Comentando la campaña política de EEUU, el Economist de hace algunas semanas señalaba que Gore y Bush hablan tanto de educación, que parece que están compitiendo por la Superintendencia de Enseñanza, más bien que por la Presidencia de la Unión.
Tal énfasis es explicable si, como el mismo medio lo expresa, el fracaso educativo, particularmente a nivel secundario, es el principal problema que debe enfrentar ese país en su ámbito interno.
Esa intensa visibilidad del tema en EEUU contrasta con la opacidad que entre nosotros lo recubre, ocultándolo a la percepción popular.
Y no porque la cuestión revista menos gravedad aquí que allá. El Uruguay ha atravesado un extenso período de deterioro de sus estándares educacionales, que, entre otras cosas, se manifiesta en la incapacidad actual de los jóvenes que cumplen íntegramente el ciclo elemental y medio, como regla general, para expresar su pensamiento en forma oral o escrita de una manera siquiera aceptable. El país no puede demorar una reforma educativa que le permita superar esa crítica carencia. En ello le van dos aspectos esenciales de su convivencia.
En primer lugar, está en juego la calidad de los recursos humanos con que el país cuenta. Los recursos humanos son, entre todos, el factor económico más importante en todos los países. Suiza y Japón son dos ejemplos de países prácticamente desprovistos de recursos naturales valiosos, que sin embargo lograron un gran éxito económico en base a sus recursos humanos. Sólo algunos países petroleros del Medio Oriente pueden citarse como excepciones de esta primacía de los recursos humanos en el orden de importancia de los factores de la producción.
En segundo lugar, la superación de nuestra crisis docente constituiría un factor de igualación social más potente que ningún otro que quepa imaginar. Los estudiantes uruguayos cuando llegan al nivel terciario exhiben una tremenda dispersión en sus capacidades intelectuales. Y para explicarlo no cabe sino reconocer que, ante el fracaso de la educación formal, los hogares desempeñan el papel principal en la formación de nuestros niños y jóvenes. Si el país conserva aún una reserva significativa de personas con considerable desarrollo cultural, ello se debe a que, todavía, en la vasta clase media que se formó en el siglo XIX sobrevive una proporción no insignificante de familias en las cuales se leen libros y periódicos, se discute de política, de literatura y de cine, se aprecia la música seria y se disfruta la plástica. Esos hogares envían a la universidad o al mercado de trabajo jóvenes que han sido capaces de potenciar la formación deficiente que recibieron en las escuelas y liceos y han alcanzado un nivel cultural cuando menos satisfactorio.
La situación es total y dramáticamente distinta respecto de las familias cuyo nivel cultural es intrínsecamente bajo, que por desgracia representan una proporción creciente del total. Para los jóvenes de esa clase de origen familiar la única esperanza de superar la mediocridad cultural y lograr prosperar en la vida depende de una transformación radical de la enseñanza formal, que viniese a transformarse en un gran factor de nivelación social. No puede haber un régimen más elitista que el que resulta del actual fracaso de la educación formal.
La problemática que en este orden de cosas nuestro país tiene por delante es muy parecida a la que desafía a muchos otros; Estados Unidos inclusive, ya que hablábamos de él. Pero si en eso nos parecemos, nos diferenciamos nítidamente al mismo tiempo de casi todos los demás por el silencio y la pasividad totales con que nosotros los encaramos, por oposición a la apertura a la polémica que en muchos lugares encontramos, y la decidida propensión al cambio que en algunos de ellos se puede observar.
Bush tiene en Estados Unidos una posición decididamente reformista, en el sentido de otorgar autonomía a cada localidad en materia de enseñanza pública y dar más libertad de elección a los padres. Gore, en cambio, quiere simplemente aumentar el gasto en educación, sin modificar el sistema. Los dos sindicatos de los maestros y profesores de la enseñanza preuniversitaria, con más de 3 millones de afiliados en conjunto, están gastando enormes sumas apoyando la posición del actual vicepresidente, y combatiendo las iniciativas para establecer bonos de enseñanza como la que se está desarrollando en Wisconsin. El partido demócrata en general apoya la línea de su candidato, pero hay destacados miembros de ese partido, como Jerry Brown, alcalde de Oakland, que están decididamente a favor de brindar opciones libres a los padres, y Floyd Flake, un pastor protestante negro de Nueva York, que apoya entusiastamente los bonos escolares.
En Milwaukee, Wisconsin, se ha lanzado una reforma importante basada en bonos escolares, entregados a los padres para que paguen con ellos las escuelas y liceos de sus hijos, y puedan consiguientemente elegir el instituto al cual ellos asistirán. Desde que la Alta Corte del estado falló en el sentido de la separación constitucional de las iglesias y el estado no obsta a la aplicación de los bonos a las escuelas religiosas, la expansión de la reforma ha sido explosiva. Los partidarios más entusiastas de la innovación se encuentran entre los negros. Tal vez porque, con el cambio, la brecha en los rendimientos escolares de chicos blancos y negros ha comenzado a cerrarse.
En diversos lugares, innovaciones semejantes han alcanzado enorme éxito para mejorar los resultados alcanzados por las minorías negras e hispánicas, como es el caso de Texas y las reformas del gobernador Bush. Es en base a ello que éste, en su campaña presidencial, está invocando esos resultados como prueba de su capacidad reformista a favor de los menos favorecidos.
Y, sea como fuere, se discute. La reforma ya se ha hecho en Nueva Zelanda, en Chile, en algunos estados de Brasil. En otros lugares las reformas son incipientes y la polémica continúa, pero en pocos países, como en el nuestro, el tema dormita bajo un manto de silencio. No es posible que nuestros hombres públicos, en el gobierno y en la oposición, ignoren que ése es probablemente el tema que suscita más intensos debates políticos en el mundo entero. Por lo tanto, es preciso suponer que hay una conspiración tácita entre todos, presuntamente para no indisponerse con las organizaciones de docentes, únicos beneficiarios del régimen actual, a fin de mantener oculta la cuestión a los ojos de la opinión pública.
La administración Sanguinetti, con su tentativa de hacer pasar un mero cambio de programas por una verdadera reforma educativa, debe ser la principal responsable por el silencio y la inacción en el ámbito que concita el auténtico interés nacional más que ningún otro. Pero, al mismo tiempo, la administración Batlle, en los 60 días largos que lleva de actividad, no luce muy inquieta por poner las cosas en su verdadero lugar.