Nunca escribí sobre los desaparecidos. Me acuso por ello. Es un tema que me impone un gran respeto, pero eso no justifica haberle hurtado el cuerpo. Hoy se acumulan en mi conciencia el reclamo de Juan Gelman, la respuesta de Sanguinetti, la carta de Miguel Angel Semino, la de monseñor Galimberti, la condena a Pinochet por Vargas Llosa. Y mi conciencia no me deja seguir en silencio.
¿Cuál es el problema? Tiene sin duda que ver con la Ley de Caducidad. Hay quienes deben percibirla como un expediente de emergencia, para evitar el choque entre las instituciones civiles con las Fuerzas Armadas. Sin ningún significado ético. Así interpreto las expresiones de monseñor Galimberti en su carta publicada recientemente en varios medios. Allí escribe: “Respeto a quienes defendieron la Ley de Caducidad. Pero ninguna Ley, por legítima que sea, ‘borra’ de la conciencia crímenes de lesa humanidad. Una cosa es la ley, otra es la conciencia ética.”
Pienso que este enfoque lleva la distinción demasiado lejos. La moral puede ser más exigente que el derecho. Por ejemplo, puede proscribir toda mentira, mientras que el derecho sólo prohibe el engaño que causa a otro un daño material o psíquico. Pero hay un área en la cual la moral y el derecho se superponen. Toda grave inmoralidad, tenida por tal por todas las personas de bien, debe constituir al mismo tiempo un ilícito jurídico. No matar, no torturar, no privar arbitrariamente de libertad, son mandamientos comunes a ambos órdenes normativos. Los crímenes de lesa humanidad sin duda suponen la común infracción a ambos. Una ley que, en tesis general, exonerase de responsabilidad a los incursos en tales delitos no sería ley más que en apariencia, y no cabría confundir su aplicación con la realización del valor justicia.
Tal vez sea que no entiendo bien el sentido en que monseñor Galimberti afirma “respetar” a quienes defienden la Ley de Caducidad. Como ha declarado asimismo que toda “persona de bien” debe repudiar los hechos denunciados por Gelman, y debo suponer que no extiende su respeto más allá del ámbito de las “personas de bien”, creo implícito que la defensa de la Ley de Caducidad que él compatibiliza con su respeto por quienes la ejercitan es la que se apoya exclusivamente en la prudencia, o invoca la “raison d’ état”.
Yo no estoy de acuerdo. Así como nunca justifiqué el Pacto del Club Naval, ni creí que por prudencia conviniese apresurar el regreso al régimen constitucional a expensas de aceptar que uno de los principales líderes políticos fuese mantenido arbitrariamente en prisión, y privado de sus derechos ciudadanos, tampoco habría aceptado que por conveniencia se echase un manto de olvido sobre crímenes de lesa humanidad. No creo que la paz y pseudo normalidad política puedan comprarse al precio de negar principios éticos fundamentales.
Para mí el significado de la Ley de Caducidad es otro. Pienso que implica aceptar que las violaciones de derechos humanos fueron cometidas en condiciones a tal punto excepcionales, que los juicios morales que normalmente formularíamos a su propósito, atendiendo sólo a su intrínseca naturaleza, dejan de serles aplicables, y que la misma discontinuidad del orden moral es en justicia extensible al orden jurídico.
Hay un plano cotidiano para determinar el alcance de situaciones límites en lo moral y jurídico, y hay otro plano, doblemente excepcional, sobre el cual se desarrollan, en la gran sociedad, acontecimientos que excluyen de igual manera la vigencia normal de los valores. Sobre el primero de esos planos nos topamos con el caso de la legítima defensa. Un hombre dispara deliberadamente un arma de fuego contra otro, y éste cae herido de muerte.
¿Homicidio? Sí, atendiendo a lo escuetamente descrito. Pero acontece que el agresor obró pensando justificadamente que la víctima se aprestaba a atacarle. En mérito a esta circunstancia, la norma, moral y jurídica, que prohibe atentar contra la vida ajena, pierde vigencia. Ni homicidio, ni acto moralmente reprobable.
Sobre el segundo plano la complejidad de la misma cuestión se multiplica.
Un grupo armado se propone tomar por asalto el poder en un país, y esclavizar a la población. Como ocurrió en Rusia en 1917; en Cuba en un proceso que culminó en los albores de 1959; como el nazismo en Alemania, desde el poder legítimamente conquistado, pero avasallando el orden jurídico con el propósito de instituir la más abominable de las tiranías; como en el Chile de Allende, con el MIR, operando también desde el poder democráticamente alcanzado, pero con claros designios de llevar hasta el fin su subversión de la Constitución y la Ley; como en Argentina, con los Montoneros; como en nuestro país, con los Tupamaros. En algunos de esos casos los grupos armados lograron su propósito, con resultados trágicos para los países sometidos. En otros fueron derrotados, pero a expensas de infracciones de distinto porte a las normas protectoras de los derechos humanos. Yo declaro que, en los primeros casos, habría considerado salvadora a cualquier fuerza capaz de evitar la catástrofe totalitaria a un costo semejante, o mayor aún; que en los segundos pienso que el menoscabo de ciertos valores no puede ser estimado sin tomar en cuenta los valores que se salvaguardaron.
La mayor complejidad recién aludida respecto de los casos que tienen por escenario grandes comunidades, y multitud de agentes, se origina porque muchas de las lesiones objetivas a los derechos humanos infligidas en ellos no fueron sin duda necesarios para rechazar la agresión totalitaria, y no pocos debe haber habido que obedeciesen a la saña de los infractores o a sus impulsos sádicos. Pero, ¿no ocurre lo mismo en toda guerra? La violencia, ¿no engendra la violencia? La dura necesidad de la lucha, ¿no lleva a los mandos a promover a posiciones eminentes a personalidades inherentemente violentas, que en condiciones pacíficas se habrían visto obligadas a reprimir sus impulsos? Y al fin del conflicto, ¿a alguien se le ocurre que la tremenda confusión de trigo y cizaña que aquél ocasionó sea superable mediante la minuciosa discriminación entre uno y otra?
Para mí los responsables de todo son los que estimaron que sus objetivos podían ser legítimamente perseguidos por métodos violentos. Fueron ellos quienes destaparon la caja de Pandora. Los males desgarradores que, así liberados, se abatieron sobre diversas comunidades, la responsabilidad que comprometen es la suya.
En tal sentido, soy consistente: la ley cuya justicia niego, y cuya sanción me parece reprobable, no es la de “caducidad”; es en cambio la que concedió la amnistía a los guerrilleros y terroristas. Y pienso que sólo la idea malhadada, y tan difundida, de que las buenas intenciones legitiman el uso de la fuerza, puede evitar que la visión que he transmitido resplandezca ante los ojos de todas las personas de bien.