Uruguay está al borde de tener que adoptar decisiones básicas sobre su moneda. Fue la tesis explícita de mi última columna e implícita de la anterior. Quiero hoy completar esa trilogía con una rápida cabalgata por los principales jalones del Uruguay monetario.
Si nos situamos en el momento de la independencia, la característica de la moneda uruguaya es que no existía. Y continuó sin existir por muchos años. Se usaban monedas extranjeras: de oro y de plata, y (a regañadientes, mientras no se pudo prescindir de ellas) brasileñas de cobre. Pero, en de los albores de la independencia, sí hay que hablar de un aspecto monetario, de una experiencia traumática, que marcó felizmente a los orientales por muchas décadas.
Me refiero a la inflación. Con su incorporación a las Provincias Unidas en 1825, la entonces Provincia Oriental comenzó a usar el papel moneda impreso por el Banco de Buenos Aires, dedicado a prestarle al gobierno porteño. Primero sus billetes eran convertibles pero, cuando debieron multiplicarse para satisfacer las necesidades fiscales del gobierno, éste –como suele ocurrir– lo eximió del deber de canjear su papel por metal. Los billetes se depreciaron rápidamente y terminaron desmonetizándose. De allí, y por muchos años, para los uruguayos, a quienes tan tempranamente tocó averiguar qué cosa era una hiperinflación, el papel moneda inconvertible fue anatema.
Hay de ello varias manifestaciones. La primera fue en 1829, durante el Gobierno Provisorio, ya abrumado por el costo de la burocracia, cuando en la Asamblea Constituyente se propuso la impresión de papel moneda con fines fiscales. Pese a la penuria, la iniciativa fue rechazada. En 1843, con Montevideo sitiado por Oribe, habiendo por tanto el Gobierno de la Defensa perdido la recaudación de toda la campaña, se propuso una ley que permitía el Ejecutivo “procurarse recursos por cualquier medio”. Pese a la atmósfera de emergencia que traduce ese lenguaje, el proyecto se votó sólo cuando a “cualquier medio” se le agregó “menos la impresión de papel moneda”.
Así continuaron las cosas por mucho tiempo, con el país usando moneda importada, en un régimen que hoy calificaríamos de “dolarización”. Ello no se alteró por el establecimiento de los primeros bancos, a partir de fines de la década de 1850. Los billetes que emitían no eran moneda nacional, sino títulos de crédito que los bancos convertían a la vista en la especie metálica indicada en el documento. Las piezas circulantes de oro y plata, particularmente de oro (soberanos ingleses, águilas norteamericanas, francos franceses, etcétera), desempeñaban un papel análogo al del dólar en la actualidad.
El primer jalón monetario que encontramos desde la independencia es la creación de la moneda nacional: la definición del peso por el decreto ley de 1862. La Constitución preveía, como prevé también ahora –la disposición nunca se enmendó– que incumbía a la ley establecer el valor de la moneda. Y el texto de 1862 lo hizo, al fijar en aproximadamente 1 gramo y medio el contenido de oro fino de la unidad. Estábamos en el patrón oro, como los países más adelantados; pero se guíamos utilizando monedas importadas y billetes canjeables por ellas. En la jerga actual, seguíamos dolarizados.
La moneda seguía siendo el oro. Muchos querían que se imitase a los vecinos –Argentina y Brasil–, que tenían patrón papel. Pero la resistencia al papel moneda del pueblo, aparte de lo más granado del comercio, fue inexpugnable. En 1875, para poner un ejemplo, el presidente Pedro Varela decretó la inconvertibilidad, luego de que el gobierno, por primera vez en la historia del país, había emitido él mismo billetes. La banca y el comercio se alzaron contra esa medida. Emitieron un manifiesto donde se decía: “Los abajo firmados se obligan: 1°) a no ampararse a ninguna ley de curso forzoso…y a satisfacer en oro sellado todos los compromisos que no hayan sido contraídos expresamente en papel moneda de curso forzoso; 2°) a suspender toda clase de transacción comercial a todos los que falten a lo establecido en el artículo anterior…” Firmaban los bancos Comercial, Londres, Alemán Belga, Herrera y Eastman y Mercantil del Río de la Plata, más 550 de las empresas comerciales más prestigiosas de plaza. Los billetes inconvertibles, que se cotizaban en bolsa, iniciaron una caída estrepitosa. El gobierno declaró “acto de sedición” que se continuara esa cotización, pero su decreto fue ignorado. El papel moneda se había reducido a un 10% de su valor cuando Latorre desplazó a Varela de la Presidencia e inició una política de recuperación de la convertibilidad plena, que culminó en 1877. Usábanse mientras tanto libras esterlinas, águilas, cóndores, etcétera. Seguíamos dolarizados.
El siguiente jalón es la fundación del Banco de la República, dotado del monopolio de la emisión. Ahora un banco estatal iba a imprimir billetes. Convertibles sí, por el momento, pero… Había muchos escépticos en cuanto a la posibilidad de mantener la estabilidad del peso en las nuevas condiciones. Carlos María Ramírez sostenía que “banco de estado y papel moneda (eran) términos inseparables”. Eduardo Acevedo, que sería ministro de Batlle, preguntaba en 1903: “¿Respondía a algún plan de empapelamiento la nueva institución de crédito?” Y respondía contundentemente: “Es notorio que sí”. De hecho, sin embargo, el BROU no llevaría adelante una política que pudiera calificarse así por varias décadas. Pero ya no estábamos dolarizados. Ahora se podía empapelar, y, eventualmente, se empapeló.
No podemos dar el tratamiento que merece la tenebrosa década de 1930, donde todo el lastre de tradiciones liberales se tiró por la borda y la nave monetaria se transformó en una cáscara de nuez. Sí mencionaremos la ley de Redescuentos de 1950, que cortó el último vínculo que teníamos con el oro. Dentro de esa misma década la inflación alcanzó dos dígitos por primera vez en nuestra historia. En la década siguiente llegó a tres dígitos.
La reducción de la inflación fue la obra paciente y gradualista de las dos administraciones anteriores a la actual. Su estrategia consistió básicamente en mejorar las condiciones fiscales y, a medida que eso se lograba, reducir la tasa de devaluación.
Así llegamos a una inflación de un dígito el año pasado, por primera vez desde 1956. Ha sido una gran conquista. Pero, ya no estamos dolarizados. ¿Qué impide que se pueda volver a usar el banco emisor para empapelar la economía? No digo esta administración. Pero, ¿y la próxima?
Yo envidio a los panameños, que tuvieron un enajenado como Omar Torrijos en el poder pero, al no tener banco central y no emitir sus propios billetes, entre todos los zafarranchos que les hizo no pudo envilecerles el balboa.
Necesitamos también nosotros una protección de esa clase: una reforma radical que aísle nuestra masa monetaria del poder político.