crecido y estaba, tras media centuria, llega de vigor. En segundo lugar, la 1ª gran guerra había hecho trizas el orden mundial basado en el progreso del estado de Derecho y la integración de las economías, en el plano comercial y en el monetario, como consecuencia de lo cual una pluralidad de estados totalitarios, que representaban la antítesis de los presupuestos filosóficos sobre los que se había estructurado nuestro país, desfiguraban la faz del planeta. En tercer lugar, la crisis financiera de 1929, seguida por la gran depresión (1929-33), que afectó gravemente la economía del país y probablemente actuó como agente catalítico sobre la influencia coincidente de todos los otros factores. Es como si los uruguayos nos hubiésemos dicho: ya sabíamos que los pilares sobre los que se apoyaba nuestra estructura nacional estaban resquebrajados, pero ahora los hemos visto desplomarse; hay que empezar todo de nuevo. Nueva visión, ante todo, del orden comercial internacional. La enorme prosperidad del país en el siglo XIX se había basado en una ventaja comparativa. El intercambio se juzgaba favorable a la vez a las distintas partes que negociaban. Yo me especializo en lo que hago mejor, tú te especializas en lo que haces mejor. trocamos lo uno por lo otro y salimos ambos ganando. En adelante se ve el comercio internacional como una lucha, como una gran arena de contestación. El grito se oye por todas partes: ¡Comprar a quien nos compra! Acevedo Álvarez explica: “…debimos dar satisfacción en la entrega de divisas, a los países que más consumen nuestros productos…” (La gran obra de los poderes constitucionales frente a la crisis, 1934). Y Bellán y Núñez Orens consideraban en 1938 (La política de los contingentes...) que la contingentación de las importaciones era para siempre: “El concepto de la contingentación en el año 1932 cambió: de medida para salvar una situación angustiosa se convierte en un sistema nuevo de relaciones comerciales; como un arma (nótese la metáfora) diplomática para tratar en el extranjero. Obviamente el Estado pasaba a desempeñar un papel rector en materia de comercio internacional. Comprar a quien vende más barato y vender a quien paga mejor es algo para lo cual los empresarios se bastan y se sobran; pero ahora que se trata de blandir armas diplomáticas, el Estado tiene que asumir el liderazgo. Por otra parte sería así en todos los órdenes. Se crea ANCAP, supuestamente para ahorrar dinero. Nunca, con la perspectiva actual, hemos visto salir tan claramente un tiro por la culata. Si se me permite parafrasear a Churchill, diría que nunca tan pocos le hicieron pagar tanto a tanta gente. Pero la cosa no se detendría ahí. Acevedo Álvarez, cuya visión mercantil-socialista es paradigmática, refiriéndose a la ampliación del “dominio industrial del Estado”, que veía cundir por el mundo entero, en la sesión de Diputados en que se aprobó la ley de ANCAP, proclamaba: “Nosotros podríamos monopolizar el alcohol, las bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza, el tabaco, los fósforos, la pesca, las aguas corrientes, los tranvías eléctricos, los ferrocarriles, el ahorro nacional, etc.”. El etcétera, lectores, no se lo pierdan. Lo que más asusta es la casi unanimidad de los notables. Ante la depreciación del peso en el mercado de cambios, una vez que el BROU se retiró del mercado libre, el ministro de Hacienda, Javier Mendívil, instituyó una “Comisión de Estudio sobre la Desvalorización de la Moneda”. La integraban Acevedo Álvarez, Ricardo Cosio, Emilio Frugoni, Julio M. Llamas, Pablo Ma. Minelli, Octavio Morató, Carlos Quijano, José Serrato y Luis J. Supervielle. Poseemos el informe final de Morató (gerente general del BROU), de 10-6-31. Con la excерción de Frugoni, que se inclinó por la aplicación efectiva del patrón oro (suspendida desde 1914) y de Supervielle, que recomendó la flotación, todos los otros se pronunciaron a favor del control de cambios, consejo que fue recogido en la ley. Con el tiempo, a través de la contingentación de las importaciones, esta decisión se transformó en el principal factor de estancamiento de nuestra economía a través de décadas. Es un caso impresionante de responsabilidad histórica de una generación. En lo económico queda más. Quedan los dos reavalúos del oro, que liquidaron alegremente una paridad del peso (por más que ya sólo teórica) que databa de hacía tres cuartos de siglo. Pero no podemos quedarnos con lo principal en el tintero. Lo principal tiene que ver con la Constitución. Ésta, en sus orígenes había organizado al Uruguay como una democracia liberal. De acuerdo con una larga tradición, ello implica asignar a la Carta un doble propósito: definir las competencias de los poderes del Estado y otorgar un conjunto de derechos fundamentales frente al poder a las personas que viven o se hallan en su territorio. La Carta original se reformó en 1917, en una dirección estatista, pero sin alterar su naturaleza esencial. En 1934 la enmienda transformó el Estado uruguayo en una organización coextensiva con la sociedad, capaz de distribuir el trabajo entre las personas según criterios de justicia, encargada de perfeccionar moralmente a los habitantes (desde el punto de vista liberal el problema es cómo perfeccionar moralmente a quienes tienen el poder, o sea el problema inverso), asegurar a todos vivienda decorosa y, de modo general, hacer la felicidad de los ciudadanos. ¡Qué perversos serían si reclamasen contra tal Padre de bondad garantías protectoras de sus derechos! Quedamos con un pie dentro del totalitarismo, y si no con uno, con los dos. Es cierto que, en razón de la dictadura que promovió esta Constitución, esta no contó sino con un apoyo parcial, pero el hecho es que en sucesivas reformas constitucionales ninguna de las normas que excluían nuestra democracia de la clase liberal fue objeto de cuestionamiento.